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La declaratoria de emergencia fue hecha por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) para llamar la atención del Gobierno por la serie de crímenes contra los indígenas. En lo corrido del año 16 han sido asesinados en Antioquia por las bandas criminales y las guerrillas.

“Nosotros nos queremos morir de viejos”, dice Iván Meléndez Santacruz, un indígena de la etnia Tule y consejero de la política de salud de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en medio de una multitud de nativos que participan en Medellín en una minga por la vida.

“Queremos morirnos de viejos”, repite el indígena Tule. “Por ello pedimos que nos respeten nuestra autonomía, nuestra gobernabilidad, nuestros derechos”.

Y es que las palabras de Meléndez tienen un dejo de reclamo porque se expresan justo cuando la OIA acaba de declarar la emergencia humanitaria en sus áreas de influencia para enfrentar los crímenes que se están perpetrando contra sus dirigentes y contrarrestar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se cometen en contra de las comunidades.

Según Mariano Guerra, asesor jurídico para asuntos de derechos humanos y DIH de la OIA, la declaratoria de emergencia humanitaria se sustenta en los 16 homicidios perpetrados contra sus líderes entre los meses de febrero y julio de este años en las subregiones del Bajo Cauca, Urabá y Suroeste de Antioquia por grupos armados ilegales.

“Los Rastrojos nos han asesinado doce indígenas del pueblo Senú en el Bajo Cauca; en Urabá, la guerrilla nos ha asesinado a un líder Embera Katío y los paramilitares dos más; y en el Suroeste también fue asesinado un Embera Katío por paramilitares”, describe Guerra, quien no duda en calificar la situación como una tragedia humanitaria.

Frente a esta crisis, dice el jurista, la OIA está haciendo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se tomen medidas eficaces para proteger a los líderes indígenas y a sus comunidades, pero no se han quedado quietos. Parte de la estrategia para afrontar la situación fue declarar la emergencia humanitaria, que incluye a 30.120 indígenas de las etnias Kuna, Tule, Zenú y Embera, distribuidos en 167 comunidades que conforman 46 resguardos en 32 municipios de Antioquia.

“La emergencia humanitaria nos permite adoptar varios mecanismos, entre ellos adelantar proceso de denuncia nacional e internacional e interlocutar directamente con todos los actores armados, llámese guerrillas, llámese paramilitares”, explica Guerra.

William Carupia, de la etnia Embera y presidente de la OIA, complementa la explicación del asesor jurídico: “nos declaramos en emergencia humanitaria para alertar sobre la situación de los pueblos indígenas en Antioquia y para que el Gobierno nacional nos dé garantías y soluciones, pero no solo con el incremento de la Fuerza Pública. La seguridad pasa por asuntos como la producción de alimentos, la educación y salud. Sobre eso es que debemos discutir”.

Una de las estrategias de alerta es la realización en Medellín de la Minga por la vida de los pueblos indígenas de Antioquia, que reúne a por lo menos mil nativos provientes de los 32 municipios del departamento donde tienen sus resguardos. Aida Suárez, de la etnia Zenú y consejera de Gobierno de la OIA, explica que a través de este encuentro regional  se quiere “expresar la preocupación que tenemos los indígenas por las frecuentes violaciones de derechos humanos contra nuestra dirigencia y nuestras comunidades”.

Para esta consejera, los 16 indígenas asesinados durante el 2011 es “una cuota muy alta que hemos colocado en todo este proceso organizativo para defender nuestro territorio, nuestra educación, nuestra salud”.

Suárez resalta que dentro de las comunidades atacadas, las mujeres están siendo directamente afectadas: “primero, porque sus hijos son reclutados por uno u otro bando; segundo, porque quedan viudas y deben enfrentarse todos los días al sostenimiento de un hogar; y tercero, porque se sienten amenazadas y amedrentadas por los grupos armados”.

Buena parte de la explicación a los asesinatos de indígenas de este último año obedece a la resistencia de gobernadores y líderes nativos que oponen para evitar que en sus territorios ancestrales se siembre hoja de coca, fenómeno que se ha venido incrementando en las subregiones del Bajo Cauca y Urabá, donde han muerto 15 de los 16 indígenas reportados como asesinados.

“En este momento hay una presión de los grupos armados ilegales, tanto la guerrilla como los paramilitares, para que los indígenas permitan que en sus territorios se siembre hoja de coca”, reconoce Meléndez.

La Consejera de Gobierno de la OIA también admite el problema: “el cultivo de hoja de coca es, hoy, una de nuestras grandes dificultades, últimamente nos ha venido atropellando y  ha sido uno de los motivos de disputa en nuestro territorio”. El asunto se complica, según esta consejera, porque en ello se están reclutando jóvenes de las comunidades.

Al respecto, Gerardo Jumí, de la etnia Embera, exsenador de la República y actualmente Asesor del Programa Presidencial para Pueblos Indígenas, reconoce que hay denuncias de reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, a quienes los narcotraficantes los obligan a trabajar en varios oficios: “cultivar hoja de coca, raspachines y cargueros”. Según el excongresista, por esos vínculos varios indígenas han sido capturados y procesados judicialmente.

“Es muy grave lo que ocurre en Antioquia, no sólo por la cantidad de asesinatos, sino por las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones que se cometen contra el Derecho Internacional Humanitario. Por eso tiene toda validez la protesta indígena y son justos los reclamos de una protección de sus derechos fundamentales”, afirma Jumí.

Meléndez, por su parte, reitera el llamado que promueve la Minga por la vida: “estamos diciendo no a la militarización, no a la presencia de grupos armados, legales o ilegales, en nuestros territorios”. A su juicio, la presencia de organizaciones criminales en sus resguardos, así como del Ejército, “trae consecuencias, persecuciones y amenazas para todos nosotros”.

La situación que describe este consejero se vio reflejada el pasado mes de enero, cuando el Ejército bombardeó territorios indígenas del Alto Guayabal, zona de resguardo entre los municipios de Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó), tras evaluar que en la zona había campamentos de la guerrilla de las Farc. En el operativo murió un bebé de 20 días de nacido y le causó lesiones a cinco indígenas, dos de los cuales quedaron con lesiones de por vida.

Para intentar resolver parte del problema, el Presidente de la OIA le propondrá al Gobierno Nacional la adopción de programas de erradicación manual de la hoja de coca en los territorios indígenas. “Nosotros no permitimos que hagan fumigaciones aéreas porque nos envenenarían el territorio y acaban con los recursos naturales. Lo que sí permitimos es la erradicación manual, pero coordinada con nuestras autoridades y complementada con nuestro conocimiento tradicional”.

Con medidas como la declaratoria de la emergencia humanitaria y la iniciativa de la erradicación manual de la hoja de coca, los directivos de la OIA esperan abrir un diálogo directo con el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y concertar salidas eficaces a la crisis de las comunidades indígenas en Antioquia y les permita, como insiste Meléndez, morirse de viejos.

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