Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

Encuentro nacional y Foro público ante la amenaza de las normas y leyes de semillas en Colombia

 

Miembros de diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de todo el país, participaron en el encuentro y foro público sobre normas y leyes de semillas, en la ciudad de Bogotá, los pasados 10 y 11 de febrero.

 

¿Por qué este foro?

 

Porque actualmente se están modificando e imponiendo normas y leyes de semillas a nivel  internacional y nacional, que apuntan a la privatización y el monopolio del mercado de las semillas, a manos de unas pocas empresas transnacionales.

Porque a pesar de ser fundamental para el país, el tema alimentario se está volviendo cada vez más un asunto comercial, en detrimento del derecho a la alimentación, y la seguridad y soberanía alimentaria de las y los colombianos.

Porque muchas de las políticas gubernamentales de los últimos años están ligadas a la apertura económica y a los Tratados de Libre Comercio, TLC, en nuestro país.

Porque ha surgido toda una normatividad, en el ámbito nacional, que preocupa de manera especial a los pequeños productores. En especial, el Decreto 345/94, sobre derechos de obtentores vegetales (que incluye el Convenio UPOV 78 y 91) y la ley 1032 de 2006, que modifica el artículo

306 del Código Penal, referente a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Asimismo, la Resolución 970 de 2010 sobre semillas.

 

Dicho foro fue organizado por la Confluencia de organizaciones por la soberanía alimentaria (Grupo Semillas, Campaña Semillas de Identidad, Planeta Paz) y el Colectivo de Abogados José Alvear – CAJAR).

 

¿Por qué se señala a estas normas de amenazar la seguridad y soberanía alimentaria de las y los colombianos?

 

Porque leyes como la 1032 de 2006 penalizan no solo el uso de semillas protegidas legalmente, sino también otras similarmente confundibles, favoreciendo de esta manera las semillas industriales, por encima de las semillas criollas, consideradas parte de la cultura ancestral de los pueblos de América, y de manera más amplia, un patrimonio de la humanidad.

 

Con las nuevas normas, se criminaliza a los productores que posean semillas similares a las certificadas, con penas de entre 4 y 8 años de cárcel, y una multa de hasta 1500 salarios mínimos.

 

En el caso de la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, dicha norma prohíbe producir y comercializar semillas sin la autorización de esta entidad, y la faculta para decomisar y judicializar a los agricultores que utilicen semillas “ilegales”, entre las cuales se encuentrarían las criollas y/o nativas.

 

Si bien el ICA se defiende diciendo que esta norma no abarca las semillas criollas y nativas, la forma en que está redactada dicha norma no evidencia esta exclusión, lo que crea grave preocupación entre las comunidades rurales, que han conservado y protegido sus semillas desde tiempos inmemoriales. Esta preocupación es aún mayor, cuando se mira la situación en otros países, en materia de semillas, donde progresivamente las normas y leyes han terminado por

favorecer a las grandes empresas y criminalizar a quienes usan semillas tradicionales, situación que se ha tornado especialmente crítica en algunos países de Europa y en EE.UU.

 

En 2010 el ICA reportó el decomiso, en diferentes regiones del país, de 1.167.225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz y fríjol, entre otras.

 

¿Por qué deben ser derogadas estas normas?

 

Según Camila Montecinos, miembro de GRAIN –organización que recibió el premio Nobel Alternativo en 2011- “se trata de un fenómeno mundial. Existen varias peleas jurídicas entre gobiernos que amenazan a quienes quieren cultivar sus propias semillas”. Para Montecinos no hay que mirar estos ataques de forma aislada, dado que, a su juicio, hacen parte de un conjunto de medidas, que tienen una razón de ser principalmente comercial, y no fitosanitaria o sanitaria, como

quieren hacerlo ver los gobiernos al prohibir, como es el caso de Colombia, el comercio de leche cruda o panela artesanal, así como el uso y almacenamiento de semillas.

 

Los pequeños productores, campesinos, indígenas y demás pobladores rurales, siguen siendo los responsables de al menos la mitad de la producción de alimentos en el mundo. “Apoderarse de las semillas es un primer paso en la concentración absoluta del negocio alimentario en el mundo. Dado que quien vende semillas certificadas, también vende pesticidas, lo que representa un mercando aún mayor”, aseguró Montecinos durante el foro del pasado 10 y 11 de febrero, desde Chile, vía Skype.

 

Voces campesinas

 

Agricultores denunciaron la destrucción de sus cultivos. Es el caso de campesinos del municipio de Campoalegre, Huila, quienes informaron del decomiso, el año pasado, de cerca de 1700 sacos de arroz, por parte del ICA. La denuncia de los agricultores consiste en señalar que dicho organismo estatal no verificó si se trataba de semillas, ni estableció el tipo de arroz contenido en los sacos, y sin embargo, procedió a su destrucción, de manera arbitraria.

 

Otros agricultores denunciaron, asimismo, la imposición de semillas “mejoradas”, a través de programas gubernamentales, que llevan a los campesinos a comprar dichas semillas, junto con un paquete tecnológico que se les exige para acordarles créditos, bajo la promesa de que aumentarán así su productividad. Esto los ha llevado a endeudarse e incluso a quedar en la ruina, como ha sido el caso con el maíz transgénico, en Córdoba, o el algodón, en el Tolima.

 

La respuesta de las comunidades, ante estos ataques, ha consistido en seguir defendiendo y cultivando semillas criollas, pese a las amenazas de las cuales vienen siendo objeto, dado que para ellos “ser soberanos es ser autónomos”.

 

“Quien tiene las semillas y la tierra, tiene el poder. Por eso las semillas deben ser patrimonio de todos”, estima Alba Portillo, campesina de Nariño y guardiana de semillas, como se le conoce a los sabios que transmiten el conocimiento ancestral y defienden la conservación y custodia de las semillas tradicionales, como garantes de la autonomía y soberanía alimentarias de sus comunidades, pero también del país, dado que más del 60% de los alimentos que consumimos las y los colombianos, tienen su origen en pequeñas parcelas campesinas, indígenas y de afrodescendientes.

 

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