Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Líderes campesino de siete municipios de Boyacá y Cundinamarca han emprendido una pelea jurídica en contra de la minería de carbón en la zona. Acaban de conformar una asociación con ese propósito.

A comienzos de 2007, a instancias del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), un grupo de particulares firmó un contrato de concesión para la exploración de un yacimiento de carbón ubicado entre los municipios de Ventaquemada, Turmequé y Villapinzón, en Boyacá y Cundinamarca. Desde entonces la comunidad campesina de la región, tradicionalmente dedicada a la agricultura y la ganadería, libra una batalla jurídica para evitar que esta iniciativa y otros proyectos similares de carácter privado conviertan la zona en un emporio minero, afectando sensiblemente el área de influencia del páramo de Guacheneque, donde nacen varias fuentes hídricas, entre ellas el río Bogotá.

A pesar de que desde los primeros estudios de impacto ambiental la explotación carbonífera fue presentada como un proyecto para lograr “una perfecta armonía entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ecológica”, especialmente referida a que las labores mineras van a estar totalmente fuera de las rondas de vertimientos, nacederos o corrientes hídricas, los habitantes de la región no están convencidos de este diagnóstico. Por eso llevan cinco años en los que, a punta de derechos de petición, cartas a las autoridades o manifestaciones de protesta, tratan de impedir que su terruño se vuelva una zona minera. Una cruzada a la que han venido sumándose líderes de otros municipios vecinos afectados por la misma problemática.

La prueba es que el pasado viernes, en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca), se dieron cita representantes de Nuevo Colón, Ventaquemada, Chocontá, Úmbita, Turmequé, Villapinzón, Tibaná y Miraflores para crear una asociación por la defensa del páramo de Guacheneque y de paso preservar a la vocación agropecuaria y ganadera de la zona contra la minería de carbón. La decisión se sustentaba en que, a pesar de que el país vive hoy una exacerbación de la actividad extractiva a través de la llamada ‘locomotora minera’, es obligación de los líderes del presente defender el ordenamiento territorial y la tradición campesina de la región y no trasladarles los pasivos ambientales a las generaciones futuras.

Ya existe una evidencia de que, contrario a las buenas intenciones, la minería en esta región sí crea dilemas ambientales a tener en cuenta. Desde comienzos de 2008, en las veredas Nueve Pilas, Chuscal, Molino y Jupal del municipio de Úmbita (Boyacá), con la debida licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), la empresa Ubrajo viene adelantando labores de extracción de carbón que ya obligaron al mismo organismo oficial a intervenir para neutralizar daños ambientales. En abril de 2011, después de una visita de fiscalización de Ingeominas, las actividades mineras fueron suspendidas temporalmente al detectar afectaciones de las fuentes hídricas.

En dicha visita, realizada en marzo de 2011, se advirtió, por ejemplo, que en una bocamina, para prevenir que las aguas se infiltraran hacia el interior de un inclinado, se desvió el cauce de la fuente. El reporte dio cuenta además de afectaciones moderadas en la capa de suelo, la vegetación y la fauna existente, así como de impacto leve por ruido y por efectos en el aire. De todo lo sucedido, Corpochivor informó en detalle a la Defensoría del Pueblo en Boyacá, de lo cual quedó el compromiso de vigilar la evolución de los trabajos mineros. A su vez, la comunidad de Úmbita se declaró en defensa de sus fuentes de agua, como insumo vital para sus familias, sus animales y sus cultivos.

En sucesivas cartas a Corpochivor, al Ministerio de Medio Ambiente, al de Minas y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la gente de Úmbita ha detallado que existen al menos cuatro núcleos familiares a menos de 100 metros de los sitios principales de extracción, y que a menos de 20 metros hay una vía de acceso a las viviendas campesinas, lo que entorpece el libre tránsito, así como el uso del trazado vial para sacar los productos de sustento diario.

Una de las principales líderes de la zona, cuyo nombre se omite a petición de la fuente, le comentó a El Espectador que los socavones quedan muy cerca del páramo de Guacheneque y que, en principio, dañaron la salida de la vereda. “Aquí vino Corpochivor, tomó muestras de todo, confirmó que un criadero de truchas murió por la contaminación, y encontró las razones para cerrar las minas. Pero en la noche, sin que nadie se dé cuenta, siguen sacando carbón. El problema ambiental es inocultable, y el problema social es conexo porque ni siquiera se puede vender la tierra. En este momento nadie compra porque los riachuelos están perdiendo valor y hasta para sacar la papa hay que pagar un tractor”.

El ejemplo de lo sucedido en Úmbita, y que podría repetirse en otras zonas, terminó uniendo a la gente de la región, sobre todo por la concesión de otro título minero, esta vez entre los municipios de Turmequé, Villapinzón y Ventaquemada, a la empresa Dipeza y Valbuena Asociados S.A., que aspira a tener licencia abierta para extraer más de 6 mil toneladas de carbón durante los próximos 28 años. Aunque no es el primer título minero que se otorga en Turmequé, pues ya hay siete concesiones y 11 solicitudes de explotación, el proyecto de Dipeza y Valbuena tiene alborotada a la comunidad, que no cree que se vayan a respetar las reservas hídricas ni que sus cultivos vayan a quedar a salvo con las proporciones de este proyecto minero.

Buena parte del malestar colectivo salió a flote el 10 de noviembre de 2011, durante una audiencia pública en Turmequé en la cual los líderes campesinos se hicieron oír de las autoridades. “Movilizamos más de dos mil personas que dijeron no a la minería en los alrededores del páramo de Guacheneque. Sin embargo, nos da la impresión de que a Corpochivor todo se le está metiendo en sus narices. Por eso le pedimos reglas claras para la concesión de las licencias ambientales. Hoy lo que prevalece entre la gente es la angustia por el futuro de la región”, comentó Heladio Moreno, además de líder del municipio, educador y periodista.

La última gestión de la comunidad quedó refrendada en un documento de observaciones al contrato de explotación minera que desarrolla la empresa Dipeza y Valbuena Asociados, en el cual resumen su desacuerdo. Según los líderes regionales, en el proyecto se dice que el sector veredal no cuenta con servicios de acueducto, pero ellos dicen que sí hay redes de distribución de agua. Además sostienen que Alirio García, hoy concejal de Turmequé, se retractó públicamente de su apoyo al proyecto manifestando que en su momento fue engañado por la empresa. Y recalcan que, al menos en lo que se refiere a Villapinzón, hay dos nacimientos y tres quebradas que están en riesgo por los trabajos mineros.

Consultada la empresa Dipeza y Valbuena sobre la controversia minera, manifestó, a través de su vocero, Édgar Niño, que la firma está trabajando conforme a la ley y que debe entenderse que toda transformación de energía trae contaminación, pero que lo importante es la responsabilidad con que se haga: “el dilema es si seguimos con la minería ilegal o la volvemos responsable. Nosotros no estamos afectando el páramo, estamos a más de 10 kilómetros, en la vereda más árida de Villapinzón. Allí lo que predomina es el pino candelario y el café. Una mínima parte está en Ventaquemada y el resto en Turmequé. Todo muy lejos del páramo de Guacheneque. En estos pueblos siempre ha existido minería”.

En cuanto a Corpochivor, su postura es que desde diciembre de 2011 está claro que hay un área protegida de 11.574 hectáreas en la región y que en ella no puede existir minería. Su director, Ernesto Saboya, recalcó que todo lo que tenga que ver con explotación de carbón en la región se va a hacer con audiencia pública y que si se comprueba que la información que ha presentado la empresa es incorrecta o que cualquier fuente hídrica, como dice la comunidad, se va a afectar, se negarán las licencias. Por lo pronto hay una comisión técnica trabajando en el tema para determinar si se deben preservar zonas agropecuarias. “Con la más mínima sospecha de daño ambiental, será suficiente para actuar”, insistió Saboya.

La comunidad de los municipios de Tibaná, Nuevo Colón, Ventaquemada, Chocontá, Úmbita, Turmequé y Villapinzón se ha declarado en estado de alerta y desde la semana anterior tiene una asociación encaminada a defenderse de la minería expansiva. Es cierto que, por tradición histórica, los departamentos de Boyacá y Cundinamarca tienen grandes zonas de vocación carbonífera, aunque muy inferiores a los grandes yacimientos de la Costa Atlántica, pero las familias quieren claridad sobre qué va a suceder con su biodiversidad y, sobre todo, con sus fuentes de agua, porque el páramo de Guacheneque es una reserva de vida y de su protección depende en buena medida el futuro ambiental de esta estratégica región de la Zona Andina colombiana.

Voces en contra de la extracción del oro negro

Carlos Chávez

Vicepresidente del Concejo de Chocontá

“Es muy triste que se esté impulsando la ‘locomotora minera’, porque sabemos que donde llega la minería llegan los problemas sociales y ambientales. En Chocontá, como en los demás municipios, las empresas no respetan ni la cota de los ríos ni los páramos”.

Emilio Cadena

Vocero de Corpochiriví en Nuevo Colón

“Tradicionalmente en Nuevo Colón se han cosechado frutas, lo que tememos es que la minería nos deje un desierto. Con el carbón no podemos alimentar a la gente y hoy ya se están viendo las consecuencias de la minería: deslizamientos y contaminación”.

Álvaro Forero

Líder de Villapinzón

“El problema no es la minería, sino el lugar donde se adelantan las excavaciones. Nuestra vocación es agropecuaria y ganadera y por generaciones hemos vivido y progresado sin necesidad de extraer el carbón de la zona”.

‘Falta control a títulos mineros y regalías’

Para el geólogo y experto en minería Julio Fierro, uno de las mayores debilidades de la actividad minera en el país y que se repite en las extracciones de carbón en Boyacá y Cundinamarca tiene que ver con la ausencia de un marco normativo contundente, tanto a la hora de entregar los título mineros, como en el pago de regalías.

Según Fierro, “hay un desorden absoluto, no hay fortalecimiento institucional y nadie mira si efectivamente el pago de regalías se está haciendo como debería”. La solución que propone es que se propicie un cambio en las políticas tributarias por extracciones y en general en el Código de Minas.

En cuanto a los efectos de la minería, Fierro es enfático: “siempre se causan impactos ambientales como la contaminación de las fuentes hídricas, que además son irreversibles. Aquí cualquiera puede obtener un título minero, pero si sabemos que los impactos son tan fuertes, las autoridades deberían ser mucho más cuidadosas a la hora de permitir trabajos mineros”.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-343862-defensores-del-paramo-de-guacheneque