Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Los juicios debieron arrancar en septiembre del 2009, pero no han sido instalados.

El 4 de marzo del 2008, Eduardo Garzón Páez y Daniel Andrés Pesca salieron del sur Bogotá hacia Cimitarra (Santander), persiguiendo una oferta de trabajo. Al día siguiente fueron reportados como ilegales dados de baja en combates con tropas del batallón Rafael Reyes. Se espera que este viernes, más de tres años después, una jueza de Bucaramanga decida si el coronel Wilson J. Castro, el teniente Eduar Antonio Villany, el sargento Jesús Eduardo Niampira y el soldado Guillermo Pacheco son culpables del delito de homicidio.

La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condena por desaparición forzada, homicidio agravado, peculado y falsedad ideológica en documento público, en un proceso que ha tenido al menos seis aplazamientos, que suman meses.

Aun así, el de Garzón y Pesca es el único caso entre los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha que ha logrado avanzar en los estrados. Otros cuatro expedientes que comprometen a medio centenar de militares en la muerte de otras 15 personas reclutadas en Soacha, y que corrieron la suerte trágica de los dos de Cimitarra, están en audiencias preparatorias.

Esta es la fase previa al juicio, en la que apenas se enumeran las pruebas de Fiscalía y Defensa. Por esa demora, solo cinco de los 60 uniformados que en el 2009 fueron detenidos por el mayor escándalo en la historia reciente del Ejército siguen presos. La mayoría recuperó su libertad hace 14 meses, por vencimiento de términos.

En junio del 2009, la Fiscalía acusó a uniformados de dos unidades de Norte de Santander por los supuestos asesinatos fuera de combate de nueve de los jóvenes de Soacha. Los juicios debieron haber arrancado máximo en septiembre de ese año, pero eso no ha pasado.

A pesar de que se trató de un caso emblemático que llevó incluso a una histórica purga militar (salieron 27 militares, entre ellos tres generales), el retraso acumulado ya va a completar dos años, en buena medida por maniobras de la defensa (ver críticas de la Fiscal a Defensoría Militar).

En el caso de Elkin Gustavo Verano, desaparecido el 13 de enero del 2008 y muerto dos días después en el Catatumbo, la Jueza Segunda Penal de Cundinamarca lleva año y medio tratando de concluir la instalación del juicio.

Ese trámite estaba programado para arrancar, finalmente, el 20 de mayo pasado. Pero el primer día el abogado de uno de los investigados se enfermó; al día siguiente otro de los defensores presentó una nueva excusa médica. Y este martes, cuando llegaron todos los abogados, le pidieron a la jueza que se declarara impedida, con el argumento de que llevaba otro de los casos de los ‘falsos positivos’ (el de Faír Leonardo Porras), y supuestamente ya había sentado una posición frente al tema.

La juez rechazó el recurso, pero se vio obligada a levantar la audiencia hasta el 21 de junio. Lo más probable es que este tema, que es de mero trámite, vaya al Tribunal Superior de Cundinamarca. Así las cuentas, podrían pasar otros dos meses.

Los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo y la Organización Minga, que representan a las víctimas, cuestionan además que hay seis casos -los de Steven Valencia, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo, Diego Martín, Dubian Soto y Mario Alexánder Arenas- que apenas están en investigación. También vivían en Soacha y en el 2008 aparecieron muertos en Ocaña.

Las armas no servían

Las pruebas del único caso que han avanzado

El reporte de la Operación Marfil, supuestamente realizada por el Batallón Rafael Reyes en marzo del 2008 en la vereda Brasil de Cimitarra (Santander), decía que las tropas tuvieron que disparar 45 veces para dar de baja a dos supuestos delincuentes comunes.

Pero en el sitio donde murieron Eduardo Garzón y Daniel Andrés Pesca los investigadores de la Fiscalía solo hallaron 3 vainillas.

Además, el CTI comprobó que las armas que llevaban las víctimas no fueron disparadas y ni siquiera servían.

La descripción del combate tampoco coincide con la trayectoria de los disparos, lo que llevó a la Fiscalía a hablar de un falso combate.

Un coronel, el último capturado

La más reciente captura por ‘falsos positivos’ es la del coronel retirado Óscar Orlando Gómez Cifuentes, ex comandante del batallón Efraín Rojas Acevedo de Vichada, detenido la semana pasada en Bogotá. Deberá responder por la muerte de dos personas en zona rural de Cumaribo, que fueron presentadas como miembros de una organización ilegal, a mediados de diciembre del 2006.

La Fiscalía estableció que las dos víctimas fueron entregadas vivas a hombres del batallón Rojas por integrantes de la banda Erpac, que delinque en esa región. Habrían sido asesinadas momentos después sin que hubiera ocurrido combate alguno.

La Fiscal cuestiona la Defensoría Militar

La fiscal Viviane Morales le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que investigue supuestas prácticas dilatorias de la Defensoría Militar (Demil) en los ‘falsos positivos’.

Morales dijo que por reparos injustificados de las defensas se están afectando los procesos, y advirtió sobre las implicaciones internacionales de esa demora. “Acuden al cambio de abogados para dilatar los casos; eso se ha vuelto costumbre en los procesos en los que interviene Demil”, añadió Morales.

Pidió a la Judicatura, en una carta, “que ponga fin a esas prácticas de deslealtad procesal” en los procesos de las ejecuciones extrajudiciales y el crimen de tres menores en Arauca.

El lunes, la Defensoría Militar emitió un comunicado en el que respalda a sus abogados y pide a la Fiscal que no generalice y que puntualice con nombres y fechas sus acusaciones. “Rechazamos tajantemente el manejo mediático y la falta de oportunidad para defendernos”, señala la Defensoría Militar.

Sair Buitrago Medina
Redacción Justicia

www.eltiempo.com