Pueblos indígenas de Argentina señalaron que reforma del Código Civil pretende regular la personería jurídica y la propiedad comunitaria indígena. Como “preocupante” y “desconcertante” calificó el Consejo Plurinacional Indígena de Argentina al proyecto del nuevo Código Civil señalando que vulneraría su derecho a la consulta previa, libre e informada, el cual la propia nación argentina suscribió en tratados internacionales.
El Consejo Plurinacional Indígena, y organizaciones de la sociedad civil, dieron la voz de alerta ante un proyecto que fue remitido al poder ejecutivo argentino y que con la anuencia –por desconocimiento o un claro propósito de coactar los derechos de los pueblos originarios, según los dirigentes del Consejo- sería un grave retroceso y una afrenta a las luchas por la democratización de la sociedad argentina.
Para la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, órgano de ayuda legal y asesoría para el movimiento indígena Argentino, es “preocupante el avance del proceso sin que el Estado argentino haya organizado institucionalmente un proceso de consulta con los pueblos indígenas sobre el proyecto que prevé regular la personería jurídica y la propiedad comunitaria indígena”. Si bien es cierto, manifestaron, hay todo un avance en procesos democratizadores y consultivos, no puede existir este mal precedente para justamente un sector vulnerado siempre por la sociedad.
A inicios de año, el Poder Ejecutivo argentino y los órganos de la Corte Suprema anunciaron un proceso de reforma al código civil, elemento que norma las relaciones civiles entre personas naturales y jurídicas. Esta actualización y incorporación de las nuevas normas fue saludado por todas los sectores sociales, pues desde hace mucho tiempo no se actualizaban (data de 1865).
No obstante, el problema surgió cuando el texto del proyecto cayó en contradicciones graves para “regular” el derecho indígena, elemento que tiene plena autonomía. Otra inconstitucionalidad en el documento sería imponer formas administrativas similares a una cooperativa con presidentes y administradores, contradiciendo profundamente el rango de sujeto político y civil con autonomía con normativas internacionales firmadas.
Dirigentes indígenas aseguran en un comunicado que la vulneración de derechos presentes en el proyecto no es un descuido, calificándolo como un “elemento de ensayo” contra el derecho indígena, “el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”, señalaron.
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