Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La protesta legítima debe ser siempre respetada y los gobiernos deben asegurar la libertad de expresión y de locomoción. Esas garantías hacen vivas las democracias y son responsabilidad del Estado asegurarlas.

 

Lamentamos que la protesta pacífica que adelantan las organizaciones, comunidades rurales en Colombia haya sido reprimida de forma tan grave, desbordada, violenta por parte de las Fuerzas policiales y de las Fuerzas Militares.

 

La protesta legítima debe ser siempre respetada y los gobiernos deben asegurar la libertad de expresión y de locomoción. Esas garantías hacen vivas las democracias y son responsabilidad del Estado asegurarlas.

 

Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia nos sentimos interpelados por las graves situaciones que hemos conocido en videos, en denuncias y las que hemos recibido de organizaciones y medios de altísima credibilidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado para controlar la protesta pacífica que se viene adelantando en Colombia desde el pasado 19 de agosto.

 

Lamentamos las muertes violentas, solidaridad con sus familias, reprochamos las restricciones y abusos contra los manifestantes, los periodistas de empresas informativas y de periodistas de medios de información independientes.

 

Invitamos en cualquier circunstancia a que las fuerzas regulares, entre ellos el ESMAD, actúen en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, son una fuerza para proteger no para atacar a los ciudadanos.

 

Un equívoco mensaje se ha dado a la comunidad de derechos humanos, a la comunidad de naciones cuando la protesta pacífica ha sido reprimida con actuaciones contra derecho, desafueros nunca vistos por muchos colombianos, y ahora evidenciados desde el pasado 19 de agosto por ese comportamiento de la fuerza pública.

 

Llamamos al presidente Santos a que en virtud de su papel como comandante de las Fuerzas Armadas llame al acatamiento irrestricto de respeto a los derechos humanos y adopte decisiones administrativas conforme a la responsabilidad de los daños causados a la vida, a la integridad, a las libertades de los manifestantes. La legitimidad de un Estado Democrático de Derecho está en cuestión por estas actuaciones contra derecho.

 

Invitamos a la Fiscalía General de la Nación a actuar en debido proceso para investigar, sancionar y esclarecer tantísimos atropellos de los que hemos tenido conocimiento. Un esclarecimiento pleno, una sanción penal de los responsables aportará a la consolidación de una cultura democrática en el interior de las fuerzas militares.

 

Los mensajes represivos son contradictorios en un escenario de conversaciones para terminar el conflicto armado y de una aparente mejoría del respeto a los derechos humanos.

 

Cuando se avanza en conversaciones con la guerrilla de las FARC y se espera que se inicie con el ELN, y al mismo tiempo se reprime a la población que expresa su inconformidad y su desacuerdo con un modelo agrario, que viene generando empobrecimiento y profundizando crisis ambientales en Colombia, el mensaje de fondo es que no se cree en el diálogo.

 

Invitamos a una reflexión seria y profunda sobre la ley de seguridad ciudadanía y las doctrinas policiales y militares para que se asuman a los ciudadanos, incluyendo, los que disienten como sujetos con derecho, con libertad de expresión y de asociación y no como enemigos.

 

Sin modificaciones en cambios de la mentalidad de la Fuerza Pública no es posible consolidar un proceso hacia la paz.

 

En medio, de esta situación esperamos que el presidente Santos actúe coherentemente conforme a la disposición de diálogo que ha expresado a los campesinos, y requiera a la fuerza pública el cese de la represión, lo que será un mensaje de confianza para el diálogo.

 

La disposición del presidente Santos y de las comunidades y organizaciones rurales para iniciar una discusión de fondo sobre los asuntos agrarios, si el diálogo es generoso y productivo, propiciará un modelo económico incluyente en lo social, respetuoso en lo ambiental para consolidar el camino hacia la paz.

 

Valoramos que cualquier propuesta de Estatuto Desarrollo Rural debe contemplar una politica pública que redefina la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria y la protección ambiental, la redefinición de acuerdos comerciales para que estos sean democráticos, justos y posibiliten la paz de Colombia.

 

Esperamos que el presidente Santos asuma con sensatez en este momento de la historia en un diálogo eficaz con la sociedad para encontrar salidas a la crisis social que viven los habitantes rurales y sus territorios. Crisis que afectan a los que habitan en la ciudades y también a los que estamos en este planeta tierra, espacio en el cosmos, en que Colombia es una de las mayores reservas de riqueza biológica y ecosistémica en el mundo.

 

Diversos países del mundo, 5 de septiembre de 2013

 

• Adolfo Pérez Esquivel – Argentina

• Mirta Acuña de Baravalle, Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina

• Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos

• Comisión Ética contra la Tortura de Chile, Nelson Agustín Aramburu, Secretario Ejecutivo,

• France Amérique Latine, Francia

• Comunidad Sto. Tomás de Aquino, España

•Abogado Enrique Santiago, España

•Lerenzo Loncon, Pueblo Mapuche Chile