Es comúnmente conocida la función social que deben cumplir los medios de comunicación: informar a su población de forma amplia y objetiva acerca de los acontecimientos trascendentes que la implican. No obstante, es conocido también el hecho de que asistimos a una época neoliberal en la que por encima de dicha función priman los intereses económicos, políticos y culturales de los entes y personajes privados que dominan y dinamizan la información que desde estos medios es transmitida.

 

Para el caso colombiano, gran parte de la información que se emite a la población es canalizada por los medios masivos de “comunicación”, entidades privadas regidas en general por los intereses económicos y políticos de las empresas y corporaciones que los financian, y de los personajes a los cuales pertenecen (está el caso de Carlos Ardila Lulle con RCN y Julio Mario Santo Domingo con Caracol). Este carácter privado de la información que se privilegia en nuestro país conduce, entre otros, a que se instaure una única versión (por demás burocrática) de los hechos sociales que alimentan la mal llamada opinión “pública”.

Por opinión pública podemos entender el conjunto de opiniones, actitudes y posiciones de pensamiento de los individuos de una sociedad, que se fundamentan en los hechos sociales y políticos que las animan. A de tenerse en cuenta en este punto que en nuestro país la interpretación y valoración de los hechos sociales y políticos pasa en gran medida por el filtro eficaz de los Mass Media y su publicidad, lo que conlleva a que las opiniones, actitudes y posiciones sociales de la mayoría que conforman la opinión “pública”, tiendan a entremezclarse y así confundirse con el ámbito privado de las cosas, conformando una versión burocratizada y consumista de la opinión social.

De ahí que sea un tanto ilusorio pensar que en Colombia la opinión “publica” sea realmente pública, ya que ésta es ostensiblemente dirigida y manipulada por los distintos medios masivos de “comunicación” desde los intereses particulares de sus dueños y sus aliados políticos y económicos.
Estas hipótesis anteriores nos sirven para esclarecer de cierta forma por qué en Colombia hay múltiples realidades sociales de carácter trascendente que escapan a nuestro saber. Existen ciertos acontecimientos y/o factores sociales, políticos, ambientales, e incluso estéticos que no convienen ni coinciden con el “modo de ver el mundo” neoliberalizado de los grandes ricos y empresarios del país, amos de los medios comunicacionales de mayor rango de recepción.

Realidades ignoradas, acontecimientos tergiversados con lenguajes persuasivos, emisiones saturadas de información, mujeres entes que sólo exhiben su desnuda carnalidad, políticos canallas que se lavan sus manos sangradas, corrupciones acalladas, objetos de consumo a borbotones, y miles de entes idiotizados ante la pantalla, son algunas de las titererías que velan, tergiversan e ironizan las violencias que se viven a diario en las casas, en los barrios, en las comunidades étnicas y campesinas, en nuestros territorios ancestrales.

La comunicación a manos privadas se constituye en una perpetuación simbólica de la violencia que está incrementando la indiferencia; un modo de control social perverso y egoísta que indiscriminadamente acaba con la diversidad de la vida y la realidad cultural, para convertirlas en una sola manada manejable y sin cabeza.

Por: Ana Carolina Herrera