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La lucha de las comunidades indígenas del Cauca por la liberación de la tierra involucra reivindicaciones ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de la resistencia, con una historicidad y una cosmovisión propia que no puede ser confundida con los procesos de lucha campesina. Sin embargo, dadas las dinámicas del conflicto actual por la tierra, los procesos de liberación pueden ser interpretados como un conflicto de raíz étnica que se entrecruza con conflictos de clase por la tierra.

Una historia de despojo

Aunque la práctica del despojo contra los pueblos indígenas ha sido constante desde la Colonia, es posible distinguir tres momentos centrales.

El primer despojo ocurre en el periodo colonial, durante el establecimiento de haciendas que empieza en el siglo XVI y termina en el siglo XVII, momento en el que cesan los grandes esfuerzos bélicos de las comunidades indígenas del departamento del Cauca y del sur del Tolima por expulsar al invasor español, el último de ellos registrado para 1656, tal como recuerda Víctor Bonilla en su “Historia política del pueblo nasa”.

El segundo momento momento ocurre durante la expansión terrateniente de finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. Para entonces, familias latifundistas del Cauca, como los Mosquera, los Zambrano, los Valencia y los Arboleda, detentaron títulos de propiedad sobre terrenos ancestrales de los pueblos indígenas, pese a que la Ley 89 de 1890 garantizó el carácter no enajenable de las tierras de los resguardos. El mecanismo para el logro de estas propiedades fue la ilegalidad y la violencia.

El último momento tiene lugar a la mitad del siglo XX, cuando se combinaron distintos factores que desembocaron en la usurpación de tierras indígenas. Por un lado, la violencia de los años 50 permitió el aumento de la propiedad terrateniente del norte del Cauca. En los años 60, las políticas de modernización agraria y el aumento internacional de la demanda de azúcar colombiano, generado por el bloqueo a la comercialización de la producción cubana a raíz de la revolución de 1959, permitió el aumento y la consolidación de los cultivos de caña en el Norte del Cauca, lo que implicó un nuevo ciclo de expropiación de tierras indígenas.

La historia que explica la manera en que las tierras bajas del Cauca se encuentran hoy bajo títulos de propiedad de grandes terratenientes e ingenios da clara cuenta de la ilegitimidad del origen de estas propiedades, sustentadas en la violencia como mecanismo que permitió la concentración de la tierra y la acumulación necesaria para la posterior reproducción del capital. En contra, la lucha de las comunidades indígenas no es por la apropiación privada de estos territorios sino que el movimiento busca que las tierras entren a formar parte de los territorios colectivos de los resguardos.

Tierra colectiva, no parcelada

La manera en que las comunidades indígenas nasa asumen la propiedad de la tierra señala un proceso histórico de construcción de identidades colectivas que las distingue del movimiento campesino. Si bien ambos movimientos luchan por la tierra en contra de los monopolios latifundistas, el movimiento campesino busca la titulación en parcelas privadas, mientras que el movimiento indígena, ligado a su origen ancestral, lengua, cosmovisión, formas de gobierno e historia propia, hace que se acentúen las tendencias a la colectivización y la vida comunitaria.

De allí que los indígenas que lucharon contra el terraje en los años 70 se negaron a aceptar los planes presentados por el hoy liquidado Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), en donde se quiso establecer la entrega de tierras bajo la creación de cooperativas o empresas de producción campesinas, sin integrar estas tierras a los resguardos. Esta resistencia señala que las demandas indígenas no se limitaban sólo a la entrega de tierras sino que su memoria operaba en la forma de reconstrucción de los resguardos.

Pagando el derecho a vivir

La propiedad de la tierra es la base de la dominación sobre el trabajo indígena. Cuando, en mayo de 1851, se terminó oficialmente con la esclavitud, la libertad para las comunidades afro e indígenas fue solo de papel. Los terratenientes del Cauca se negaron a perder la fuerza de trabajo indígena, por lo que se estableció el terraje como forma de explotación servil. Las comunidades se vieron obligadas a pagar con trabajo el derecho a vivir y cultivar en sus propias tierras despojadas por las haciendas. El trabajo tributario que los indígenas tenían que darle al hacendado consistía normalmente en largas jornadas de más de tres semanas al mes, mientras que el tiempo restante podían dedicarlo a labrar una pequeña parcela dedicada al autoconsumo. Por su parte, las mujeres debían prestar servicios como servidumbre en la casa de la hacienda.

Dado que tanto el terraje como la desarticulación de los resguardos encontraron su origen en el problema de acumulación de la tierra a través del despojo, los dos primeros puntos de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), formulados para su creación el 24 de febrero de 1971 y que aún hoy continúan vigentes, son recuperar las tierras de los resguardos y ampliarlos. Sólo de este modo las comunidades indígenas podrán dar cumplimiento al mandato espiritual de proteger y preservar la madre tierra, así como garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras.

Verdades a medias son otra forma de mentir

La reacción de los gremios vinculados a la gran producción agraria, después de iniciado el ‘proceso de liberación de la Madre Tierra’ en Corinto en diciembre de 2014, no se hizo esperar. Isabella Victoria, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG), afirmó que los indígenas han recibido cerca de 721.000 hectáreas de manos del gobierno. Según sus palabras, “eso es una cuarta parte del Cauca”. La SAG, que aglutina al exclusivo grupo de grandes propietarios de la tierra en el departamento, se opone a cualquier nueva ampliación de los resguardos en las zonas bajas porque, según ellos, los indígenas tienen demasiada tierra, lo que coincide con la posición tomada por el alcalde de Corinto, quien lleva a cabo una agresiva campaña para que mestizos y afrodescendientes rechacen el resguardo indígena.

Es cierto que los resguardos de las diferentes comunidades indígenas que habitan el Cauca, entre ellos los de las comunidades nasa, misak, eperara-siapidara, ambaló, guanaca, inga, kokonuco, polindara, totoró y yanacona, alcanzan las 721.000 hectáreas. Sin embargo, de estas tierras, según el ““Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca” de la Universidad Javeriana, 252.000 hectáreas pertenecen a reservas forestales, 75.000 hectáreas son páramos no explotables y 25.000 hectáreas son tierras improductivas. De las tierras que pertenecen a los resguardos sólo 91.000 hectáreas son aptas para cultivar, de manera que la distribución de tierras cultivables entre las comunidades indígenas sólo llega a 0,37 hectáreas por persona, lo que constituye una difícil situación para su seguridad alimentaria.

Concentración de la tierra

El “Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia”, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC) entre 2000 y 2009, muestra concentración de la tierra en pocos propietarios.

El 85,4% de los propietarios del Cauca tienen el 26,03% de la tierra en pequeñas extensiones de micro y minifundio, mientras que el 7,8% de propietarios posee el 60,22% de la tierra. De ellos, el 0,52% domina el 15,63% de la tierra.

Ahora, gran parte de la tierra del Cauca está clasificada de baja y muy baja fertilidad: solo el 3% de la tierra está clasificada como de alta fertilidad, 25% de fertilidades bajas y 32% muy bajas. De allí que la presión que ejercen los terratenientes cañeros y la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia por la posesión de las tierras de mayor fertilidad haya devenido en un nuevo proceso de expulsión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que se encuentran confinadas sobre todo en las tierras altas no productivas. Así, en municipios como Cajibío, Sotará y Timbío, en donde las comunidades mantenían cultivos transitorios de café, caña panelera y sorgo, poco a poco la gran industria de la caña de azúcar los ha desplazado a las laderas de las cordilleras.

Actualmente, la lucha de los pueblos indígenas tiene por destino salir del confinamiento de las tierras altas, bajar a las zonas de mayor productividad, vencer el monopolio de la industria cañera y recuperar los territorios ancestrales para garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras. Y es allí, en la lucha contra la expansión terrateniente, en donde se encuentran las posibilidades de articulación entre los movimientos indígena, campesino y afrodecendiente del Cauca, proceso que se ha venido entretejiendo desde los años 70 y que, con la articulación de las comunidades afrodescendientes y el movimiento indígena en la liberación de Lopez Adentro en 1984, así como con la acción conjunta de indígenas y campesinos por la liberación de la hacienda la Emperatriz en el municipio de Caloto, iniciado desde el 2005, se trata de un complejo proceso de articulación regional que aún continua su marcha.

Por: Pedro Augusto García Leal

Fuente: http://elturbion.com/?p=12859