Con las acostumbradas exigencias unilaterales para evadir eventuales diálogos de paz con los grupos insurgentes el primer mandatario cerró nuevamente la puerta a cualquier acercamiento

Con aire triunfalista y arrogante el presidente Juan Manuel Santos les dijo vía Twitter a las FARC que “No queremos más retórica, el país pide hechos claros de paz. Que se olviden de un nuevo Caguán”.

El Presidente prefiere seguir despilfarrando diariamente cerca de 60 mil millones de pesos de los colombianos en la absurda guerra, que hacer un gesto de estadista y de grandeza para escuchar al adversario.

Esa fue la respuesta del Presidente a un comunicado firmado por “Timoleón Jiménez”, máximo comandante de ese grupo insurgente, en el que le propone al gobierno, iniciar acercamientos de paz retomando la Agenda que se llevaba a cabo en los diálogos del Caguán.

“Jiménez” dice en el comunicado conocido el pasado lunes, entre otras cosas que “(…) nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar.

“Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Caguán. El gobierno del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos a todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”.

El expresidente Andrés Pastrana, quien adelantó los diálogos con las FARC en el Caguán, entre 1999 y 2002, le dijo a la cadena de televisión CNN, que la agenda que se firmó durante su Gobierno, en varios acuerdos con la guerrilla, “no fue pactada como Andrés Pastrana sino como representante del Gobierno, y no los firmó Manuel Marulanda como ’Tirofijo’ sino a nombre de las FARC”.

Del mismo modo expresó que “la agenda que entonces se planeó y firmó no se puede echar por la borda, sin que ello implique un nuevo despeje”.

El presidente Santos le exige a la guerrilla como condición previa a cualquier acercamiento, la libertad de las personas civiles secuestradas y de las personas pertenecientes a la fuerza pública que perdieron su libertad en acciones inherentes al conflicto.

Así mismo el Gobierno también debería, como un gesto creíble de paz, poner en libertad a más de 7.000 prisioneros políticos encarcelados injustamente, devolver más de 16.655 personas secuestradas y desaparecidas por agentes del Estado (según informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christián Salazar, el 23 de mayo de 2011) y pedirle perdón al país por los más de 3.200 asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como “falsos positivos”.

Igualmente el Gobierno debería, como un gesto creíble de voluntad de paz, darles una explicación a los colombianos sobre las 173.183 personas asesinadas y las 34.467 personas secuestradas y desaparecidas por paramilitares, entre junio de 2005 y diciembre de 2010, según informe de la Fiscalía.

Tanto a Santos como a la oligarquía no les interesa la paz, porque no son sus hijos los que van a la guerra a “prestarle el servicio a la patria”.

Ese “privilegio” es exclusivo para los hijos de las clases menos favorecidas, quienes por un salario miserable arriesgan su vida defendiendo los grandes capitales nacionales y extranjeros.

En el conflicto social y armado que padece Colombia desde hace medio siglo, es el pueblo el que tiene que poner las lágrimas, el sudor y la sangre, para satisfacer a los guerreristas. ¿Cómo se puede esperar de estos voluntad de paz?

 

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