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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de al menos 24 defensores y defensores en Colombia durante 2015. La Comisión insta a las autoridades colombianas a actuar con urgencia para identificar los motivos de estos ataques y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

 

Según han documentado organizaciones de la sociedad civil, entre enero y marzo de 2015, 19 defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido asesinados en Colombia. A esta cifra se le suman otros cuatro asesinatos de los que la CIDH tuvo conocimiento durante los meses de abril y mayo de 2015. Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de que el 27 de mayo, en el marco de un debate de control político  sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz entregó al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo una relación que indica que 335 defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido asesinatos entre el 2009 y el 2015.

 

De acuerdo a la información recibida, Fernando Salazar Calvo, defensor de la comunidad indígena Embera Chamí en el Departamento de Caldas,  Presidente de la Asociación de Mineros de la Unión y vocal de la Asociación de Mineros del Resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas (ASOMICARS) fue asesinado el 7 de abril de 2015 por una persona no identificada, quien le disparó varias veces fuera de su domicilio. Este hecho es de especial preocupación debido a que 40 integrantes del Pueblo Indígena Embera Chamí son beneficiarios de medidas cautelares desde 2002 (MC-265-02), debido a amenazas y actos de hostigamiento y violencia.

 

Adicionalmente, se tuvo conocimiento del asesinato de Luis Fernando Wolff Isaza, profesor universitario e integrante del  Frente Amplio por La Paz, la Democracia y la Justicia Social, quien fue asesinado el 27 de abril de 2015 tras ser atacado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta mientras conducía su vehículo en el sector la Iguaná en Medellín.

 

La CIDH también recibió información sobre el asesinato de la lideresa comunitaria Viviana Agudelo Zapata, edil de la Junta Administradora Local del corregimiento San Antonio de Prado, sur de Medellín. De acuerdo a información de público conocimiento, el 7 de mayo de 2015, la lideresa habría recibido 6 impactos de bala mientras se encontraba fuera de su casa ubicada entre los barrios Limonar I y II. La información indica que efectivos del ejército que se encontraban en la zona habrían capturado al presunto responsable y las autoridades locales habrían condenado los hechos. 

 

Por otra parte, se recibió información que indica que el 28 de mayo de 2014 el defensor de derechos humanos Juan David Quintana Duque fue asesinado tras recibir 25 impactos de bala mientras se trasladada en su motocicleta en el barrio Popular II en la ciudad de Medellín.  El defensor era líder y activista en la comuna 6, Doce de octubre, y miembro de la Mesa de Derechos Humanos del valle de Aburrá. 

 

Adicionalmente, la CIDH fue informada del asesinato del líder sindical Alex Fabián Espinosa Carvajalino, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo del Norte de Santander, Secretario de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores Subdirectiva Norte de Santander y Tesorero Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Rama Judicial, Asonal Judicial. Según la información pública disponible, el 31 de mayo de 2015 el defensor habría sido asesinado dentro de su vivienda en la ciudad de Cúcuta. Presuntamente el defensor habría denunciado recibir amenazas de muerte en su contra desde 2011.

 

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. 

 

La Comisión manifiesta su preocupación por estas alarmantes cifras y recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. La CIDH toma nota de las investigaciones en curso y llama al Estado de Colombia a continuar con las mismas, incluyendo las líneas de investigación que se desarrollen bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/070.asp