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Ser abogada de la Defensoría del Pueblo o de un organismo nacional de derechos humanos no ha sido impedimento para que una decena de policías arrastren por el cabello a dos abogadas y las golpeen hasta dejarle contusiones y hematomas en diversas partes del cuerpo.

La agresión de los policías ocurrió el 21 de junio en Cajamarca cuando Amparo Abanto, del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) e integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, de la Defensoría del Pueblo, abogaban por unos detenidos que eran golpeados en el sótano de la dependencia policial.

El hecho, que motivó una denuncia formal ante el Fiscal de la Nación por Eduardo Vega, Defensor del Pueblo encargado, viene recibiendo la condena nacional e internacional. La Defensoría expresó su repudio por los terribles momentos que tuvo que pasar la funcionaria durante el cumplimiento de su labor.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), demandó garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las abogadas agredidas.

Asimismo, realizar una investigación “independiente e imparcial”, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley.

También, “poner fin a todo tipo de agresiones y actos de hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en Perú” y “asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU”.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) llamó a los diverses poderes del Estado peruano a “garantizar la integridad” de los defensores de derecho humanos y respetar la voluntad de los pueblos frente a lo que éstos consideran como sus derechos fundamentales.

El Observatorio señala que ha constatado que durante años el Perú ha sido señalado como un Estado que “no respeta los derechos humanos ni garantiza el derecho de la población a manifestarse libremente como debiera suceder en un Estado democrático”.

Además de la denuncia presentada el Defensor del Pueblo por la agresión sufrida por la funcionaria Genoveva Gómez también ha remitido oficios al Ministro del Interior y al Director de la Polícia Nacional.

De otro lado, el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, pidió al ministro del Interior, Wilver Calle Girón, una investigación y sanción ejemplar a los policías que agredieron físicamente a una abogada de dicha organización y a otra de la Defensoría del Pueblo.

“Yo desde aquí señalo que es una responsabilidad del ministro del Interior y que debe investigar y sancionar ejemplarmente a estos policías que han producido esta agresión contra la activista de derechos humanos y contra las abogadas defensoras del Pueblo”, señaló Miguel Jugo.
La agresión

El 21 de junio, las dos jóvenes abogadas se acercaron a la Comisaría para preguntar por los siete detenidos que venían de la Plazuela Bolognesi y que fueron llevados por los policías inmediatamente al sótano de la misma.

Al escuchar que los detenidos eran golpeados al interior del sótano, Gómez y Abanto, junto a un representante del Colegio de Abogados, intentaron evitar que la policía siga golpeándolos, lo que causó que en esos instantes que las dos abogadas fueran arrastradas de los cabellos, golpeadas y vejadas por una decena de policías.

Como consecuencia de la agresión, las abogadas presentaron contusiones y hematomas en diversas partes del cuerpo. A Genoveva Gómez incluso le rasgaron las ropas.

Cuando las abogadas y el abogado se fueron a quejar ante el coronel PNP Gonzales por las agresiones recibidas, las culparon por bajar al sótano, e inmediatamente después les reclamó por no llevar los “chalecos” de la Coordinadora de Derechos Humanos ni de la Defensoría.

Denunciarán ante Comisión Interamericana y Naciones Unidas

Miguel Jugo informó, además, que los hechos de violencia y las agresiones físicas contra las abogadas serán reportados en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

“En el último informe que presenta la Comisión Interamericana acerca del trabajo de los defensores de los derechos humanos se señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección [de los activistas]”.

“Y señala que hay que estar permanentemente informando sobre este tema y esto vamos a informar lo más pronto posible. Vamos a insistir que esto es una situación que no se puede consentir”, refirió.

Acceda al texto de la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo con un clic en el siguiente enlace:

    http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/denuncia_penal.pdf
 

http://servindi.org/actualidad/67396