Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El día 9 de abril, en ambientes del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se llevó adelante el encuentro “A 15 años de la Guerra del Agua” con el objetivo de rememorar una de las luchas más emblemáticas contra el neoliberalismo y la privatización en Bolivia y el mundo, así como  para discutir la coyuntura local y nacional en relación al agua, su consumo y distribución. El evento fue un esfuerzo colectivo de la Fundación Abril, el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Democracy Center, el Centro di Volontariato Internazionale (CeVI), la Red Vida, la Cooperativa de Agua y Servicios Arocagua Ltda., Territorios en Resistencia y el Centro Aguas.

 

Se inició la jornada con una pequeña pero significativa exposición fotográfica y hemerográfica de lo que fueron aquellas jornadas de lucha, solidaridad y resistencia, junto a los audios de los principales discursos de la Coordinadora del Agua y de la Vida en la plaza principal de Cochabamba el año 2000.

 

Los titulares de periódicos mostraban lo intenso de aquellas jornadas: “Aquí no pasa ni el presidente”[1] —en referencia a las declaraciones de las mujeres de los mercados durante los bloqueos—, “Gobierno sitia Cochabamba”[2], “Gobierno inició cacería de líderes de la coordinadora”[3], “Policías vestidos de civil detuvieron a cuatro dirigentes”[4] o “La rabia rebasó el estado de sitio”[5]. Asimismo, las imágenes de las luchas callejeras, las historias y la descripción de los hechos de abril del 2000 mostraron, sobre todo a los jóvenes asistentes que no vivieron activamente la Guerra del Agua, cómo se vivían los procesos políticos en aquella época y cuál era el actuar de los gobiernos de turno. Pero también se mostró, a través de esos rostros llenos de ceniza y vinagre, la gran solidaridad y capacidad de auto organización que tuvieron los movimientos populares para resistir el estado de sitio, la militarización de la ciudad e incluso las balas, hasta alcanzar la victoria.

 

En ese mismo contexto, las declaraciones de Oscar Olivera para inaugurar el encuentro fueron un viaje en el tiempo: Pequeños pasajes y anécdotas que se desconectaban y unían de nuevo, historia oral acompañada de risas y penas, de encarcelamientos, de reuniones secretas y vida en la clandestinidad mientras una ciudad permanecía bloqueada y un pueblo firme resistía.  De esta manera, con una muy emotiva mirada hacia el pasado, empezó la presentación de las diversas temáticas en torno al agua en Cochabamba.

A continuación se presenta un breve resumen de cada panel:

 

Misicuni: poder y corrupción

Empresa de Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado SEMAPA

Elaboración de la Agenda del Agua, Cochabamba 2015–2025

Gestión comunitaria del agua

¿Extractivismo Hídrico? Impactos del Extractivismo sobre el Agua en Bolivia

Conclusiones

 

 

Misicuni: poder y corrupción

 

El primer panel fue presentado por el investigador del CESU Julián Pérez en referencia al proyecto de abastecimiento de agua Misicuni, que fue y es, desde hace más de cincuenta años, la promesa frustrada más grande del pueblo cochabambino. Los gobiernos locales y nacionales vienen y se van con el eterno discurso de su concreción sin haberlo conseguido hasta el día de hoy; hechos de corrupción, malos manejos, retrasos en las obras y violación de derechos laborales, entre otras ilegalidades, es la realidad del proyecto Misicuni. La actual investigación sobre el proceso de construcción de la obra abarca los años 2006 a 2013.

 

Hasta el 2009, la Empresa Misicuni (Estatal) no tiene la capacidad técnica ni económica para llevar adelante el proyecto. Es por eso que ese mismo año se decide realizar un nuevo contrato por 78.877.167 millones de dólares con las empresas Grandi Labori Fincosit SPA de Italia (accionaria mayoritaria con un 51%),  Construcciones Comercio- Industria (CCI Ltda.) de Bolivia, VIALPA S.A. de Venezuela, Obras Especiales Obresca de Venezuela y Change Consulting Group  de Colombia, para la construcción de una presa (de 120 mts. de altura) y la ejecución de obras complementarias y obras anexas, nombrándose como representante legal de todo el consorcio a Raúl Magnoni de Grandi Labori.

 

Sin embargo, Pérez afirma que esta sociedad solo duró hasta la adjudicación de la obra y la recepción del primer adelanto de 16 millones de dólares, pues la representación legal del consorcio pasó sorpresivamente a manos de Martín Rovira Rada (de la boliviana CCI Ltda.) quién hizo el cobro del anticipo. Asimismo, se reveló que Grandi Labori solo “prestó” su nombre para para posibilitar el acceso a un crédito condicional italiano —que exigía la participación de una empresa del mismo país— para la construcción de la obra. El costo de este “préstamo de nombre” sería de 4 millones de dólares. En pocas palabras, Grandi Labori Fincosit SPA, la empresa más grande y con más recursos, no participaría en el consorcio.

 

El susodicho anticipo, en su mayor parte,  fue utilizado  para la adquisición de equipos —maquinaria pesada—, sin embargo, la ley establece que todo anticipo debe ser destinado para la compra de materiales y movilización de faenas para la construcción. Además, los equipos que fueron importados tenían el estatus de “tránsito”, es decir, tenían un tiempo de permanencia legal en el territorio y posteriormente debían ser devueltos a su país de origen. Cabe añadir que estas acciones fueron llevadas adelante por el señor Rovira Rada que es representante de la CCI Ltda, una empresa que fue fundada con un capital de 10 mil bolivianos fue responsable de un proyecto de casi 80 millones de dólares. En conclusión, según el investigador, hay suficientes datos para afirmar que existió un mal manejo de los recursos, escasa ejecución presupuestaria y negligencia en el control de la obra y la empresa constructora.

 

Hasta 2013, año de entrega de obra, solo se tenía un avance del 35% y el nuevo directorio de la empresa Misicuni (a la cabeza de Jorge Alvarado) comenzó a presionar al consorcio para acelerar las labores. Así, en tan solo 6 meses se alcanzó un 65% de avance. Con todo y  pese al aparente cambio de actitud del consorcio, se resuelve la cesión del contrato, según el investigador, por insolvencia económica pues las cuentas de este fueron congeladas en dos ocasiones, una por falta de pagos a la Caja Nacional de Salud y  por falta de pago de impuestos.

 

Hasta la actualidad, se ha realizado un reajuste presupuestario de la obra y el precio se ha incrementado en 32. 800 millones de dólares ya que los precios de construcción cambiaron con el pasar de los años. Aún queda  pendiente el pago a las AFP´s de los trabajadores, que asciende a más de 15 millones de bolivianos, y se han presentado problemas en la construcción (hundimientos y derrumbes). Según la contraloría existe un daño económico de 23 millones de dólares.

 

Con todo, nuevamente tres empresas se han adjudicado el proyecto, la más grande es la china CAMC cuyo prontuario de violaciones ambientales es amplio por todo el mundo, además, nunca ha construido una presa.

 

Misicuni asiykuni (Misicuni me hace reír) dicen los pobladores cochabambinos que alguna vez vieron en este proyecto la esperanza para solucionar el grave problema de acceso al agua que tiene el departamento desde hace décadas.

 

Empresa de Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado SEMAPA

 

En general, Semapa nunca a alcanzó la meta establecida en la guerra del agua, es decir, gestionar el agua de manera eficiente y transparente en Cochabamba. Aquella empresa, que renació moribunda después de la salida de “Aguas del Tunari” en la Guerra del Agua, es otra de las frustraciones y deudas pendientes con el pueblo cochabambino. Por esta razón el ingeniero Ramiro Ríos, actual director del Servicio Departamental de Cuencas y miembro del directorio de Semapa, explicó en este panel las condiciones actuales de la empresa y sus desafíos futuros.

 

Cuando Semapa fue recuperada el año 2000, “no tenía un solo centavo, Bechtel se llevó todo, incluso las computadoras”, relata Ríos. Posteriormente, y para dar soluciones desde la abajo a la grave situación de la empresa, se estableció el nombramiento de directores ciudadanos para que realicen el control social de la empresa, sin embargo, nunca han rendido cuentas a nadie y en muchos casos ellos mismos se han beneficiado de Semapa.

 

Por esta razón se ha realizado un trabajo para depurar la empresa y generar mecanismos para impedir el uso incorrecto de sus recursos, pues como se sabe, los escándalos de corrupción al interior de Semapa no fueron pocos[6].

 

Según Ríos, lastimosamente no todo el personal de la empresa tiene actitud propositiva y de compromiso con la población. La gran ineficiencia y casi nula capacidad de reacción ante las necesidades de la ciudadanía es una prueba de ello: “una simple fuga de agua es atendida incluso 1 semana después de haber sido solicitado el servicio técnico”; incluso pese a haber renovado casi en su totalidad los equipos de Semapa los problemas persisten. Por ende, la solución en este aspecto pasa por una profunda reestructuración de la empresa, “desligarla de intereses políticos y darle un carácter más social”.

 

Sin embargo, algunas cosas sí han mejorado, Ríos explicó que la empresa a la fecha ha mejorado sustantivamente su situación. Por ejemplo Semapa posee un capital en caja y bando que asciende a 75 millones de bolivianos y será  invertido en obras. De esta manera ya está en ejecución la esperadísima expansión de la red de agua hacia la zona sud; según el panelista,  el retraso de esta urgente labor nunca fue la falta de recursos económicos, sino la falta de agua. Por otro lado, Semapa viene trabajando en el tratamiento de las aguas servidas.

 

Un tema importente en la agenda de Semapa es la nueva estructura tarifaria. Actualmente, los puntos de referencia para establecer la tarifa se basan en la fachada de la casa, es decir, las categorías se definen bajo el criterio de si la casa “es bonita o no”. La nueva restructuración, que será también discutida con la población, estará basada en el consumo: quién mas consuma pagará más por el servicio.

 

El panelista también se refirió a los conflictos entre empresas y sistemas de agua. La territorialización del agua, zonas (vecinos, comunarios, etc.) que no permiten o condicionan el paso de tuberías, genera retrasos y dificultades para ampliar el espectro del servicio.

 

Finalmente, se resaltó la importancia de la “Agenda Departamental del Agua”, donde se deberá tratar el tema Semapa y los conflictos regionales por el agua para generar consensos. 

 

Elaboración de la Agenda del Agua, Cochabamba 2015–2025

 

Está claro que el agua es un tema muy sensible y urgente en el departamento cuya discusión no puede encerrarse entre las paredes de la institucionalidad estatal dado que gran parte de la gestión del agua está en manos de comunidades y vecindarios. En ese sentido la Gobernación ha presentado al encuentro un documento preliminar para elaboración de la “Agenda del Agua Cochabamba”.

 

Luis Salazar, secretario de la Dirección de Planificación y Gestión integral del Agua,  explicó que  el tema del agua es un tema muy complejo a nivel social, económico y técnico, es por eso que se ha creado una agenda de acción a partir de la experiencia de muchos profesionales y las reivindicaciones de la Guerra del Agua. “Durante la guerra del agua, fueron muy fuertes los clamores de la gente por participar de manera activa en la gestión del agua, ahora esta participación debe extenderse más allá, es decir, a la planificación y el ordenamiento al acceso al agua”, afirma Salazar.  

 

El panel inició con una contextualización  sobre la problemática del agua en Cochabamba,  se revisaron temas como la escasez del líquido elemento, su contaminación, la degradación de las cuencas y la sobreexplotación de fuentes de agua subterránea. Por otro lado, Salazar manifestó su preocupación en relación al acaparamiento y territorialización del agua, además de la falta de concesos para la elaboración de proyectos. Por ejemplo, solo el 54% de la población cochabambina tiene acceso al agua por cañería.

 

El panelista afirmó que la agenda es una visión estratégica común donde todos los actores tienen un rol.  Por tanto es necesario articular modelos organizacionales distintos, que incluyan al Estado pero que den prioridad a las organizaciones autónomas, por eso este plan pretendería establecer nuevos acuerdos sociales y políticos a corto, mediano y largo plazo.  En ese marco los principios de esta agenda serían: equidad, responsabilidad colectiva y autonomía.

 

En resumen, Salazar propuso un cambio de paradigma en la gestión pública, barrial y comunitaria del agua, pasando de vivir del agua a convivir con el agua, es decir, dejar de ver el agua como un recurso para considerarlo un bien común. Alcanzar este cambio paradigmático implicaría superar  4 desafíos hasta el 2015:

 

 

En caso de haber superado satisfactoriamente estos puntos se plantea una siguiente etapa hasta el 2025:

Nueva cultura de relacionamiento con el agua.

 

Según Salazar, el proceso para la elaboración del agua giraría en 5 ejes de discusión: la gestión integral del agua, la nueva cultura de relacionamiento con el agua, el acceso a la misma, su economía y el establecimiento de mecanismos de control. De esta manera se estaría abriendo desde la institucionalidad pública la posibilidad de elaborar propuestas e iniciativas desde abajo y espacios de trabajo y reflexión para, entre todos y todas, discutir nuestro futuro en relación al agua. Es importante añadir en este punto que sólo con la participación plural antes, durante y después de esta agenda  —sin manipulaciones ni presiones o intereses sectoriales— es que se encontrarán caminos hacia un cambio de visión sobre el agua en Cochabamba.

 

Gestión comunitaria del agua

 

Durante esta exposición, los panelistas hicieron un resumido pero sustancioso retrato de la situación actual de los sistemas de agua, su importancia para garantizar el derecho humano al agua y los problemas que enfrentan día a día. La misma estuvo a cargo de Stefano Archidiácono del Centro de Voluntariado Internacional (CeVI, por la sigla en italiano) y Orlando Lizarra, presidente del Cooperativa de Agua y Servicios Arocagua Ldta.

 

A manera de introducción, se mostró a través de imágenes satelitales que en el eje metropolitano existen tres grandes empresas públicas: SEMAPA en Cochabamba, EMAPAS en Sacaba y EMAPAC para Quillacollo. En cambio, existen entre 600 y 700 sistemas comunitarios de agua (comités de agua barriales) y entre 50 y 60 cooperativas de agua, aproximadamente, repartidas por todo el eje. Archidiácono afirma que son los dos últimos modelos de gestión los que abastecen alrededor del 50% de la población, en ese sentido, los sistemas autónomos de agua no serían un fenómeno marginal, sino un elemento cuantitativamente importante.

 

Durante la Guerra del Agua, los comités y cooperativas de agua jugaron un papel muy importante en la defensa de la soberanía popular y pública sobre el agua, en contra de la privatización. Sin embargo, los sistemas comunitarios han recibido y reciben muy poca colaboración por parte de las autoridades públicas: al parecer no existe interés estatal en cooperar más allá de los muros institucionales. Luizarra afirma que los problemas más importantes que enfrentan los sistemas comunitarios son: Acceso a fuentes de agua, potabilización y tratamiento de aguas residuales (saneamiento).

 

En el ámbito político, los sistemas comunitarios de agua se posicionan en medio de lo público y lo privado. “La gestión comunitaria del agua nos demuestra que es posible generar formas de regulación de la vida social no centradas ni en la lógica privada, ni en la lógica estatal, sino en la capacidad de autogestionar en común la satisfacción de nuestras necesidades”, afirma Archidiácono. Finalmente, se resaltó el carácter democrático de estas organizaciones, cuyos pilares son la cultura asamblearia, un efectivo control social de los gastos y su carácter no lucrativo.

 

Posteriormente, Luizarra dio testimonio de los esfuerzos que realizan los sistemas autogestionados para sostenerse en el tiempo y las limitaciones que sufren día a día.

 

En primer lugar, se explicó que los sistemas comunitarios surgieron de la necesidad de los barrios emergentes donde las empresas estatales no llegan. La construcción de cooperativas o comités de agua fueron realizadas con mucho esfuerzo y recursos propios, es por eso que en la Guerra del Agua la gente de los barrios salió a las calles a defender lo que con tanto sacrificio había construido.

 

Después, el expositor profundizó en los conflictos que se generan a causa de la situación intersticial de estas organizaciones que, como se dijo antes, están entre lo privado y lo público. Si bien ya no existe el fantasma de la privatización —ya que constitucionalmente esta prohibida— aun queda el fantasma de la municipalización (léase estatización), es decir, el acaparamiento público de los servicios de agua comunitarios.  Por otro lado, la institucionalidad pública considera a las cooperativas empresas privadas con fines de lucro y por ende obligadas al pago de impuestos elevados y sin acceso a ningún tipo de apoyo o fomento, incluso no son sujetos de créditos financieros.

 

A manera de ejemplo, Luizarra reveló que el municipio de Sacaba se negó sistemáticamente a la construcción de su planta de tratamiento de aguas, obligando la cooperativa a ingresar sus aguas servidas a la aún no concluida planta de tratamiento municipal; esta situación implicaría un mayor costo en la tarifa del usuario.

 

Por otro lado, se demostró cómo las organizaciones comunitarias de agua son entes de fortalecimiento deliberativo de los vecindarios cochabambinos con la experiencia de la Cooperativa Arocagua en la defensa del Parque Metropolitano. Esta zona boscosa y área de recarga hídrica de 77 hts., ubicada entre Sacaba y Cochabamba, es desde hace años avasallada por traficantes de tierras que, en contubernio con autoridades públicas, buscan parcelarla y venderla. Si no defendemos las áreas de recarga hídrica. ¿Qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos e hijas?  Se Pregunta Luizarra. 

 

¿Extractivismo Hídrico? Impactos del Extractivismo sobre el Agua en Bolivia

 

Por su parte, el investigador Oscar Campanini del CEDIB  presentó un panel en relación al agua utilizada en actividades extractivas y sus impactos en el medio ambiente, la información vertida al encuentro causó sorpresa, indignación y desazón en cuanto la gravedad de los hechos.

 

La presentación comenzó con un breve análisis acerca de la complejidad del concepto “extractivismo”, que implica la extracción en gran volumen o alta intensidad de un material determinado para su posterior exportación. Sin embargo, esta idea es más amplia que la simple acción de extraer pues también implica una manera de hacer política, economía y cultura: “El ‘extractivismo’ en la coyuntura actual es una de las expresiones del desarrollo contemporáneo”, afirma Campanini.

 

La exposición prosiguió con algunos datos respecto a las actividades extractivas en el país, vale decir la minería, los hidrocarburos y el monocultivo, que representan casi el 90% de las exportaciones. En ese contexto, el panelista planteó las siguientes preguntas: ¿El agua es un bien común en Bolivia? ¿O más bien es un bien complementario del extractivismo? ¿Cómo es el relacionamiento del agua con las actividades extractivas? Y ¿Bolivia exporta agua en forma virtual?

 

– Agua como bien complementario:

 

A pesar de que existe un discurso leguleyo y político que niega el agua para la privatización y la reivindica como un derecho humano y/o un bien común, el expositor afirma que las políticas y normas actuales establecen que el agua, antes de ser para los seres humanos y/o para la vida, es y ha sido un bien complementario de las actividades extractivas.

 

Desde el punto de vista legal, y producto de la de la Guerra del Agua y otras movilizaciones, se han aprobado algunas reglamentaciones importantes que restringen cualquier uso del agua que no sea para “la vida” (el artículo transitorio de la ley 2066 o la misma Constitución Política del Estado Plurinacional lo corroboran). No obstante, “todos los códigos mineros entregan el libre uso de aguas en el área de sus concesiones; esto ha resultado en un control minero del agua”, asevera Campanini. Para citar solo un código minero, el de 1997, se establece en su artículo 36: “Los concesionarios mineros, para la realización de sus actividades, pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que se alumbren o discurran por sus concesiones”.

 

En la actualidad, la Ley de Minería y Metalurgia 353, de 2014, declara en su artículo 111: “Los titulares de derechos mineros tendrán el derecho de aprovechamiento de aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, previa autorización de la autoridad competente de agua”. Sin embargo, el panelista afirma que hasta ahora no se ha emitido una sola autorización pero sí se han entregado derechos mineros. En ese sentido, se expusieron algunos datos por demás alarmantes: mediante una superposición en el mapa boliviano, de los derechos/solicitudes mineras (en total 8249) y las fuentes de agua del territorio nacional, se concluyó que existe presencia de minería en 11% del total de los ríos de Bolivia y en 53% del total de la superficie de los lagos y lagunas.

 

Un punto crítico al respecto es el hecho de que la minería estaría intensificándose en el Amazonas, con las consecuencias ambientales y sociales que implica esta actividad.

 

Hidrocarburos:

 

La actual Ley de Hidrocarburos no especifica ninguna norma para el uso del agua, dejando estos y otros temas a las leyes ambientales y la CPEP. Con respecto a estas, si bien se dan algunas recomendaciones y restricciones en relación a actividades hidrocarburíferas cerca  de fuentes de agua, sólo se exigen autorizaciones cuando se trata de pruebas hidrostáticas (D.S. 24335, Art. 71) y aguas para actividades de apoyo (D.S. 24335, Art. 116). Con todo, el panelista afirmó que en los hechos esta actividad extractiva sí afecta indirectamente a las fuentes de agua. Los datos presentados son elocuentes:

 

 

Agua para el agronegocio:

 

Desde el punto de vista legal, la Ley de Riego 2878, establece que el Servicio Nacional de Riego (SENARI) es la autoridad que debe extender derechos de uso y aprovechamiento de agua para riego. Según Campanini, no se ha entregado una sola autorización en 8 años de funcionamiento del SENARI, pero es obvio que los agronegociantes han utilizado grandes cantidades de agua.

 

Volumen e intensidad ambiental del uso del agua:

 

Actualmente no se tienen datos oficiales sobre la cantidad de agua usada en actividades extractivas, la falta de información sobre estos temas, afirma el panelista, es un gran problema para la realización de estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se expusieron algunos ejemplos muy ilustrativos sobre lo que está sucediendo en relación a este tema.

 

– Minería

 

Esta actividad sumamente agresiva con el medio ambiente, particularmente con el agua, vierte diariamente, para tomar un solo ejemplo, 39 kg. de cadmio, 3.969 kg. de zinc, 821 kg. de arsénico y 73 kg. de plomo al lago Poopo en Oruro; una situación similar se observan en el río Pilcomayo en Potosí. En cuanto a las cantidades de agua utilizadas, se muestra otro ejemplo aproximativo: Los 5 grandes proyectos en la Chiquitanía y el Pantanal (Mina Don Mario, Naranjos, Mutún, Rincón del Tigre Votoramtim y Globosibyk) usan más de 157 millones de l/día.

 

– Hidrocarburos:

 

Campanini afirma que la relación del agua con los hidrocarburos se da en la creación de lodos de perforación, cuando las perforaciones atraviesan cursos de ríos subterráneos y en la extracción de aguas de formación (líquido de alta salinidad cuyo mal manejo puede tener graves consecuencias ambientales). En cuanto a la cantidad de agua utilizada, se afirmó que no existe un solo dato público que pueda brindar alguna luz respecto a este tema. No obstante, se presentaron algunos datos aproximativos, por ejemplo, el pozo exploratorio de Timboy en Yacuiba, utilizaría unos 900.000 litros de agua.

 

Agro-negocio:

 

En forma de huella hídrica, es decir, el agua que se invirtió en la producción de un determinado producto, la producción agrícola para la exportación de soya, café, algodón y azúcar consume 5.307.120.000 litros de agua al año.

 

El panelista terminó su exposición con alarmantes conclusiones: el agua es un bien complementario de actividades extractivas, es utilizada en gran volumen e intensidad con inevitables impactos ambientales, todo esto para la elaboración de productos en los mercados globales. “El agua en Bolivia a pesar de las luchas sociales, a pesar de avances normativos nacionales e internacionales, a pesar de las inversiones públicas; sigue siendo explotada por los grandes capitales para un mercado mundial, con ganancias que quedan en pocas manos y que dejan sin agua los territorios locales y con grandes problemas ambientales que deterioran en el largo plazo las fuentes de agua”, afirma.

 

Conclusiones

 

 A través de los paneles e intervenciones del encuentro se puede identificar tres grandes campos de debate que deben formar parte de las futuras discusiones en relación al agua y la población, las políticas públicas y el medio ambiente.

 

En primer lugar, la lucha por el agua como un bien común de gestión comunitaria durante la Guerra del Agua es un ejemplo histórico de organización horizontal y gestión del territorio. En ese sentido, el desafío actual consiste en recuperar esa capacidad organizativa alrededor del agua. Para ello, es necesario fortalecer las organizaciones comunitarias técnica y socialmente,  pero también buscar consensos entre los actores ligados al agua para superar problemas intercomunitarios o publico-comunitarios como la territorialización y acaparamiento.  Por otro lado, los usuarios deben ejercer un verdadero control social sobre las empresas públicas de agua. Está claro que sin la participación activa de la población que recibe agua de Semapa esta empresa seguirá estancada en la mediocridad y la corrupción.

En segundo lugar, las instituciones públicas, a través de sus representantes, deben enfocar sus esfuerzos en generar articulaciones horizontales —que respeten la autonomía— con los sistemas autogestionados de agua para su fortalecimiento, así como para coordinar conjuntamente la gestión del agua en la región.

En ese sentido, la realización de la agenda del agua de Cochabamba se presenta como una excelente oportunidad para que todos y todas podamos buscar soluciones colectivas, plurales e integrales a los problemas del agua por los que atraviesa el eje metropolitano.

En tercer lugar, es preciso que las fuerzas vivas se la sociedad se posicionen ante el grave impacto que generan las actividades industriales y extractivas sobre los cuerpos de agua en nuestras región y el país. Está claro que la lucha por el agua como derecho humano esta implícitamente ligado a la lucha por el agua para la vida, pues los efectos que pueda tener la contaminación de los ríos afecta de manera directa al agua para consumo humano y la agricultura. ¡Somos Agua!

[1] Gente, 06-04-2000

[2] Los Tiempos,  07-04-2000

[3] Los Tiempos,  07-04-2000

[4] Opinión, 08-04-2000

[5] Los tiempos. 09-04-2000

[6] http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20141205/hallan-responsabilidades-en-gerentes-de-semapa_283286_623985.html

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070924/corrupcion-semapa-habria-perdido-mas-de-us-600-mil_19194_23091.html

 

http://www.fundacionabril.org/areas-de-trabajo/escuela-del-pueblo/memoria-del-encuentro-a-15-anos-de-la-guerra-del-agua/#_ftnref1