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Minería en el Perú: el mismo modelo, el mismo libreto
Represión en Andahuaylas deja un muerto y decenas de heridos y Ministro de Energía y Minas viaja en avión de empresa minera.
Hubiéramos preferido equivocarnos, pero lamentablemente no fue así. Ayer en Andahuaylas, región Apurímac, luego de que los ministros de Agricultura Miguel Caillaux Zazzali y de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi retornaron a Lima sin firmar los acuerdos con la población, la policía arremetió contra la movilización y dejó un muerto, Eduardo Quino Merino de 27 años, y por lo menos 22 heridos.
Es decir, el mismo libreto trágicamente repetido por los gobiernos anteriores: la minería formal e informal se impone en los pueblos andinos, que buscan todos espacios para ser escuchados, hasta que se ven obligados a protestar. Recién entonces el gobierno habla de diálogo, pero no llega a acuerdos y se recurre a la represión. Es decir, quien resuelve finalmente es el ministerio del Interior. ¿Qué sigue ahora? ¿Entrará, como siempre, en escena, el aparato judicial del Estado? ¿Cuántos nuevos procesos judiciales se sumarán a los más de mil existentes en contra de defensores de las comunidades y el medio ambiente?
¿Cuál es la demanda de los pueblos de Andahuaylas? Declarar la zona libre de la minería informal y garantizar la preservación y conservación del agua, indispensable para su supervivencia y las de sus actividades productivas, la agricultura y la ganadería. Minería informal quiere decir minería ilegal, el Estado debería impedirla sin necesidad de declaración alguna. Si la minería ilegal está ahí es porque simplemente el Estado está ausente, salvo cuando va a reprimir.
¿Sigue sufriendo el Estado peruano de soroche (mal de altura), señor presidente Ollanta Humala? Entonces, ¿qué gran transformación ha hecho su gobierno?
El mismo trágico libreto de representantes del Estado que protegen “las inversiones” por encima de la vida. Vergonzosamente, el ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi fue a Cajamarca según él a dialogar… y regresó a Lima en un avión de la minera Yanacocha, junto con Roque Benavides Ganoza y Carlos Santa Cruz, directivos de Minas Buenaventura. Ahora se dice que habría presentado su carta de renuncia… Ojalá y se vaya, pero sin que eso lo libere de una investigación por semejantes conexiones, inaceptables para el titular del ministerio que aprueba los estudios de impacto ambiental y otorga las concesiones mineras.
Esa es otra contradicción que persiste: ¿puede ser un ministerio juez y parte? ¿Firmar los contratos, examinar los estudios de impacto ambiental, otorgar las concesiones, etc.? ¿Para qué existe entonces el Ministerio del Ambiente? ¿Qué hace el ministerio de Agricultura para defender y promover su sector? Son demasiadas preguntas. Y demasiado tiempo sin hallar respuestas.
El libreto es el mismo porque el modelo económico es el mismo: el extractivismo a toda costa. A costa de derechos esenciales, a costa de la vida.
El último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo (N° 91, al 30 de septiembre del 2011) lo confirma: De los 215 conflictos sociales registrados, 119 (el 55.3%) son socioambientales. El segundo lugar lo ocupan las regiones de Ancash y Cajamarca, con 16 conflictos cada una. Justamente las regiones donde en estos días se han reiniciado las movilizaciones en defensa de derechos contra la imposición minera.
Ya celebró y con gran elocuencia sus primeros cien días de gobierno, señor Presidente. ¿No es hora de empezar en serio con la inclusión y la transformación?
Nos permitimos hacerle un par de sugerencias: la madre del cordero es la Constitución fujimorista. Entonces, hay que cambiarla. Y modificar el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, para adecuarlo al contexto actual. Si hemos retornado a la democracia, no podemos mantener las reglas impuestas por la dictadura. El Estado peruano necesita representar realmente a toda su población y no solo a los inversionistas. Hay que empezar a hacerlo ya.
Lima, 11 de noviembre de 2011.
Comunicaciones CAOI
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