Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Ad portas de que la Corte Suprema de Justicia defina la suerte del líder nasa condenado a 18 años de prisión por el delito de secuestro, desde su territorio habla de los interrogantes sobre la ley que debería aplicarse a los indígenas que se han enfilado en las Farc.

En mayo pasado, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron absolver a Valencia, argumentando que su caso lo debe resolver la justicia indígena.
/ Sonia Cifuentes – Asociación Minga

Al líder indígena Feliciano Valencia Medina intentaron cortarle el pelo en la cárcel San Isidro de Popayán. Cuando estuvo detenido durante dos meses, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quiso aplicarle la misma norma que cobija a los presos mestizos, como una forma de mantener la disciplina carcelaria, higiene, seguridad y prevención ante una probable fuga. Pero imperó la justicia indígena, que detuvo tal exabrupto para la cosmovisión de los nasas del norte del Cauca. No le cortaron el pelo y luego le permitieron purgar la pena en su territorio.

El lunes pasado lo encontramos allá, en el resguardo Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao (Cauca), a donde fue trasladado en noviembre de 2015. Con su cabello intacto. Indio, largo y liso. Encima un sombrero de fique y de su cuello descolgaba un collar bordado por indígenas Kamsá, que tiene la figura de un tigre. Hoy espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tras presentar un recurso de casación luego de que el Tribunal Superior de Popayán lo condenara a 18 años de prisión.

Lo acusaron del delito de secuestro contra el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, porque el 14 de octubre de 2008 la Guardia Indígena los retuvo a él y a otros soldados que se infiltraron con armamento en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrolló ese año en el resguardo La María, en Piendamó (Cauca). El castigo fueron 20 latigazos. Y la justicia acusó a Valencia de ser el promotor de tal juicio.

Ahora está hablando de posconflicto. En una tarima improvisada en la vereda Santa Lucía de este resguardo, frente a más de 800 comuneros. En su discurso comenta algunas salvedades que tienen los indígenas frente al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

Con Colombia2020 habló sobre la justicia transicional que tendrán los guerrilleros de las Farc que dejarán las armas en los próximos meses. En el norte del Cauca, donde hay más de 103.000 indígenas nasas, está trabajando en temas de justicia indígena en el contexto de paz. Valencia dice que los indultos para los indígenas que están en las filas de la guerrilla aún no están contemplados dentro de su justicia propia. También habla del futuro que tendrán los guerrilleros aborígenes en el movimiento social y del modelo de justicia que proponen para no seguir chocando con la justicia ordinaria, cuando en La Habana se habla de un tribunal especial para la paz. Este diario conoció que una comisión de La Habana viajaría al resguardo La María, para llegar a acuerdos sobre esta materia.

Usted estuvo en una cárcel ordinaria, luego la Procuraduría y la Fiscalía pidieron su absolución, ¿qué mensaje le envía al país ?

Situaciones así no se pueden repetir. Es un precedente muy preocupante para la construcción de paz. Se habla de un tribunal de justicia transicional donde habrá jueces que van a definir delitos, penas y sitios para guerrilleros, milicianos y comandantes, pero nosotros, que hemos sido constructores de paz y nos la hemos jugado como le consta al país, nos vemos abocados a este tipo de situaciones. Preocupante, porque ellos transarán entre cinco y ocho años, y a mí me pesa una condena de 18 años por un delito que no cometí. Por ejercer algo que hemos hecho milenariamente los indígenas.

¿El movimiento indígena tiene propuestas para superar choques entre la justicia propia y la ordinaria?

Tres propuestas. Una, el diseño, la construcción y la puesta en marcha de una ley de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria. Segunda, que nuestra justicia pueda operar de manera eficaz, rápida y efectiva, y eso sólo se logra con recursos. Estamos pidiendo presupuesto a la nación, pero no pasa nada. Y, tercera, tiene que haber un proceso de formación a los operarios de la justicia ordinaria, para que entiendan nuestra lógica de hacer justicia.
Se viene la justicia transicional, un mecanismo especial que tendrá el Gobierno para juzgar a los guerrilleros que dejen las armas. ¿Qué pasará con la justicia indígena?

Es claro ante la norma y ante nosotros que los gobernadores indígenas en este momento son nuestros jueces naturales. Se va a poner en vigencia un Tribunal de Justicia Transicional, pero no han invitado a nuestros jueces. Hay una jurisdicción especial de paz que va a trabajar de manera paralela a la jurisdicción especial indígena, pero no hay un puente que transitoriamente nos ponga a conversar. Entonces se vienen preocupaciones como estas: en el marco de ese proceso de negociación, ¿qué jurisdicción va a aplicar para el caso de los guerrilleros, milicianos y mandos indígenas? Porque muchos viven en el territorio, están en el territorio y seguramente se quedarán aquí. Segundo, ¿dónde van a pagar sus penas? ¿En las cárceles, en las granjas de resocialización o en los centros de armonización? Y tercero, una vez desmovilizados los guerrilleros, ¿se quedan con el movimiento político que se acuerde en La Habana o regresan a las comunidades y se vinculan a la vida comunitaria?

¿Y si deciden quedarse con el movimiento político que surja del proceso de paz?

Eso no está claro y tenemos que conversarlo, porque si deciden quedarse allá, no obstante ser indígenas, nos tocaría pensar qué pasa con sus derechos como indígenas al renunciar a nuestro proceso. Temas como esos nos preocupan y se tienen que hablar en la jurisdicción especial de paz y en el tribunal de justicia transicional. El problema es que si no estamos invitados, cómo ponemos esos asuntos y elaboramos rutas para no chocar en ese ejercicio.

Hay guerrilleros indígenas que fueron condenados por la justicia propia a penas, hasta de 60 años. Según se ha dicho, la figura del indulto y la rebaja de penas estarían contempladas en los acuerdos de La Habana.

La lógica de la justicia en Colombia es que no se actúa sobre cosa juzgada. Para el caso de los que ya han sido juzgados por la justicia indígena, ya es cosa juzgada, eso no se puede reversar en el tribunal de justicia transicional. La pregunta es si eso lo van a tener en cuenta, o sea, no van a meterse con los guerrilleros y milicianos que la justicia indígena ha condenado. Si es así, los guerrilleros que ya fueron condenados por nuestra justicia no entrarán a hacer parte del tribunal de justicia transicional.

¿Han pensado aplicar indultos en el marco de esa justicia indígena para los guerrilleros indígenas? ¿O qué modelo aplicarían?

Hasta ahora no se ha considerado el tema de los indultos. Lo que está considerado es una revisión de los procesos de los que están en las cárceles del país, para ponerlos a consideración nuevamente de la asamblea, no para indultarlos, sino para mirar la posibilidad de una rebaja de penas. Hasta ahí se ha hablado, pero indultarlos no, en este momento.

Entonces, ¿el movimiento indígena cómo ve el modelo de justicia pactado en La Habana?

Nosotros no nos vamos a meter en ese asunto porque es un resultado del proceso de negociación de ellos, Farc y Gobierno, pero sí vamos a dejar el precedente de que lo que se pacte en La Habana no entre a suplantar los procesos que nosotros hemos construido. Por eso hay una comisión étnica en este momento sentada en La Habana, para hacer todos esos procesos. Si al menos no se pueden reversar cosas, dejar constancias y salvaguardas.

Pero ahí entran a chocar con la justicia transicional.

Claro, se presentaría un choque. Los que están en este momento en la cárcel de San Isidro juzgados por la justicia indígena ya están diciendo que los cabildos los tienen que sacar, porque ellos ya quedan cobijados con el proceso de La Habana. Nosotros decimos que ya es cosa juzgada y se quedan allí.

¿Los indígenas guerrilleros que se desmovilicen entrarían al modelo que adopte la justicia indígena?

Eso es lo que nosotros estamos pidiendo: claridad. O los acoge la justicia transicional o los entregan a la justicia indígena. Sobre eso ni las Farc ni el Gobierno se han pronunciado. Vamos a ver qué criterios se van a construir en la justicia transicional. Por eso estamos alegando que nuestros jueces naturales debían ser convocados al tribunal de justicia transicional.

Fuente:  El Espectador