Recordando a ELSA ALVARADO Y MARIO CALDERON. MARIO había sido sacerdote jesuita y había trabajado en Tierralta (Córdoba) de donde salió cuando fue asesinado uno de sus compañeros y él mismo se sintió en alto riesgo. Trabajaba como investigador social del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-; era miembro del grupo de Asesores Culturales Locales del Instituto Distrital de Cultura y Turismo; fue docente en centros universitarios; trabajó en diversas instituciones de promoción de la Ecología y con un grupo de amigos había conformado la Asociación Reserva Natural Sumapaz.

 
ELSA CONSTANZA era comunicadora social y trabajaba también en el Cinep. Ambos pasaban temporadas en la reserva ecológica de Sumapaz, pero su presencia allí era cada vez más riesgosa. Los pobladores de la región les habían alertado ya sobre las indagaciones frecuentes por parte de miembros del Ejército acerca de la identidad de los profesionales que frecuentaban dicha finca. Al regresar de una corta estadía allí en la tarde del domingo 12 de mayo, MARIO y ELSA CONSTANZA fueron obligados a detenerse en un retén militar instalado cerca de la salida de su finca, donde fueron requisados y los militares anotaron sus identidades, numero de cédulas, placas del carro, dirección y teléfono de su apartamento.
 
Ocho días después este apartamento sería asaltado al amanecer y ellos asesinados, por hombres que dijeron pertenecer a la Fiscalía y que encañonaron al celador del edificio y a un estudiante que bajaba por las escaleras. El 19 de Mayo de 1997 un comando paramilitar irrumpió hacia las 2:00 a.m. en el apartamento de MARIO CALDERÓN VILLEGAS y ELSA CONSTANZA ALVARADO CHACON, en el barrio Chapinero Alto, de la ciudad de Bogotá, asesinándolos junto con CARLOS ALVARADO PANTOJA, padre de ELSA CONSTANZA, dejando herida de gravedad a la madre de ELSA. El pequeño hijo de MARIO y ELSA, de 3 años, salió ileso al ser escondido en un closet por su mamá antes de ser asesinada. Aunque patrullas de la Policía hicieron presencia en el sitio pocos minutos después del crimen, los paramilitares pudieron huir sin tropiezos.
 
La Fiscalía dictaría posteriormente resolución de acusación contra varios paramilitares que ocupaban una casa en Medellín donde fueron descubiertos armamentos y con cuyo teléfono se habrían comunicado los victimarios en la noche del crimen. Sin embargo, la Fiscalía se negó a investigar la actitud de los militares que recogieron las informaciones 8 días antes en el retén militar, así como la relación entre teléfonos celulares pertenecientes a la Policía que fueron hallados en el sitio del crimen.
 
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