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El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.

Lo que es peor, dicen, es que la amenaza no se detiene. Y es que hasta mayo de 2016 había en el Ministerio de Comercio e Industrias 389 solicitudes de empresas para explorar y explotar minerales metálicos y no metálicos. Una cifra que se suma a las 168 concesiones mineras otorgadas en décadas pasadas.

Lo anterior significa que hasta este año hay 557 concesiones mineras en trámite u operación dentro de poco más de 30 mil kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 40% del territorio nacional de unos 75 mil 517 kilómetros cuadrados.

Esta cifra no dista mucho de la incluida en un informe divulgado en 2009 por la organización The Nature Conservancy, según el cual aproximadamente 44% del territorio panameño se encontraba entonces en concesión o en trámite de concesión minera.

En ese momento, este organismo consideró que esa realidad ponía en “riesgo” la integridad de los ecosistemas y generaba “alteraciones” de las comunidades aledañas a los proyectos.

En este mismo escenario, las licencias hídricas también han comenzado a ser vistas como un “peligro”, especialmente por poblaciones de Chiriquí y Veraguas, donde están la mayoría.

Reportes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos precisan que hasta 2015 había en el país 111 concesiones hidroeléctricas en trámite, operación, diseño o construcción, de las cuales, 73, es decir 65%, están en cuencas y ríos de Chiriquí. Le siguen Veraguas y Coclé, con 22 y 8 proyectos de generación hídrica, respectivamente.

Damaris Sánchez, coordinadora de proyectos de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, opinó que si las autoridades continúan otorgando concesiones hídricas, las próximas generaciones tendrán que comprar agua.

Frente a esta situación, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia que solicita la anulación de la Resolución AG-0691-2012, inherente al uso del caudal ecológico.

Esta resolución permite utilizar el 90% del caudal promedio anual de los ríos y otras fuentes para ser empleado en proyectos como hidroeléctricas.

Susana Serracín, miembro del CIAM, hizo un llamado a la población y a las autoridades a utilizar los recursos naturales de forma sostenible. “Los recursos no son ilimitados”, planteó.

Recomendó una moratoria en el tema minero para adelantar una investigación que determine hacia dónde queremos ir en este tema. “Tenemos muchos retos ambientales que debemos afrontar”, acotó.

Actualmente, grupos indígenas solicitan la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Ricardo Miranda, dirigente ngäbe-buglé, manifiesta que tradicionalmente los pueblos indígenas se han caracterizado por proteger los recursos naturales.

El Plan de gobierno:

El secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, explicó que la entidad lidera el comité de alto nivel que trabaja en la formulación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica “Agua para Todos” 2015-2050, con el cual se espera abordar el tema de las concesiones hídricas de una manera estratégica e integral, y promover la conservación de los bosques y las áreas protegidas.

Asimismo, lidera la Alianza por el Millón de Hectáreas, que busca recuperar las cuencas hidrográficas a través de la reforestación de un millón de hectáreas en 20 años.

En cuanto al tema minero, resaltó que están haciendo cumplir la ley ambiental, fiscalizando que las empresas mineras ya establecidas cumplan efectivamente con sus compromisos ambientales, y evaluando adecuadamente los estudios de impacto ambiental.

Especies en riesgo: ONU

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) informó que las ganancias originadas por los delitos ambientales van en alza y suman hoy día entre 91 mil millones de dólares y 258 mil millones de dólares.

Esto, según un informe publicado como parte del Día Mundial del Medio Ambiente y con la ayuda de Interpol. Se trata de la cuarta mayor empresa criminal del mundo, tras el tráfico de drogas, la falsificación y el tráfico de personas.

A la vez, el informe plantea que el dinero generado de la explotación ilegal de recursos naturales financia grupos rebeldes, redes terroristas y carteles criminales internacionales.

En el caso de Panamá, Leo Heileman, director regional del Pnuma, manifestó que el tráfico ilegal de madera forma parte de este grupo de delitos ambientales, así como el tráfico ilegal de especies que están en peligro de extinción.

Heileman consideró que designar como área protegida al humedal Laguna Matusagaratí es un paso del Estado panameño para garantizar la conservación de Darién.

No obstante, sugirió dar incentivos a los pobladores y empresarios de la zona para que apoyen y colaboren en la protección del lugar. “El costo de proteger Darién es más bajo que la ganancia inmediata que se obtiene por cortar sus bosques”, aportó.

Usó como ejemplo Uganda y Ruanda, donde se calcula que cada gorila trae más de un millón de dólares por año al país en turismo.

El director regional de Pnuma recomendó a las autoridades del Gobierno, a la sociedad civil, los empresarios, indígenas y activistas involucrarse en la defensa del medio ambiente.

Fuente:–http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias /Panama_Campesinos_activistas_y_grupos_indigenas_sugieren_suspender_las_licencias_hidricas_y_mineras_antes_de_que_se_deterioren_los_recursos_naturales