Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

DENUNCIA PÚBLICA, ASESINATO DEL JOVEN AFRODESCENDIENTE JHON JAIRO RAMIREZ OLAYA, AMENAZAS DE MUERTE A DOS ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN ROSTROS & HUELLAS DEL SENTIR HUMANO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO DE TRES (3) FAMILIAS EN BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

 Buenaventura – Valle
Noviembre (09) de 2015

El nueve (09) de noviembre del año 2015, siendo las siete (7) de la noche en el barrio Juan XXIII, calle once de noviembre (11) fue desaparecido forzosamente el afrodescendiente JHON JAIRO RAMIREZ OLAYA de 23 años de edad. Pasado cuarenta y cinco (45) minutos fue encontrado en la calle conocida “Cueva de Rolando”, con tiros de arma de fuego en su cuerpo, según testimonios los tiros fueron propinados por el paramilitar apodado “Chucho”, la víctima fue trasladado hasta la clínica Santa Sofía por la policía donde llego sin signos vitales.

La desaparición forzosa se presenta mientras los activista de derechos humanos y derechos juveniles del Distrito de Buenaventura: LEONAR RENTERIA VALLECILLA y VÍCTOR ANGULO ADVINCULA, ambos integrantes de la organización de derechos humanos ROSTROS & HUELLAS DEL SENTIR HUMANO, se encontraban realizando actividades organizativas, comunitarias y políticas la cual serviría para el desarrollo de un taller que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

Los jóvenes fueron irrumpidos aproximadamente por diez (10) sujetos hombres jóvenes pertenecientes a la estrategia paramilitar del barrio San Francisco. Seis (6) de los hombres entran hasta la vivienda, preguntaban en repetidas ocasiones por Jhon Jairo. Después de un tiempo de querella donde se pretendía evitar que lo llevaran, el jefe paramilitar lo toma de la mano, lo golpea delante de los presentes incluida la niña (Brenda Nicol Renteria Vallecilla (7) años, y sus dos hijas Laura Valentina Renteria Vallecilla (3) años y Asly Sofia Ramirez Renteria (10) meses), también fue agredida físicamente Marlen Renteria Vallecilla de (29) años edad compañera sentimental de la víctima por intentar evitar que lo maltrataran y llevaran. Finalmente fue sacado de su casa forzosamente Jhon Jairo Ramírez. Marlen ante la situación correr por la calle y los victimarios le gritan frases soez. Además, el sujeto le dice a Leonard: “calma a tu hermana y no se muevan de aquí que ya regresamos por ustedes”.

Leonard, sale a alcanzar su hermana, y dos de los victimarios lo persigue, ante la persecución corren hasta llegar al CAI de la Policía del barrio Catorce de Julio. Estando en el CAI, llegan dos personas que se movilizaban en una motocicleta (una de ella Agustina), compañera sentimental de un conocido jefe paramilitar llamado “Mauri” que se encuentra en la cárcel desde hace aproximadamente dos años. Por el otro lado del CAI, llega el hermano de Agustina en otra motocicleta, quien según información funge como jefe paramilitar en el barrio Juan XXIII. Lo anterior, deja entrever un posible vínculo entre la estrategia paramilitar y la Policía. Las víctimas denuncian que uno de los cuadrantes de la Policía residente en el barrio conocido como la “mazamorra” tienen una relación cercana de amistad con el jefe de este grupo paramilitar, el cuadrante facilita información que le ha permitido a los paramilitares escapar como también en dicha calle en ocasiones participan conjuntamente en fiestas; otras veces se encuentran para consumir sustancias psicoactivas. Esa situación es conocida porque los vecinos lo han denunciado.

Importante señalar que uno de los armados es apodo “CHOWY”, quien abordo a Víctor Angulo Abvincula y le preguntaba insistentemente cuál era su barrio. El defensor de derechos humanos reside en el barrio Inmaculada de la comuna cinco (5), que al igual que Juan XXIII, San Francisco son controlados por paramilitares, una notada ausencia del Estado y conocidos por los grandes atropellos y violación a los derechos humanos. Asimismo, “CHOWY” miraba y realizaba gestos para tomar la computadora portátil de la organización.   

Con lo anterior, indicamos que a pesar del plan de choque y la militarización de la ciudad de Buenaventura por las autoridades, el caso arriba descripto habla por sí solo e indica claramente la ausencia y desprotección del Estado colombiano a la comunidad y los defensores de derechos humanos.

Ante este nuevo hecho Rostros & Huellas:  

1.    Demanda ante la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad, prontitud y eficacia las investigaciones para esclarecer las mismas y sancionar a los responsables del homicidio de JHON JAIRO RAMÍREZ OLAYA, quien ha integrado y participado de los procesos organizativos de Rostros & Huellas tales como: Proceso Pacifico Joven financiado por la agencia de cooperación Suiza y el Proceso Jóvenes Renacientes financiado por ACNUR y acompañado posteriormente por la Comisión Colombiana de Jurista

2.    Exige al Director de la Unidad Nacional de Protección apersonarse de esta situación de riesgo y tomar las medidas competentes y eficaces para prevenir las situaciones de riesgo aquí denunciadas.

3.    Insiste a la Unidad Nacional de Protección otorgar urgente e inmediatamente medidas duras de protección colectivas a la organización Rostros & Huellas del Sentir Humano tales como vehículo blindado, hombres de protección, medios de comunicación, dado que en repetidas ocasiones se ha solicitado y la respuesta es negativa.

4.    A la Unidad Nacional de Víctima, reubicar en otra ciudad de manera inmediata a la compañera sentimental de la víctima, las tres (3) menores de edad y el adulto mayor de 65 años el Sr Eulicer Renteria Caicedo, padre de Marlen y Leonar Renteria Vallecilla.

5.    La Unidad Nacional de Protección, acelerar la reevaluación de las medidas de protección a Leonard Renteria Vallecilla y Jorge Luis Rivas Valenzuela, y acelerar la implementación de las medidas a Víctor Angulo Advincula que les permitan continuar con su trabajo material-remunero y comunitario en la ciudad de Buenaventura, además de garantías de reubicación que no les haga volver al mismo lugar.

6.    A la comunidad internacional con presencia en Colombia, y especialmente a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a exigir al Estado Colombiano eficacia y prontitud en las medidas que debe adelantar para prevenir, investigar, y sancionar estas amenazas criminales, y brindar las garantías adecuadas para la defensa de los derechos humanos y para quienes luchan por la construcción de un país en paz y sin violencia contra el reclamo de derechos, el ejercicio de la actividad política o el activismo social.

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