Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Mientras suben los impuestos y se venden empresas públicas estratégicas y rentables, el gobierno persiste en su locomotora minera que causa un gran detrimento patrimonial y privilegios onerosos para las grandes compañías. Álvaro Pardo

Una caída previsible

Después de haberse acabado el boom de los precios internacionales de las materias primas, Colombia enfrentará un doloroso plan de ajuste en este año.

Y sin embargo se mantendrá el modelo “extractivista”, ahora agravado por la insistencia del gobierno en acelerar los llamados “Proyectos de Interés Nacional y Estratégico” (PINE) y en mantener los onerosos privilegios a la gran minería.

Se mantendrá el modelo
 “extractivista”, ahora agravado por
la insistencia del gobierno en
 acelerar los llamados “Proyectos de
 Interés Nacional y Estratégico” (PINE).

El modelo hizo crisis con la caída del precio del petróleo en 2015, pero ya desde 2011 las luces amarillas se habían encendido tras el descenso en los precios del carbón, el oro y el níquel.

En efecto: la fase depresiva del ciclo minero era predecible y ha sido muy bien estudiada por la literatura internacional, pero también en Colombia se llevó por delante a la economía sin que las autoridades hubiesen obrado a tiempo para prevenir o para corregir los síntomas de la enfermedad holandesa.

Un panorama oscuro

• El sector de la minería, que en 2008 aportó el 2,3 por ciento al PIB, actualmente aporta menos del 2 por ciento.

• El déficit fiscal ascendió a 14 billones de pesos al finalizar 2014,

• Al final de septiembre de 2015 el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 14.469 millones de dólares, y las exportaciones de bienes sumaron apenas 29.709 millones de dólares entre enero y septiembre de 2015 frente a los 44.359 millones en el mismo lapso del año anterior.

• Este cambio se explica principalmente por la caída de las exportaciones de petróleo y sus derivados en un 51 por ciento entre enero y octubre de 2015. Las ventas externas de carbón pasaron de 5.833 millones a 3.892 millones de dólares en el mismo período (una disminución del 33,3 por ciento), mientras el ferroníquel cayó en un 31 por ciento, según las cifras del Banco de la República.

Esta situación se traduce en un deterioro del nivel de vida de las mayorías:

• Los recortes del presupuesto público y privado amenazan con llevar otra vez el desempleo a una cifra de dos dígitos en 2016.

• El alza en las tasas de interés golpeará la demanda interna, la mayor inflación envilecerá los ingresos de los estratos bajo y medio, y los recortes a los programas asistencialistas del gobierno podrían echar por la borda el poco avance social que se ha logrado.

Las soluciones que propone el gobierno nacional no ayudarán a mejorar la situación. Vender las empresas públicas rentables, seguir endeudando al país, aprobar más recortes en el gasto social, profundizar el modelo minero y aumentar impuestos como el IVA son atajos económicamente insostenibles que además profundizan las desigualdades sociales.

Mina de Carbón El Cerrejón, en La Guajira. Foto: Santiago La Rotta

Profundizando el modelo

Pese a la exaltación de las virtudes del modelo minero colombiano que se encargan de hacer los grandes compañías mineras, sus gremios y medios de comunicación, sus efectos o “externalidades” negativas de carácter ambiental, económico y social son evidentes y se sienten con más fuerza durante la fase depresiva de precios.

No obstante, el gobierno insiste en profundizar la locomotora minera. Por eso 2016 estará marcado por las consecuencias del desarrollo de cuarenta proyectos extractivos, cuyo régimen especial fue esbozado en el documento Conpes 3762 de 2013 (“Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos”) y en la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018).

La creación del Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (SINAPINE) convirtió al Estado en un patinador de las grandes mineras. Las directrices antedichas se han venido plasmando en controvertidos decretos y resoluciones:

• El Decreto 2829 de 2014 agiliza el licenciamiento ambiental para empresas del sector minero-energético y el Decreto 2220 de 2015 centralizó en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los trámites de licenciamiento y permisos para los PINE. Esto significó otro golpe a la autonomía territorial (aunque las CAR no reclamaron pues el decreto les garantizó la “mermelada”).

• Ante las dificultades del gobierno para reformar la consulta previa, la Agencia Nacional de Minería (ANM) suscribió un convenio con el Ministerio del Interior para “coordinar” las consultas de los proyectos mineros que lo requieran. ¿Será este

• un procedimiento diferencial para los proyectos mineros PINE?

• El artículo 49 del Plan de Desarrollo señala que los PINE son asuntos “de utilidad pública e interés general”, de suerte que se autoriza la expropiación administrativa o judicial de predios urbanos y rurales para este fin. Esto es decirle adiós al derecho de propiedad de los ciudadanos en favor de las grandes mineras.

• La nueva oficina de Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos e Infraestructura (AMEI), adscrita a la Unidad de Restitución de Tierras, se encargará de “priorizar” los títulos mineros sobre las tierras de restitución y, en la práctica, de volver a desplazar a los desplazados.

El Estado para las mineras

Ni los más avezados adivinadores del futuro se atreven a anunciar el fin de la fase descendente del ciclo minero, ni siquiera hablan de haber tocado fondo. En ese escenario el aporte del sector minero al PIB, a la balanza fiscal y de comercio exterior seguirá disminuyendo.

El aporte del sector minero al PIB, a
la balanza fiscal y de comercio
exterior seguirá disminuyendo.

Ya sea por la disminución de los precios o por las maniobras contables de las empresas para reducir sus obligaciones tributarias, la renta minera (impuesto de renta y regalías) viene cayendo con mucha rapidez. Vea usted las cifras:

Impuesto de renta y complementarios (millones de pesos corrientes)

Fuente. Superintendencia de Sociedades.

Y así las grandes mineras proseguirán con su doble tarea de (a) producir y exportar lo máximo posible, a salvo de impuestos por la comercialización de sus minerales a través de paraísos fiscales, y (b) exigir beneficios a costa del fisco nacional.

Producir y exportar en un escenario de precios envilecidos significa entregar el patrimonio de los ciudadanos a las grandes mineras a cambio de poco, o prácticamente de nada. Se trata de un detrimento monumental, armado y bendecido por el gobierno nacional.

Producir y exportar en un escenario
de precios envilecidos significa
entregar el patrimonio de los
ciudadanos a las grandes mineras a
cambio de poco, o prácticamente de nada.

El argumento de que la minería proveerá los recursos para la inversión social y el posconflicto no tiene ningún fundamento, menos aún ante la negligencia del Estado para exigir que las grandes compañías paguen por los recursos que explotan y paguen sus impuestos. Algunos casos ponen esta situación en evidencia:

• Un análisis de los balances de las multinacionales que ejecutan el 78 por ciento de las exportaciones de carbón, publicado por la Superintendencia de Sociedades, revela casos como el de Drummond en la mina La Loma, que exportó 16 millones de toneladas de carbón en 2014 y no pagó impuesto de renta. ¿En qué queda la renta minera si las regalías las descuentan también de su impuesto de renta?

• La empresa Mineros S.A. goza de un privilegio extraordinario por la negligencia del Ministerio de Minas. En abierto desacato a fallos de las altas Cortes, el Ministerio ha permitido a esta empresa pagar desde 2001 regalías de oro al 0,4 por ciento contra el 4 por ciento que establece la Ley 753 de 2002, con el argumento de que proviene de “reconocimientos de propiedad privada”. Si los 6,3 millones de gramos extraídos por esta empresa entre 2013 y 2014 hubiesen pagado regalías al 4 por ciento, la Nación habría recibido 3.585 millones de pesos adicionales. ¿A cuánto asciende el detrimento patrimonial por este privilegio si su origen data del 2001?

Ante el costo fiscal de las deducciones, exenciones y descuentos tributarios que gozan las grandes mineras en Colombia, surgen preguntas obvias:

• ¿Por qué los colombianos tenemos que subsidiar a las grandes mineras para que se lleven a cualquier precio nuestros recursos naturales no renovables?

• ¿Por qué no elevar los ingresos del Estado recuperando estos recursos en lugar de elevar la carga tributaria de los contribuyentes vulnerables?

El Estado ha sido fuerte para imponer un modelo minero que beneficia intereses particulares, pero mantiene sistemas precarios de fiscalización y control en beneficio de las grandes empresas del sector.

Minería ilegal en Santander de Quilichao, Cauca. Foto: Francy Rodríguez

Organización social y activismo judicial

La dictadura “extractivista” de los últimos gobiernos ha sido combatida por la población, que en diferentes puntos de la geografía se ha organizado para evitar la minería dentro de sus territorios:

• Comunidades que se plantan en las carreteras para evitar el paso del personal de las mineras;

• ONG que se juntan para demandar actos administrativos irregulares de las autoridades mineras;

• Cortes y tribunales que apoyados en la Constitución defienden la supremacía de lo ambiental y de los derechos fundamentales sobre el negocio particular de las grandes mineras;

• Avance de las demandas ante cortes internacionales

• Autoridades y comunidades que empujan las consultas populares para expulsar los PINE de sus territorios.

Pero es tal vez más grave que ante la dictadura extractivista será muy difícil conciliar el acuerdo de paz con las FARC con la paz de los municipios que hoy luchan por frenar la locomotora minera.

* Miembro de la Red Justicia Tributaria Colombia y director del centro de estudios Colombia Punto Medio.

fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/9138-2016-%C2%BFotro-a%C3%B1o-de-dictadura-extractivista.html