Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El departamento de Tolima, en el corazón de Colombia, es un punto clave en el pulso entre dos modelos antagónicos de país: por una parte, un modelo cortoplacista, insostenible y destructivo del medio ambiente y las comunidades, el cual es contenido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional. Aunque se maquille a este plan con fraseología “verde” y socialdemócrata, es evidente la continuidad de las políticas favorables a la agroindustria, el extractivismo despojador, y la concentración de tierras y capitales[1]. Por otra parte, están las comunidades que mantienen una férrea y digna defensa del agua, de la vida, del medio ambiente, de la vocación agrícola de los territorios tolimenses, así como de la necesidad de pensar un desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades, a largo plazo y respetuoso del medio ambiente.

Esta disputa se manifiesta concretamente en la resistencia de las comunidades a los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que impulsa el gobierno en el departamento. Todos ellos están íntimamente ligados, pues los siete proyectos hidroeléctricos que se están planteando para el sur de Tolima tienen por fin aparente alimentar la enorme demanda energética de megaproyectos mineros como La Colosa por parte de la AngloGold Ashanti (la cual ha copado el 60% del territorio del municipio de Cajamarca -30.440 hectáreas-, con 21 títulos mineros)[2]. A este escenario, el pueblo tolimense ha opuesto una amplia y extendida resistencia que hoy en día va dando frutos en propuestas de desarrollo alternativo como la figura de Zonas de Reservas Campesinas que sustentan las asociaciones campesinas tolimenses.

Ibagué en la mira de la megaminería

El tema de los megaproyectos no es un asunto que amenace tan sólo a los sectores rurales, alejados de las urbes. Ibagué, el cual anualmente desde el 2009 ha sido escenario de las multitudinarias marchas-carnavales contra la minería y en defensa del agua y la vida, es, literalmente, un municipio en concesión para la explotación del oro, cobre, plata, platino, plomo y zinc. El 30% del territorio del municipio, según las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, se encuentra repartido en 99 títulos mineros otorgados con un área de 42.712 hectáreas, más 44 títulos mineros solicitados con un área de 33.251 hectáreas, es decir el 23% del territorio total del municipio. De estos, 27 títulos son propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti con un área de  31.354 hectáreas (73,4%), 1 título es de la Continental Gold Ltd con un área de  4.223 hectáreas (9,9%) y 3 títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A. con un área de 2.752 (6,4%) y 68 títulos son propiedad de otras empresas con un área de  4.382 hectáreas (10,3%).

Estas concesiones se encuentran en la cuenca del rio Combeima, que registra 39 títulos otorgados con un área de 7.595,4 hectáreas (27,7%  del total), incluyendo la zona aledañas a la bocatoma del Ibal y la quebrada Cay. A apenas 17 kilómetros del casco urbano de Ibagué, en el domo del volcán Machín, se registra 1 título minero otorgado con un área de 160,5 hectáreas (37,2% del domo), más 2 títulos mineros solicitados con un área de 269,7 hectáreas (62,8% del área total del domo). Tampoco se salvan los páramos, donde se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297,2 hectáreas (30,4% del área total de páramos).

En respuesta a esta locura extractivista, se vienen adelantando una serie de iniciativas populares, como la Consulta Popular, iniciativa aprobada por el Concejo Municipal en febrero pasado, mediante la cual se preguntaría a la población la siguiente pregunta “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”[3]. También se volverá a realizar, este 3 de Junio, una nueva Marcha Carnaval en la cual se espera que, una vez más, miles de personas expresen su defensa del territorio y del agua, llenando de colores las calles de la capital departamental[4].

Títulos mineros Ibagué

Cabildo Abierto en la Marina (Chaparral) en contra de la hidroeléctrica en el río  Ambeima

Con la presencia de diputados de la asamblea departamental, del alcalde chaparraluno Humberto Buenaventura y del consejo en pleno, y en medio de una fuerte militarización del territorio, se realizó el día 27 de mayo un cabildo abierto en La Marina al cual asistieron más de 800 personas procedentes de diversos corregimientos del municipio (El Limón, Amoyá, Las Hermosas, Calarma), así como del municipio de San Antonio. Indígenas, campesinos, representantes de asociaciones –incluida una importante delegación de ASTRACATOL- y de algunas ONGs se dieron la mano para dar un rotundo rechazo a la realización de un proyecto hidroeléctrico a filo de agua en el río Ambeima, el cual pretende realizar la empresa Energía de los Andes SAS. Es de destacar que las autoridades hicieron eco del clamor popular que busca defender el río y las comunidades que viven en su entorno, expresando su rechazo a esta iniciativa.

La oposición a este proyecto es fruto de la experiencia directa de los campesinos desde que en el 2010, CORTOLIMA otorgó la licencia para desarrollar un proyecto hidroeléctrico a filo de agua en el río Ambeima. Este proyecto ha recibido un fuerte rechazo de la comunidad y ha sido acompañado de una fuerte militarización del territorio y de importantes violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos del Batallón de Infantería XVII “José Domingo Caicedo”, adscrito a la Sexta Brigada, así como de fuerzas paramilitares allegadas al batallón. En el marco de esta militarización del territorio, fueron asesinados en el 2011 los dirigentes de la asociación campesina ASTRACATOL, Héctor Orozco y Gildardo García y han sido arrestados varios miembros y dirigentes de esa misma asociación, todos reconocidos por su oposición al proyecto[5].

En diversas intervenciones, la problemática del río Ambeima se vio reflejada en el espejo de la represa en el cañón de Las Hermosas, realizada por ISAGEN –hoy en manos de la multinacional canadiense Brookfield- hace ya algunos años. En un informe realizado por ILSA y ASTRACATOL (2014)[6] se constataron algunas afectaciones que se sufrieron en el cañón a raíz del proyecto de Hidroamoyá: represión a líderes populares que llevó a la captura y judicialización de 17 líderes comunitarios, con una impresionante militarización del territorio; descomposición social a todo nivel por el influjo de personas extrañas y del mismo ejército; 7 especies de peces han desaparecido del río más debajo de la represa; 16 especies de mamíferos y aves también migraron de esa región; en 10 veredas, se secaron 70 fuentes de aguas –esas quebraditas que dan vida a las laderas de los montes y a las fincas del campesino, afectando no solamente al medio ambiente sino que a la capacidad productiva de las fincas, la cual se redujo en un 40%, con fincas que si antes daban 100 cargas de café, ahora están dando a lo sumo 60. También la empresa engañó a la comunidad con las promesas sobre regalías. Se partió hablando de 2.500 millones de pesos en regalías y hoy se está hablando de menos de 600, mientras las carreteras, los puestos de salud y las escuelas se siguen encontrando en un estado deplorable. De cara a la experiencia de Las Hermosas, la comunidad de La Marina tiene buenas razones para no esperar sino lo peor del proyecto en el río Ambeima.

La militarización que busca neutralizar los frutos de la resistencia

Pero así como los campesinos de La Marina se ven reflejados en la situación de Las Hermosas, también se pueden ver reflejados en las luchas del pueblo de Planadas, que se opuso decididamente al proyecto de Hidroplanadas que pretendía realizar la empresa CINETIK SAS sobre el río Ata, con contundentes acciones que incluyeron la masiva marcha de noviembre del 2013, que congregó a unas 10 mil personas en Planadas. Todas estas acciones, así como la oposición sistemática en las audiencias, llevaron a que CORTOLIMA finalmente negara la licencia para realizar este proyecto hidroeléctrico en el 2015. La oposición popular se ha visto fortalecida luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la norma del código minero que impedía a las autoridades locales oponerse a cualquier proyecto minero[7], lo que sienta un precedente para que la presión popular sobre las autoridades se haga extensiva a otra clase de megaproyectos, como las hidroeléctricas –las cuales, como hemos dicho, están en todo caso íntimamente ligadas a la minería.

La militarización de La Marina en los días previos, durante y después del cabildo abierto fue posible gracias al cese al fuego unilateral de las FARC-EP: el ejército, que desde hace unos años apenas se atrevían a asomarse por la región por miedo a los duros golpes que la insurgencia les venía propinando, han aprovechado este gesto de los guerrilleros para copar el territorio. Esta militarización es sintomática de la visión que el gobierno tiene del post-conflicto. ¿Cuál es el propósito de militarizar un territorio en el cual las FARC-EP no han realizado ninguna acción militar hace un año y medio, y en la cual no existe ningún problema de orden público? La clave la podemos encontrar en una reflexión de Alfredo Molano, quien dice que “se habla de mantener la combatividad de las FF. AA. (…) la razón fundamental es que, terminado el conflicto armado, los conflictos sociales se mantendrán vivos y para esa eventualidad el Ejército debe prepararse y la Policía fortalecerse”[8]. Tampoco es casual que miembros de ASTRACATOL y de Marcha Patriótica en Tolima estén recibiendo nuevamente amenazas por parte de paramilitares escudados bajo las siglas de las AUC y como Águilas Negras, los cuales no sería raro que estuviesen operando amangualados con la llamada Fuerza Pública –no es novedad que donde haya intereses por parte de empresas extractivistas y de multinacionales, aumenten las agresiones y las violaciones en contra de las organizaciones populares. Todo esto apenas evidencia la necesidad existente de fortalecer la resistencia y la movilización popular en contra de este modelo de desarrollo destructivo e insostenible.

Pero esta no es una lucha aislada del pueblo tolimense. Por doquier se aprecian en el territorio colombiano las nefastas consecuencias de este modelo de desarrollo: en el Casanare, en la Guajira, en todas partes. El gran desafío sigue siendo la articulación de estas luchas y resistencias a nivel regional y nacional, así como el paso del rechazo a la formulación de un proyecto de desarrollo alternativo que nazca desde los territorios. Las organizaciones populares que en diversos escenarios han venido trabajando sus planes de vida arrojan una importante luz en este sentido. En el Tolima, ASOHERMOSAS ha desarrollado un plan de vida integral que es ejemplar y demuestra que desde los sectores populares no estamos cortos de ideas para construir e impulsar un modelo alternativo que tenga por eje el bienestar de las comunidades y del medio ambiente. También en el sur de Tolima, las asociaciones campesinas están hoy abocadas al desarrollo de una Zona de Reserva Campesina. Desde los territorios se puede aportar a la elaboración de un proyecto, a nivel nacional, de una Colombia en la que quepan muchas Colombias, proyecto que requerirá del concurso de todas y de todos, de creatividad, de ingenio, de compromiso, de imaginación y capacidad propositiva, pero también de firmeza, organización y capacidad de lucha para enfrentar a las fuerzas dispuestas incluso a recurrir a la violencia para evitar que la vida se imponga por sobre el afán de lucro.

Fuente: http://www.cric-colombia.org/portal/tolima-el-corazon-de-la-disputa-por-los-territorios-y-la-resistencia-a-los-megaproyectos/