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El paquete chileno: elementos para analizar la crisis de la educación superior en Colombia

La ministra y el viceministro de educación se empeñan en descalificar la protesta estudiantil aduciendo que el proyecto de ley 112 fue concertado con la comunidad universitaria. Insisten en que se hicieron foros y se habilitaron espacios virtuales.Declaran que la muchachada está desinformada. Sin embargo el rechazo a la iniciativa gubernamental se crece y se multiplica. Las voces de los funcionarios chocan, incluso, con las de muchos rectores que controvierten la reforma, dejando por sentado que no solo es insuficiente en materia de financiación sino que busca desmontar la universidad pública a través de la diversificación de las fuentes de sostenimiento, acorde con el fracasado modelo chileno.

Ahora la reforma está en las calles. Allí, donde vive la democracia de a pié, en medio de la vigilancia policial, gases lacrimógenos, bolillos y estertores propios de un conflicto que desnuda el carácter tecnocrático de un régimen que a cambio de deliberación se enroca en las falacias de la publicidad engañosa sobre las bondades de una ley que de ser aprobada por la “Unidad Nacional”, tal como pretende el gobierno, dejará a la educación superior en manos de las señales del mercado vía crédito educativo, competencia entre las instituciones por recursos, incentivos a la excelencia y lo peor para el profesorado: libertad a cada centro educativo para que se las arregle salarial y laboralmente. La reforma tiene los mismos ingredientes del paquete chileno que hoy hizo añicos el modelo de educación superior.

En realidad el proyecto de ley 112 que reforma la ley 30, hace parte de las políticas desarrollistas de la llamada economía y sociedad del conocimiento (Drucker, 1992) las cuales – desde 2008-  naufragaron tras el estallido de la burbuja financiera que hoy tiene a miles de jóvenes profesionales tomándose parques  y calles de las otroras ciudades espejos. Los indignados que  marcharon este fin de semana en más de 800 ciudades de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina son las víctimas de este fraude institucional: por la vía de la intermediación financiera obtuvieron créditos para hacer sus pregrados y postgrados y hoy no tienen oferta de empleo, como también sucede en Colombia, y los que  tienen son de baja calidad y remuneración. Total, quedaron atrapados en las redes perversas de la bancarización de sus  vidas.

La movilización de la juventud  chilena por educación gratuita que hoy los tiene discutiendo en los principales foros mundiales, constata que  la privatización de la universidad por esta vía, además de los cuasi mercados que se crean al interior de la misma, transforma lo que  ha sido un derecho, en una mercancía, tal como lo argumenta Nussbaum en unos de sus más recientes textos: Sin fines de lucro (1). “Colombia no necesita una reforma, sino una revolución de la educación en todos los niveles. Los estudiantes tienen razón en luchar contra el peligro de una mayor privatización, pero deberían orientar su acción hacia la conquista de una educación nueva, no orientada apenas a la productividad y a la competitividad, palabras que embrujan a los funcionarios”, escribió ayer William Ospina.

No es para la competitividad, ni la globalización como lo enuncia la ministra-empresaria sino para resolver los problemas de equidad y  desigualdad, por lo tanto,  que se requiere una política social como resultado de una construcción colectiva, desde el constituyente primario, en este caso con la participación directa y autónoma de los estamentos de la Universidad colombiana. Hoy más que nunca se requiere “el pensamiento crítico para el accionar independiente y para el desarrollo de una inteligencia resistente ante el poder de la autoridad y las tradiciones  ciegas” (Nussbaum, 2010).  Esta acción, por supuesto, es más plausible que la ceguera gubernamental y la racionalidad de los tecnócratas y expertos nacionales e internacionales. El modelo de “democratización” también se agotó al punto que hoy el Secretario de Naciones Unidas llama a los políticos  escuchar la voz de los jóvenes.

La asimetría de visiones, apenas lógica, abre finalmente el debate acerca del modelo de sociedad y desarrollo que se pretende consolidar desde la educación superior. La política educativa, así concebida, busca construir vidas humanas como instrumentos para la obtención de utilidades del mercado, en el ideal neoliberal del capital humano. El arquetipo de Silicon Valley, trasplantado a Colombia por los cyborg de la política pública sueña con transformar los campus  universitarios en zonas francas del conocimiento, y no propiamente en espacios para la formación ciudadana, la equidad y la justicia social.

En el plano doméstico nuestra universidad experimenta los primeros amagos de una crisis acumulada tras poner en marcha una agencia que masificó la cobertura bajo el paradigma de la diversificación de fuentes de financiamiento que, según voces calificadas de la Asamblea de Profesores, presentaría para el próximo año un déficit superior a los $ 4 mil millones. Esta misma agencia creo efectos perversos a título de la eficiencia: en menos de 10 años más del 80% de los profesores son contratistas que vivimos bajos condiciones injustas de explotación, propias de la flexibilización laboral, deteriorando ostensiblemente el desarrollo de la profesión docente (2) y con ella ingresando al escabroso  mundo de la incertidumbre y el miedo. En este contexto apenas es comprensible que muchos docentes temporales hagan lo que hace  el avestruz. La acción colectiva frente a las demandas profesorales se enfrenta con el muro invisible de las preferencias personales, desmantelando la idea de comunidad académica.

Las aristas políticas, financieras, sociales y culturales de la reforma son el caldo de cultivo más espectacular que hayamos visto en las últimas décadas, en el  contexto de la crisis  global y regional. Estamos a un paso, si lo toleramos, de reducir el ideal de Universidad a una organización empresarial, dominada por burócratas y tecnócratas, y una multitud de seres humanos que se prepara para competir en el mercado laboral, usando todas las estrategias que moralmente son indeseables pero efectivas. O por el contrario estaríamos en el camino de repensar la Universidad como escenario para reconstruir el mundo y la sociedad destrozada por todos los factores de poder que desde el Estado y el mercado se han confabulado para truncar los planes de vida de millones de personas. Un paso en la dirección correcta es exigir educación gratuita; trabajo decente para los docentes; los estudiantes como razón de ser de la Universidad; conocimiento para resolver los problemas de los más desaventajados de la sociedad, entre otras tareas.

El paquete chileno está a la puerta de entrada de todas las universidades colombianas. Ya verán si lo toman o lo dejan. He ahí la cuestión.  Este envoltorio que hoy se ofrece en cuñas de televisión fracasó en su país de origen, donde el Estado dejó que fuese la intermediación financiero la que agenciara la cobertura, y machacara la calidad, reduciendo cada vez más su protagonismo fiscal, aunque exhibiendo pírricos resultados en el campo político. Transferir  parcial y gradualmente  el costo de las instituciones financiadas por el Estado a los estudiantes y sus  familias no es la mejor fórmula, sobre todo cuando voces calificadas admiten que el gobierno no dice de dónde saldrá el dinero para apalancar la reforma, y menos aún como lo admite el profesor Jorge Iván González, es irresponsable atar la financiación de la universidad pública al crecimiento del PIB, en un mundo caraterizado por la volatilidad monetaria. Continuará…

(1)  Martha C. Nussbaum, Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires, Katz Editores, 2011.

(2)  Así como la economía crece con base en empleos mal remunerados, la Universidad pública en  Colombia pudo aumentar su cobertura sacrificando la profesión docente, mediante la figura de la temporalidad. La fórmula del mercado es trasladada al Estado.

Por Carlos Victoria