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Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes.

“El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explica Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.

Los primeros africanos se establecieron en la costa atlántica de Honduras hace 219 años tras su destierro de la isla de San Vicente donde habían sido llevados como esclavos por europeos. Fueron recibidos por aborígenes caribes que habitaban esa región; a sus descendientes se les conoce como garífunas.

Actualmente el pueblo garífuna está conformado por unas 40 comunidades que habitan a lo largo del litoral atlántico hondureño, o zona costera del Caribe, que abarcan los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Los garífunas se han resistido a abandonar estos territorios costeros a pesar de las presiones que han sufrido desde la instalación del enclave bananero en los años 50, hasta el golpe de Estado del 2009.

“Después del golpe de Estado se incrementó la aprobación de leyes que concesionan los territorios al capital trasnacional, muchos de estos recursos están ubicados en territorios garífunas, el pueblo garífuna no solamente enfrentamos la problemática de los megaproyectos turísticos sino también problemas con las concesiones de tierra para la explotación de minería de hierro y las represas”, expresó Miranda en una entrevista a Noticias Aliadas.

Miranda es una lideresa garífuna defensora del territorio que se ha enfrentado a amenazas de muerte. En 2014, ella y siete integrantes de OFRANEH  fueron secuestrados por hombres fuertemente armados cuando recorrían el territorio garífuna ubicado en Vallecito, Colón,  que es disputado por grupos criminales y de narcotráfico debido a su ubicación estratégica como lugar de tránsito de drogas. Precisamente, narcotraficantes habían invadido una zona de su territorio para construir una pista de aterrizaje. Miranda y sus compañeros fueron rescatados cinco horas después por la comunidad garífuna de Vallecito.

Miranda identifica muchos casos de conflicto en los que las comunidades garífunas sufren amenazas graves en contra de sus derechos sobre sus territorios ancestrales.

“En la zona de La Ceiba, en la comunidad Sambo Creek, los dos ríos [Sambo y Cuyamel] están amenazados por la instalación de represas hidroeléctricas. La comunidad ha estado en una férrea oposición durante ocho años. En el caso de las comunidades Cusuna y Punta Piedra, en Tela, la amenaza es por la minería de hierro; en la bahía de Trujillo hay ríos represados. Esa escalada a nivel nacional no solamente afecta a los pueblos indígenas, está llegando al pueblo garífuna también, pero hay una permanente resistencia de las comunidades a aceptar que sean otorgados los ríos”, señala.

“Lo más peligroso es que estas concesiones están siendo avaladas y gestionadas por las corporaciones municipales que están cerca de las comunidades y generando división”, explicó.

Fallo de la CorteIDH
La situación de despojo que vive el pueblo garífuna ha llegado a las cortes internacionales y a oídos de los relatores especiales tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en contra del Estado de Honduras por violar los derechos a las tierras ancestrales del pueblo garífuna, por permitir la venta de predios pertenecientes a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y la instalación de proyectos habitacionales y turísticos sin permiso de la comunidad. Esta es la tercera sentencia de la CorteIDH contra el Estado de Honduras, pero la primera que tiene que ver con los derechos de pueblo originarios y tribales.

El tribunal interamericano declaró “responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a favor de la Comunidad, por no haber titulado, delimitado y demarcado los territorios que fueron reconocidos como tierras tradicionales de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz por parte del Estado, por no haber garantizado el goce efectivo del título de propiedad colectiva de la comunidad, en relación con un área adjudicada en garantía de ocupación y reconocida como tierra tradicional por el Estado, y por no haber efectuado un proceso adecuado para garantizar el derecho a la consulta de la comunidad”.

Asimismo, la CorteIDH responsabilizó al Estado de Honduras por no haber adecuado sus normas para garantizar el derecho a la consulta, y ordenó al Estado hondureño “proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz” y otorgarle el título de propiedad colectiva debidamente delimitado y demarcado.

Sin embargo, organizaciones como OFRANEH aseguran que no se ha producido ningún avance desde la sentencia.

“Hay un plan para desaparecernos, porque somos los que estamos instalados y ocupamos los últimos vestigios de la materia prima y los recursos y los bienes comunes necesarios para la vida y la consecución de la vida”, dijo Miranda.

Un botón de muestra es la comunidad garífuna Barra Vieja, en Tela, Atlántida, creada en 1885. Barra Vieja siempre fue una comunidad abandonada por las instituciones del Estado, sin escuela, centro de salud, energía eléctrica ni agua potable. Una brigada de médicos de Tela los visita para brindarles asistencia de salud.

En los años 90, particularmente después del huracán Mitch en 1998, se produjo una migración masiva de Barra Vieja dentro y fuera del país. El lugar fue ocupado por proyectos turísticos que afectaban a cinco comunidades garífunas.

En el 2003 los jóvenes de la comunidad decidieron regresar a ocupar sus tierras ancestrales y a defender el territorio garífuna. A raíz de ello, el Ministerio Público acusó a la comunidad de haber usurpado las tierras que supuestamente pertenecían de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). En el 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la ENP una denuncia ante la fiscalía de Tela contra la comunidad de Barra Vieja por la presunta usurpación de tierras estatales.

Megaproyectos turísticos
Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Beach and Golf Resort, empresa que la comunidad acusa de instigadora de desalojos militares perpetrados en septiembre y octubre del 2014.

La población de Barra Vieja ha logrado retornar a sus moradas y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Cuando la presencia militar disminuyó, ellos valientemente regresaron a reconstruir sus casas y habitarlas de nuevo.

“Estamos preocupados porque somos víctimas de estos megaproyectos donde nos despojan de nuestras tierras y territorios, la que nuestros ancestros nos han regalado y han pedido que se las cuidemos”, cuenta Carlos Castillo, presidente del patronato de Barra Vieja.

Castillo asegura que cuando un megaproyecto turístico como Indura quiere instalarse, no les consultan como comunidad, al contrario, los engañan prometiendo beneficios que nunca llegan.

“Llegaron engañándonos, diciendo que nos darían un porcentaje de ganancia, pero ahora nos dicen que necesitan hacer la segunda etapa y que nosotros tenemos que desalojar nuestras tierras y darles espacio a ellos”, asegura.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a la zona, porque esta es una injusticia que están cometiendo con nosotros”, dice Castillo a Noticias Aliadas. “Un proyecto de unos pocos y se piensan beneficiar ellos, quieren traer extranjeros porque ni siquiera nos dan trabajo a nosotros”.

El complejo turístico Indura en Bahía de Tela fue construido con una inversión de US$122 millones, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y el restante 51% pertenece a un grupo de empresarios. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, simultáneamente a una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). Cuenta con más de 3 km de playa con acceso exclusivo para los clientes y uno de los mejores campos de golf del continente que incluye 18 hoyos.

Mientras tanto, Castillo y otros líderes de la comunidad han sido demandados por usurpación de tierras y delito de sedición. No pueden salir del país, deben firmar en los Juzgados cada 15 días y ya les han aplazado dos veces el juicio por falta de personal.

“El papel del Estado es que apoyan a los inversionistas, no apoyan a los pobres”, asegura. “El proceso de Barra Vieja es una prueba de esa situación. El gobierno y hasta la alcaldía ni siquiera se han acercado a ponerse a nuestra disposición, sino que ayudan con todas sus fuerzas a los inversionistas de estos proyectos”.

“A pesar de la sentencia de la CorteIDH, la situación no ha cambiado. Amparadas en el derecho internacional, todas las comunidades garífunas han condenado al Estado, pero esto todavía no tiene resultados, pues el Estado no ha cambiado su forma de accionar en esta situación”, concluyó.

Las organizaciones exigen al estado de Honduras respetar el derecho a la consulta previa establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en 2005,  para hacerse escuchar cuando proyectos de desarrollo pretenden instalarse en sus territorios. —Noticias Aliadas.

Fuente: http://noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7334