Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La asamblea nacional de salud de pueblos indígenas “Construyendo Alternativas  para un buen vivir desde los Pueblos”, que se realizó en Villeta, Cundinamarca, a mediados de Mayo, hizo un llamado a todos para la consolidación de un sistema de salud alternativo y para la defensa de la salud pública.

Para los pueblos indígenas, la salud es un Tejido de vida. El resultado del equilibrio y la armonía del ser con su territorio y su comunidad. Esta concepción no niega la necesidad ni el valor de los servicios de salud, pero los ubica en su lugar. Atender enfermos, prevenir enfermedades, es fundamental y necesario.

Pero debe hacer parte de un abordaje social total cuya perspectiva y sentido sea la permanente búsqueda del equilibrio y de la armonía. Nuestras plantas sagradas, como la coca y las lecciones que nos da la Madre Tierra a través de los mayores y de nuestros saberes, nos ayudan a buscar ese equilibrio y armonía. Desde esta experiencia, observamos las políticas de salud del Estado, particularmente la Ley 100. Desde nuestra mirada, queda por fuera el Tejido de Vida que garantiza la salud en las políticas de Estado, pero además, merece analizarse en su propio lenguaje asistencial.

Es evidente que el sistema de salud continúa colapsando. Cerca de 460.000 personas quedarán a la deriva en atención de salud por el cierre de la Empresa Promotora de Salud – EPS Calisalud. Dicha entidad tiene usuarios en el Valle, Cauca y Eje Cafetero. 

Esta intervención tomó por sorpresa a los caleños y a su alcalde. Según la Superintendencia de Salud,  se habría llevado a cabo porque la EPS enfrentaba graves líos financieros y desgreño administrativo.

Pero, para Oriana Carvajal, gerente de Calisalud esta crisis se debe a la congelación de los recursos por parte de la Nación: “el Ministerio de Protección Social adeuda giros parciales de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo” afirma Oriana. 

Lo cierto que la liquidación de Calisalud, es sólo un ejemplo de la crisis que atraviesa el sector de la salud. Para entender esta realidad es necesario mirar el retrovisor. Recordemos que la ley 100 aprobada en 1993, estableció una nueva legislación para la salud en Colombia. 

Esta reforma se argumentó en su momento con el pretexto de evitar el monopolio sobre un sistema de salud que se mostraba, por su multiplicidad de funciones, burocratizado y propenso a la corrupción, dando vía libre a la competencia liderada por el sector privado y los subsidios para los más necesitados. Librándose así de sus responsabilidades frente a la salud. 

Pero antes de esta ley, venían desmontándose ya las redes nacionales de atención, dependientes del Ministerio de Salud. Esto generó la reaparición de viejas enfermedades controlables como la lepra, la tuberculosis, la rabia, la fiebre amarilla y la malaria.

El actual sistema de salud está compuesto por tres ámbitos principales. Por el Estado quien tiene el papel de coordinar, direccionar y controlar; por las empresas promotoras de salud (EPS), las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las aseguradoras de riesgos profesionales (ARP); y por hospitales, clínicas y laboratorios que son llamados Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS).

El ponente de la Ley 100 fue el entonces senador Álvaro Uribe, quien sustentó este modelo en el posible crecimiento del empleo en el país. Lo cual permitiría el ingreso de nueva población asalariada al régimen contributivo generando así una mayor cobertura en el régimen subsidiado. 

La esencia de la Ley 100, es captar anticipadamente recursos de colombianas y colombianos por parte de empresas privadas. En este país, donde las primeras causas de enfermedad y de muerte eran y son producto de inequidades, injusticia social y concentración de la riqueza generando violencia y miseria, se montó un sistema de salud para atender las víctimas de esa exclusión con servicios de salud privados, que privilegian a los que pueden pagar, ofreciendo servicios que no corresponden a necesidades reales, asegurando sus ganancias a costa de que la población pague y no reciba la atención adecuada.

Pero la promesa de tener un buen empleo mejor pagado y de estar bien alimentados y más sanos no se cumplió, 17 años después, podemos comprobar que por el contrario, la pobreza se ha incrementado en cifras alarmantes y queda al desnudo la verdadera intención de la ley 100: un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital financiero dedicado a la intermediación. Pero además, son 17 años de consolidar monopolios inmensos con poder sobre la vida y la muerte de la gente.

Un ejemplo claro de ello, que también lo denunciaba el columnista Daniel Coronel, es Saludcoop , la cual desde el año 2004 viene ocupando un lugar privilegiado entre las empresas más grandes del país y una de las más rentables, con 15.685 empleados, superando incluso a la cadena de supermercados Éxito.

Todo este negocio, no ha sido construido a punta de trabajo, hay que darle su cuota a varios factores que vienen incluidos dentro de la ley 100 que ha beneficiado a esta EPS y a otras privadas. Por ejemplo, el llamado “Derecho a la intermediación”, lo cual les permite a estos entes (en la mayoría de los casos privados) recibir dineros de la nación destinados para la salud, de los cuales se quedan con el 25% bajo el concepto de administración, recursos que les permiten también especular.

También, el “Crecimiento vertical”, el cual permite que las Empresas Promotoras de Salud puedan crear clínicas, laboratorios y farmacias para venderse a sí mismas estos servicios. Esto genera para las EPS grandes ganancias, mientras que a los prestadores de salud o a los hospitales se le paga mal o no se les paga los servicios que facturan para estas EPS. 

Adicional a esto, muchos colombianos han tenido que interponer tutelas para que las EPS les presten los servicios que requieren y merecen, y que queda intencionalmente excluido, por cálculos económicos, del plan obligatorio de salud (POS). El POS, no es más que un listado limitadísimo de medicamentos, procedimientos e intervenciones médicas a los que tienen acceso los afiliados al sistema de salud. Mediante una sentencia, la Corte Constitucional ordenó que el POS del régimen contributivo que es más amplio, se unifique con el del subsidiado para que haya equidad, pero esto todavía no se ha hecho efectivo. 

La EPS, para cumplir el fallo de las tutelas, presta la atención requerida, pero inmediatamente le recobra al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que es el encargado de los recursos del sistema de salud. Estas cuentas se demoran o no se paga el valor correspondiente, lo que afecta a los prestadores de salud. Hay que señalar que este fondo también ha denunciado que los cobros por las EPS, muchas veces son inflados del valor real. 

Todo esto ha llevado al cierre de gran cantidad de hospitales como los de Magangué, Simití, Carmen de Bolívar, Hospital Universitario de Caldas, Hospital Materno infantil, Instituto de Seguro Social, entre otros. Ahora presenciamos con tristeza el cierre de Calisalud, el cual hacía parte de las tres últimas EPS estatales junto con Caprecom y Capresoca.

“Es sospechoso que, en medio de la crisis nacional del sector salud, se intervenga una empresa pequeña como Calisalud. ¿A quién le interesan sus 470.000 abonados? Ahí hay un interés perverso”, dijo el alcalde de Cali Jorge Ivan Ospina.

Debido a que en la constitución de 1991 la salud no figura como un derecho fundamental, la ley 100 tuvo argumentación jurídica para convertir a la salud en un negocio, lo cual dio como resultado la actual crisis en este sector. A pesar de que se invierten más de 23 billones de pesos anuales en el sistema de salud se encuentra en crisis y los más afectados son los “pacientes” o clientes como se les denomina ahora.

Para “contrarrestar” esta crisis el 23 de diciembre del año pasado el gobierno nacional expidió el decreto 4975, declarando la emergencia social en el país, motivada supuestamente por la crisis financiera que afronta el sector salud y el gran numero de solicitudes de servicios no POS, que ocasionaron en el sistema de salud deudas y perdidas.

El Ministerio de la Protección Social, encargado de la salud, insiste en que los decretos permitirían a los colombianos acceder a los servicios de salud y también que se racionalizaría los recursos del sistema.

Estos decretos, si se hubieran aprobado, empeoraban aún más la crisis financiera del sistema creada por la misma ley. Con la declaración de la emergencia social se negaban y acababan los pocos derechos y servicios de los usuarios. A los médicos se les prohibiría por ley hacer los exámenes y ofrecer los tratamientos necesarios y a los pacientes se les negaba incluso el tortuoso camino de la tutela para hacer valer sus derechos. 

Convertida la población en víctima del sistema, estos decretos fracasan porque no es viable y la solución del gobierno es salvar el negocio prohibiendo la prestación de servicios. Afortunadamente los decretos de emergencia fueron declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional. Pero nuevamente el Ministro de la Protección Social ha manifestado públicamente que insistirá en convertir estos decretos en propuesta de ley para que sean aprobados por el congreso. 

Bajo el neoliberalismo y el libre comercio, se estableció en Colombia un sistema de salud que no solamente no funciona, no es para los perfiles de enfermedad y muerte, no puede financiarse en un país que entrega sus riquezas y reparte sus ahorros para garantizar “confianza inversionista” y enferma a la gente de hambre, desprotección y terror (seguridad democrática). Es además un sistema diseñado para negar servicios y derechos. Para ponerle trampas y obstáculos a la gente de modo que no puedan acceder a los tratamientos requeridos. Un sistema que enferma y mata para que algunos acumulen dinero. 

Millones de colombianas y de colombianos se encuentran en este mismo momento en la ruina, interponiendo tutelas, haciendo largas filas y rogando para que los atiendan, sufriendo complicaciones y enfermedades prevenibles. El sistema de salud Colombiano basado en la Ley 100, es un aparato criminal que viola derechos fundamentales mientras genera ganancias enormes. 

Necesitamos que la salud, la educación, el agua potable, la vivienda y el empleo digno se conviertan en derechos fundamentales y reales, que sean responsabilidad directa del estado bajo la supervisión de los pueblos y las comunidades. La salud no puede seguir siendo una mercancía y toda esta crisis debe dejar claro que la ley 100 no es para la salud, sino para contribuir a negarla junto con las demás políticas que enferman para que unos alimenten su codicia insaciable. Hay que arrancarla de raíz junto con sus intermediaros financieros.

Debemos exigir que la salud deje de ser parte del mercado. La vida de la gente no puede estar condicionada por los intereses mercantiles de un puñado de corporaciones al servicio de la codicia. Es necesario que juntos podamos resistir desde nuestros procesos y organizaciones a este tipo de políticas que van en contra de la vida y que hoy tiene a la salud en cuidados intensivos.