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A finales del año pasado más de 500 personas fueron desplazadas por la violencia y ya van 17 líderes políticos asesinados en seis meses

Firmado el acuerdo del cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las Farc, el país prepara el camino a la paz. Pero, contradictoriamente, el municipio del El Bagre (Antioquia), una de las zonas que será priorizada en el posconflicto, se encuentra bajo fuego. En lo corrido del año han asesinado a 17 líderes y por temor se ha dado un desplazamiento masivo. El móvil es el mismo: quienes son asesinados son defensores de los diálogos de paz de La Habana. (Lea: Grupos posparamilitares están asesinando campesinos entre El Bagre y Zaragoza)

Por sus denuncias y porque apoyan de manera abierta el proceso de paz, son catalogados como “guerrilleros vestidos de civil”. Los líderes y los defensores de derechos humanos se han vuelto objetivo militar de organizaciones neoparamilitares, como las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). (Vea: La vida en San José de Apartadó, donde defensores de DD.HH. piden no ser asesinados)

Mauricio Sánchez es un líder campesino perteneciente a la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), una de las organizaciones afectadas por la violencia. En lo que va del 2016, esta ha registrado el asesinato de 17 líderes, algunos de ellos terminaron enterrados en fosas comunes, pero aseguran que son más los muertos.

El Gobierno sabe de la problemática, precisamente el miércoles en una reunión de seguimiento a las amenazas a defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en el Ministerio del Interior, con presencia de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, acordaron que la próxima sesión, el miércoles 13 de julio, se realizará en El Bagre.

Ese día también estará presente la secretaria de Gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez, quien, pese a los asesinatos y evidencias de presencia de reductos paramilitares, ha desmentido que en el corregimiento de Puerto López haya una alteración del orden público: “No hay desplazamiento masivo, no hay enfrentamientos en el municipio. El Bagre presenta un estado normal”.

Sánchez relata que desde el 27 de noviembre de 2015 la situación comenzó a empeorar: en ese momento hubo dos incursiones paramilitares y una de la guerrilla de las Farc en el corregimiento de Puerto Claver.

El 8 de enero a sangre y fuego los paramilitares trataron de tomar el control de las zonas en las que las Farc tienen presencia. Ese día hubo dos civiles muertos, uno de ellos fue descuartizado. Luego los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en las veredas El Coral y El Castillo.

Por estos enfrentamientos, 570 habitantes de la región del Bajo Cauca fueron desplazados. Durante tres meses se refugiaron en la Casa del Adulto Mayor de Puerto Claver, pero por la falta de atención de la Alcaldía, cuenta líder Mauricio Sánchez, las personas regresaron a sus hogares, a pesar de la inseguridad.

El 7 de marzo asesinaron a William Castillo, luego mataron a otro líder conocido como El Boca. Estos hechos son el resultado, según Sánchez, de “las denuncias que hacemos a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sobre todo en la región del Bajo Cauca”.

El apoyo que le dan a los diálogos entre el Gobierno y las Farc, también ha generado más violencia. El pasado 27 de junio, se realizó en El Bagre una marcha para apoyar el proceso de paz. Participaron 1.500 personas y, como muchos eran de la parte alta del municipio, Wilson Cabrera, un líder mototaxista, coordinó el transporte de los habitantes.

Tres días después de la marcha, Cabrera fue asesinado por dos hombres armados que lo esperaron en la puerta de su casa a las 5 de la mañana, hora en la que salía a trabajar.

A este panorama se suma que sienten que la Fuerza Pública no combate a estos grupos criminales, pues se han centrado en atacar la minería ilegal: “Esos operativos causan desplazamiento de la población, porque en el Bajo Cauca, la minería de oro es una actividad tradicional. Hay operativos y despliegue militar contra esto, pero a los paramilitares no los ataca nadie”.

Por tal razón y como una forma de brindarles protección a más de 200 personas, el 29 de junio se abrió un campamento de refugio humanitario en Puerto López. Pero también han surgido inconvenientes, pero por la falta de reconocimiento institucional.

La asociación de mineros Aheramigua espera que se instale una mesa interinstitucional. Por eso, envió una carta a la Alcaldía de El Bagre, invitándolos a Puerto López el próximo domingo. Pero la administración les respondió, diciendo que “por motivos de tener información oficial acerca de las dificultades de orden público que presenta el Municipio actualmente, no se ofrecen garantías suficientes para el desplazamiento de los funcionarios”.

La preocupación de la asociación es que por la falta de garantías, no se denuncian todos los hechos. Además, porque la presencia de grupos armados ponen en riesgo la aplicación de los acuerdos de La Habana en la región. Por ejemplo, la vereda Carrizal, del municipio Remedios, será una de las zonas donde se concentrarán los miembros de las Farc, a pesar de que, según Sánchez, a cuatro horas hay presencia de paramilitares.

Mauricio Sánchez resalta que el Bajo Cauca se ha convertido en epicentro de violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos, un lugar en el que “están ocurriendo cosas terribles” a pesar de que, paradójicamente, MinInterior lo declaró en agosto de 2015 como “un municipio priorizado para la implementación del posconflicto”.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/el-bagre-epicentro-de-ataques-defensores-de-derechos-hu-articulo-642820