Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El indígena Adenilson da Silva Nascimento, mejor conocido como Pinduca Tupinamba, de 54 años de edad, de la región conocida como Serra das Tempes, Olivença, en el estado de Bahía, nordeste de Brasil, creció y vivió toda su vida en su aldea. 

 

El día 1º de mayo de este año, cuando regresaba de la pesca con su esposa y dos de sus seis hijos —un bebé de año de edad y una joven de 15 años— fueron emboscados por tres sujetos armados y encapuchados quienes mataron al instante a Pinduca. Su esposa Zenaildes protegió con su cuerpo al bebé y quedó gravemente herida de bala en una pierna y en la espalda. La joven huyó por el bosque. Mantuvo comunicación por medio de su celular con los miembros de la aldea, quienes llamaron a las autoridades competentes.

 

La jefa indígena María Valdelice, mejor conocida como Jamapoti Tupinamba, afirma que no es la primera vez que sucede algo así. Dice que todo está relacionado con sus tierras y la gente interesada en ellas. “Son más de 29 indígenas muertos sólo en las tres regiones del pueblo Tupinamba, en el estado de Bahía, entre los años del 2013 y 2015. Es responsabilidad del gobierno porque no ha demarcado nuestras tierras y hay gente que reclama estas tierras como suyas”, dijo Jamapoti al Programa de las Américas.

 

Dos días después, en otra aldea llamada Pambú del pueblo Tumabalalá en el municipio de Arabé, el indígena Gilmar Alves da Silva, de 40 años de edad, fue impactado por un automóvil mientras viajaba de regreso a su aldea en su motocicleta. Después, ya en el suelo, recibió una serie de impactos de arma de fuego. Parte de la historia fue contada por Gilmar, que aún tuvo la fuerza para llegar con su motocicleta a la aldea, donde  murió al poco tiempo.

 

Con este asesinato ya suman 3 en un lapso de 15 días entre abril y mayo, con el mismo modus operandi. El indígena Eusébio Ka’apor, de la tierra indígena Alto Turiaçu, en el estado de Maranhão, fue asesinado el 26 de abril con un disparo en la espalda.

 

El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) no tardó en pronunciarse por los hechos afirmando que, “evaluamos que los cobardes ataques que mataron a Eusebius Ka’apor, el 26 de abril, en el estado de Maranhão; Adenilson da Silva Nascimento, del pueblo Tupinambá, el 1 de mayo; y Gilmar Alves da Silva, del pueblo Tumbalalá el 3 de mayo, en el estado de Bahía, no son hechos aislados. Se trata de asesinatos secuenciales y selectivos hacia dirigentes y miembros de los pueblos indígenas en Brasil”.

 

CIMI también asegura que estos asesinatos tienen que ver con los discursos racistas pronunciados por los miembros del Congreso Nacional, específicamente por la fracción parlamentaría conocida como “ruralistas”, así como por la paralización de la demarcación de tierras indígenas y por el favoritismo hacia las empresas transnacionales.

 

En Brasil —país con mayor dimensión territorial de Latinoamérica— la Reforma Agraria se reduce simplemente a una ley, la número 4.504, creada durante la dictadura militar (1964-1985). Entre otros puntos dice: “la reforma agraria se considera el conjunto de medidas destinadas a promover la mejor distribución de la tierra, a través de modificaciones en el régimen de su posesión y uso, a fin de cumplir con los principios de justicia social y aumentar la productividad”.

 

De acuerdo con el registro del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) los asesinatos de indígenas en Brasil han ocurrido durante varios gobiernos. En el de Fernando Enrique Cardoso (de 1995 a 1998 y de 1999 a 2002) se registraron 167 asesinatos de indígenas. Mientras que en el de Luiz Inacio Lula da Silva (de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010) el número de asesinatos subió a 452. En el año 2011, en el primer año de gobierno de Dilma Rousseff, se contabilizaron 51 asesinatos y en el año 2012 otros 57 más.

 

¿Distribución para quién?

 

En la realidad, la distribución de las tierras en este país parece ser sólo para los sectores de la agroindustria y el sector inmobiliario. De acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA),  en 2007 y 2008 el capital extranjero —en su mayoría de los Estado Unidos y de Europa— concentraba alrededor de 12 kilómetros cuadrados de tierra por día. En el año 2010 ya acumulaba más de 4.5 millones de hectáreas, concentrado en los estados de São Paulo, Bahía, Minas Gerais y Mato Grosso. A esto se suman las extensiones de territorio cedido por el gobierno federal para los emprendimientos de minería, petróleo, energías limpias, entre otros, todo en nombre del crecimiento económico.

 

“En el país más del 60% de las tierras son devolutas (es decir, de propiedad pública, pero que no forma parte del patrimonio público y muchas veces está en posesión irregular de particulares) y, mesmo así, el gobierno dice que no hay tierras para una Reforma Agraria. Pero sí hay lugar para la caña, el eucalipto, la soya”, dijo la indígena Nadia Akauã de la aldea Tucú. “Los agrotóxicos están expulsando a las comunidades indígenas porque se están intoxicando. Ni un proyecto del gobierno considera a los pueblos indígenas.”

 

“No creemos más en el gobierno porque lo que ya tiene listo para aprobar en el Congreso Nacional —proyecto de enmienda constitucional Pec-215— niega nuestros derechos, nuestra ancestralidad y nuestra espiritualidad. El gobierno ya está dominado por las empresas multinacionales de la soja, del eucalipto y del maíz. En el congreso la bancada ruralista no tiene interés de atender las demandas de la sociedad brasileña, por el contrario, ellos quieren más crecimiento y a nosotros nos mandan a matar o mandan a la policía y a los militares”, dijo para el Programa de las Américas Ytajibá Souza, uno de los jefes indígenas de la aldea Tucum.

 

El discurso de la distribución de las tierras destinadas para la agroindustria, ya ha sido contrastado por el economista-ecológico Joan Martínez Alier, en su articulo llamado Sudamérica: el triunfo del post extractivismo en el 2015, en el que hace referencia a los países neoliberales y progresistas que se empecinan en fomentar las exportaciones primarias e incluso asegurando que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo. Por tanto Martínez señala que una tonelada de materias primas importada ha sido siempre más cara que una tonelada exportada, incluso en pleno boom de los precios de las materias primas, “… Perú, Brasil y Colombia exportan, en toneladas, mucho más de que lo importan, y no consiguen ni pagar sus importaciones”, dice Martínez Alier.

 

En el año 2012 la organización GRAIN presentó una investigación sobre los personajes que figuran como puentes para las empresas multinacionales en los principales países donde se están acaparando tierras cultivables. Sólo por poner un ejemplo, en Brasil el ciudadano José Minaya, director general del fondo Teachers Insurance & Annuity Association – College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF) de los Estado Unidos, ha servido como intermediario para canalizar los fondos y ahorros para la jubilación de los profesores de los Estados Unidos para expandir las plantaciones de caña de azúcar entre otros proyectos en este país. La caña como otros tipos de plantaciones, se caracterizan por hacer uso del trabajo esclavo, destrucción de ecosistemas y el robo de tierras indígenas. De acuerdo con este documento, el 3% de la población de Brasil ya concentra en sus manos casi dos tercios de la tierra arable.

 

Por ende, el asesinato del Adenilson no es una situación aislada, asegura el indígena y profesor de la Universidad Estadual de Santa Cruz (UESC), Carlos José F. Santos.

 

“Es bueno señalar que Pinduca era un jefe indígena respetado por su claridad de nuestros derechos. De nuestra forma indígena de pensar, contraria a los intereses de los ruralistas —dueños de las grandes extensiones de tierras—, los capitalistas y del desarrollo depredador. Eso incomoda a mucha gente”, dijo Santos para el Programa de las Américas.

 

“Aquí ha venido gente de las ONGs y del gobierno para hablar de REDD y de las áreas protegidas, pero nosotros tomamos cuidado, porque siempre hay algo detrás. Nosotros sin programas como estos cuidamos nuestra madre tierra, además porque sabemos cuidarla y hacemos nuestro propio monitoramiento y el gobierno no tiene porque meterse”, señala Ytajibá.

 

Otra forma de concentración de la tierra en Brasil ha sido por medio del colonialismo ecológico, donde las tierras son concedidas por convenios nacionales y transnacionales a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para su administración, organizaciones como Desarrollo Internacional canadiense (CI DA); Fundación Ford; Club 1001; Both Ends; Survival International; Conservation International (CI); Fundación Interamericana (IAF); Fundación MacArthur; Fundación Rockefeller; Fundación W. Alton Jones; Fundación Mundial para la Naturaleza (Word Wide Fund for Nature—WWF); Instituto Summer de Lingüística (SIL); National Wildlife Federation — NWF The Nature Conservación —TNC; Grupo de Trabajo Europeo para la Amazonia; Unión Internacional para a Conservación da Naturaleza (UNIC), entre otras más, que han interferido en el planeamiento regional y federal para la conservación de las denominadas Áreas Naturales Protegidas (ANP), de donde se especula con los llamados bonos de carbono —permisos para que los países o las industrias de los países ricos puedan seguir contaminando, mientras que en países como Brasil se conservan los ecosistemas— que afectan directamente a las comunidades indígenas.

 

Los Tupinamba no esperarán más del estado

 

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en un estudio antropológico que realizó sobre tierras ancestrales de los Tupinamaba, reconoció la presencia de por lo menos 4,700 Tupinambás, concentrados en por lo menos 23 comunidades, entre las montañas y la costa del estado de Bahía. La FUNAI reconoció en su estudio que más de 47 mil hectáreas son tierras Tupinamba.

 

No obstante, es un territorio que no ha sido reconocido por el gobierno. Desde el año 2004 las diversas aldeas Tupinamba retomaron por lo menos 80% del territorio reconocido por la FUNAI. Los Tupinamba son uno de los pocos pueblos indígenas de Brasil que se han atrevido a auto demarcar sus límites y a ocupar al mismo tiempo las tierras. Los indígenas expulsaron a ganaderos, hacendados y gente que tenían en su poder grandes extensiones de tierra, algunas de ellas para la construcción de complejos turísticos, como hoteles y restaurantes de lujo.

 

Itajubá, uno de los jefes indígenas más jóvenes de la aldea Tukum, profesor de la lengua Tupinamba, afirma: “Ya esperamos demasiado y no pensamos esperar más, este territorio es de nuestros ancestros y si el ministro no demarca nuestra tierras, nosotros mismos lo haremos, no tenemos miedo”, dijo Itajubá.

 

Incendio criminal

 

Mientras tanto, el día 7 de mayo en aldea Patibur, en Belmonte, cuando todos estaban cosechando su cacao, les incendiaron dos casas y parte de sus plantíos. De acuerdo con el reporte de CIMI estos acciones contra la aldea de Patiburi se han intensificado desde finales de 2013, cuando se publicó la delimitación Territorial y la identificación de los estudios (RCID) realizado por la FUNAI y publicado en el Diario Oficial del Estado.

 

“El gobierno ha tenido la oportunidad de dialogar directamente con nosotros, y creo que esa oportunidad ya se acabó. Porque ya percibimos que no tenemos un espacio de diálogo y porque se toman decisiones sin consulta. Y nuestros jóvenes se tienen que preparar para un nuevo momento de la lucha. Porque tenemos el tiempo de nuestros rituales, de la siembra y la cosecha, pero también de la guerra. Si no morimos no podremos nacer de nuevo y si ellos no quieren demarcar, ocuparemos y lucharemos hasta ofrendar nuestras vidas a nuestros encantados —ancestros— si es necesario”, sostuvo la Nadia Akauã.

 

 

 

Por Santiago Navarro

http://www.cipamericas.org/es/archives/15109