Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Foto: Archivo del Tejido de comunicación -ACIN

Las consejerías del Cric y la Acin, convocaron a las comunidades indígenas de las diferentes zonas del departamento, para los días 11 y 12 de octubre, a un debate público sobre la jurisdicción indígena.

Esto con el objetivo de analizar el contexto actual en el que la condena contra Feliciano Valencia, no sólo significa un ataque a todo el movimiento indígena, sino que pone en riesgo el derecho al ejercicio de la justicia propia ya que éste podría ser señalado como delito, como ha pasado con Feliciano Valencia y otros comuneros indígenas judicializados en contextos de acciones de control territorial como la liberación de la Madre Tierra y  aplicación de justicia propia.

A pesar de la baja participación de las delegaciones indígenas de diferentes zonas convocadas, especialmente la de la zona norte; participaron delegados de otras organizaciones sociales que han manifestado su solidaridad en esta situación. Se hicieron presentes delegados la Red por la Vida y los DDHH de Popayán, el CIMA, la Universidad del Tolima, El Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, la organización Mugarik Gabe del País Vasco, entre otras.

El día 11 de octubre se realizaron dos ponencias para contextualizar la situación de las comunidades indígenas frente a la falta de garantías para el ejercicio de la justicia propia que se presenta actualmente -con lo sucedido con Feliciano Valencia y los señalamientos a Julio Tumbo, vocero de Corinto de la Liberación de la Madre Tierra-. Esto estuvo a cargo de José Domingo Caldón y Henry Caballero. José Domingo Caldón habló acerca del contexto de situación actual de derechos indígenas en Colombia (territoriales, culturales, sociales, económicos). Habló de la persecución que se emprendería contra todos los indígenas y su jurisdicción, de reafirmarse el delito que se le ha imputado a Feliciano Valencia.

Henry Caballero habló de las implicaciones de estos hechos en contra de la autonomía indígena y en contra de la protesta social en general para todos los sectores, en la conyuntura de la represión que se acercaría para el post conflicto -que él explica, debería llamarse post firma del acuerdo, porque los conflictos seguirán-.

Pero la persecución continúa también contra las organizaciones sociales. Durante la apertura de este debate público, un delegado del movimiento Marcha Patriótica denunció el asesinato de un miembro de esta organización sucedido ese mismo día, 11 de octubre, en horas de la mañana, en la vereda Montañita, en el municipio de Suarez, Cauca. Igualmente hizo un llamado a trabajar conjuntamente ya que asegura que la condena contra Feliciano Valencia es un ataque a la protesta social  de las organizaciones indígenas y sociales. Audio.

Alberto Yase, llama a que la comunidad reflexione sobre los vacíos internos y a las responsabilidades que se deben asumir como organizaciones indígenas y que han tenido que ver en esta situación alrededor de la justicia propia y el movimiento indígena. Comenta que también es necesario recordar a decenas de compañeros indígenas que se encuentran encarcelados cuyos casos no han recibido la atención que merece por parte de las autoridades tradicionales.

Señala también que hay un gran debilitamiento en la fuerza organizativa y en la unidad y que se manifiesta en cómo el aspecto electoral ha logrado permear y fragmentar a las comunidades en los retos que hoy existen. Como ejemplo recuerda el juego electoral en las campañas presidenciales, del pasado año 2014, en las que muchos sectores del movimiento indígena apoyaron la reelección de Santos, con el argumento (o excusa) de votar por la paz.

El día lunes 12, las autoridades indígenas esperaban la llegada de los representantes del gobierno para realizar el debate anunciado, para evaluar si se el gobierno dará las garantías para el ejercicio de la justicia propia o seguirá violando la constitución, como ha pasado hasta el momento. La delegación de ministros que se anunció participarían finalmente no se hizo presente, y en cambio llegaron los viceministros Interior, de Justica, un delegado del Consejo Superior de la Judicatura y un delegado de la Fiscalía General de la Nación.  Como ya es costumbre el gobierno nunca se hace presente con una delegación que tenga capacidad de decisión, por consiguiente, tampoco permite entablar un debate eficiente y se pudieran tomar decisiones políticas y jurídicas. Al respecto habló el consejero José Hildo Pete.

El Tejido de Comunicación habló con Rafael Coicué, comunero de López Adentro, quien hace un balance del trabajo de la segunda jornada de este encuentro. Además hace una síntesis de los puntos que plantea el movimiento indígena al gobierno:

1.    El gobierno tiene que reconocer, garantiza y respetar lo que la constitución dice en el artículo 246.

2.    Tiene que haber un control y seguimiento a la justicia porque está siendo parcializada. Porque lo que están haciendo los entes de justicia es perseguir al movimiento indígena.

Para el día 13, se programó la audiencia a Feliciano Valencia para solicitar su traslado hacia el CENTRO DE ARMONIZACIÓN en el Resguardo Munchique los Tigres en Santander de Quilichao- Cauca; fecha aplazada desde el lunes 5 ya que el juez a cargo se declaró incompetente para este procedimiento. Las delegaciones que estaban concentradas en La María, desde el sábado 11 de octubre, acudieron al Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez de Popayán donde se llevó a cabo la audiencia y de la cual, las comunidades esperaban una decisión positiva sobre el traslado.

Pero a pesar de que el Juez aceptó realizar el traslado, la decisión fue apelada por el representante de las víctimas del ministerio de defensa.   Escuchemos a la compañera Aida Quilcué quien nos hace el balance la audiencia   realizada a  Feliciano Valencia, realizada el martes, 13 de octubre, en la ciudad de Popayán.  Eescuche tambien el Audio de Miller Ormiga

Posteriormente la consejería del Cric, realizó una rueda de prensa para dar a conocer el proceso jurídico contra Feliciano Valencia, los atropellos de los que ha sido víctima y las dilataciones con las que han perjudicado su proceso. Igualmente las autoridades del resguardo de Munchique Los Tigres, del que hace parte Feliciano Valencia, han citado a sus comuneros a reunirse para determinar qué caminos seguir para buscar una solución a este caso que afecta a toda la comunidad.

El gobierno ha demostrado claramente que incumple su palabra, que está violando la constitución política y que no tiene argumentos para justificar esta violación al negar el derecho a ejercer la justicia propia con esta condena impuesta contra Feliciano Valencia. Negar la justicia propia es negar la autonomía del pueblo Nasa y negar a los Nasa como pueblo; esto es un golpe político que el  gobierno quiere reducir a un proceso jurídico. Esto sumado  a la judicialización de miembros de organizaciones sociales y la persecución de miembros de organizaciones campesinas en el país, anuncia que el panorama tras la firma de los acuerdos se agudizará la persecución a las organizaciones y se normalizará la criminalización de la protesta social. Rafael Coicué hace un análisis al respecto.  
  
Tejido de Comunicación -Acin