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En su informe 2012, Amnistía Internacional resalta algunas iniciativas del Gobierno como la Ley de Vïctimas y Restitución de Tierras, pero alerta por las "pocas mejoras tangibles".

Cinco páginas del informe anual dedica Amnistía Internacional al capítulo sobre Colombia. En él, si bien se destaca que el Gobierno siguió manifestando su compromiso con los derechos humanos, agrega que hubo pocas mejoras tangibles.

 

El informe enuncia algunas iniciativas del Gobierno, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la unificación en octubre de todos los programas de protección en una nueva agencia: la Unidad Nacional de Protección. También resalta el desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad, envuelto en un escándalo de persecución ilegal.

 

Pero, al mismo tiempo, Amnistía registra la continuación de la vulneración de los derechos humanos, en particular originadas por el "largo conflicto armado interno". 

 

El documento señala, por ejemplo, que durante las elecciones regionales de octubre "murieron violentamente más de 40 candidatos" y que 308.000 personas fueron desplazadas forzadamente (28.000 más con respecto al 2010). Y agrega que a lo largo del año perdieron la vida de forma violenta al menos 29 sindicalistas y más de 45 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.

 

Falsos positivos

 

Amnistía Internacional registra que las ejecuciones extrajudiciales continuaron presentándose en el 2011.

 

"Se tuvo noticia de al menos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, en las que se presentaba falsamente a las víctimas como 'miembros de la guerrilla muertos en combate'". Estos casos, también conocidos en el país como "falsos positivos", fueron señalados como un episodio superado por funcionarios del gobierno de Santos.

 

De hecho, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, envió recientemente una carta al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que había dicho que tiene registros de varios casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos el del joven grafitero Diego Felipe Becerra. En la misiva, Pinzón pidió precisión y dijo que los casos citados "son objeto de investigación por la Fiscalía", por lo que considera "jurídica y políticamente improcedente el término de ejecuciones extrajudiciales".

 

El informe de Amnistía destaca que en julio se dio la primera condena por el caso de los jóvenes de Soacha, pero reprocha que la mayoría de las miles de ejecuciones extrajudiciales siguieron “sin resolverse”. (Ver: Primera condena por ejecución extrajudicial de dos jóvenes de Soacha). 

 

Conflicto armado

 

El informe señala que las guerrillas de las FARC y del ELN cometieron abusos graves, como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad.

 

Así mismo, asevera que los grupos paramilitares, calificados como "bandas criminales" por el Gobierno, siguieron ampliando su presencia e influencia territorial. Estos grupos fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, y autores de acciones de "limpieza social" en barrios urbanos pobres.

 

Amnistía plantea que buena parte de las víctimas trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras. "Se siguió amenazando y matando a dirigentes de comunidades desplazadas y a personas que pedían la devolución de las tierras robadas", registra.

 

El Informe 2012 de Amnistía Internacional es la edición número 50 del mismo y abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2011.

 

http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado-interno-sigue-afectando-poblacion-civil-ai/177600-3.aspx