Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

¿Dónde está la coherencia del Gobierno?

Mientras el gobierno anuncia que está listo el proyecto de ley sobre baldíos que permitirá a las grandes empresas la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares entregadas a los campesinos,i de ninguna manera y de ninguna forma tiene ni siquiera la intención de proponer una ley que lleve a utilizar las 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas en manos de los grandes terratenientes.

El acaparamiento de la tierra agrícola en Colombia es una de las tres causas fundamentales del estancamiento del sector agropecuario en Colombia. Uno tras otro los gobiernos han insistido desde el Pacto de Chicoral en 1972 en que van a desarrollar el campo colombiano a partir del latifundio y uno tras otro han fracasado. La concepción de Chicoral ha llevado a los inversionistas a establecer empresa básicamente a costa de las tierras de los campesinos o de los baldíos, mediante el despojo sea mediante la violencia, sea mediante trampas de notariales o administrativas, sea mediante leyes que legalizan la apropiación indebida, sea mediante la ruina y embrago bancario del campesino o sea con contratos mediante los cuales el campesino dedica su tierra a servir a una empresa y se endeuda sin límite para permanecer en ella trabajando para una empresa.

Resulta patético que los inversionistas se desvivan por adquirir indebidamente tierras de los campesinos y por colonizar Llanos y selvas mientras millones de hectáreas de tierras agrícolas permanecen sin cultivar en las grandes propiedades. En esas condiciones, los precios de la tierra y los arrendamientos se elevan sin cesar y la propensión a acumular tierra para especular con ella se fortalece. Actualmente con grandes operaciones financieras internacionales de compra y arrendamiento de grandes extensiones de tierra, la especulación con la propiedad rural llega a niveles impensables en los años del chicoralazo y que convierten el error del Pacto de Chicoral en horror que limita al extremo las posibilidades de rentabilidad agropecuaria.

En estas condiciones de una altísima renta de la tierra, los grandes inversionistas no quieren que les vendan baldíos a precios comerciales ni que los latifundistas les arrienden caras las haciendas, quieren gratis baldíos o territorios indígenas o comprar a bajos precios tierras de campesinos, por las buenas o por las malas, de manera que al invertir en un proyecto su lucro no va a provenir fundamentalmente del producto o de su procesamiento y mercadeo, sino del súbito incremento del precio de la tierra, que en el caso del río Meta es mayor por la valorización creada por las explotaciones petroleras y será mayor en la medida en que el estado realice allí proyectos de navegación. Por consiguiente, la propuesta del gobierno lejos de ser realmente “modernizantes”, afianza el rentismo.

Además, el gobierno actual en lugar de eliminar la legalización de la compraventa de cosa ajena e impedir la posibilidad de legalizar despojos, sustituyó la ley 1182 de 2008 por la 1561 de 2012 que permite legalizar los títulos falsos hasta de una unidad agrícola familiar, sin que haya forma de evitar que estas compraventas de cosa ajena se acumulen después de legalizadas. Así, mientras los despojados suben por la escalera de la ley de víctimas a reclamar sus derechos en la medida de sus recursos, los comercializadores de tierra ajena subirán en el ascensor de la ley 1561 a legalizar sus escrituras fabricadas.

La segunda gran causa del estancamiento agrícola es la renuncia a la soberanía alimentaria. Es de recordar como el anterior gobierno impuso que en el, ya declarado inconstitucional, Estatuto Rural ni se mencionara la soberanía alimentaria.

Renunciar a la soberanía alimentaria ha significado no solamente multiplicar por 16 las importaciones de productos agropecuarios, sino además renunciar a la generación de tecnología propia, limpia y adecuada a cada producto, ecosistema y forma de producción. Depender de la tecnología agropecuaria de las trasnacionales es poner la comida de los colombianos a depender del lucro del capital trasnacional. La firma de innumerables TLC ha significado no solamente importar más, sino conceder leyes sobre patentes que afectan el precio de los insumos e imponen normas sobre las semillas que terminan con toda independencia del agricultor colombiano. Quien tiene las semillas tiene toda la agricultura. Mientras no se cree un sistema de generación de tecnología propia y adecuada el campesinado será víctima y el país sirviente.

La renuncia a la soberanía alimentaria significó restringir el crédito de fomento. En Colombia apenas del 8,4 al 9,8% de los campesinos tiene acceso al crédito bancario y recibe entre el 17,6 y 19% de los préstamos agropecuarios.1 Los usuarios, dedican más del 50% de sus ingresos a pagar intereses a los bancos,2 en tanto que el crédito más común conseguido por los campesinos, es la compra “fiada”, que cuesta realmente hasta el equivalente al altísimo 2% mensual.3 Por la renuncia a la soberanía alimentaria destruyó toda la institucionalidad que apoyaba al sector agropecuario: mercadeo, precios de sustentación, censos agropecuarios, generación  de tecnología, desarrollo rural campesino, capacitación.

La tercera gran causa del estancamiento agrícola es el nuevo predominio del sector financiero. Los siguientes son los porcentajes del producto nacional que representaron cada uno de los sectores económicos en 2012:

La locomotora minera es solamente la otra cara de la moneda de la financiarización de la economía: se quiere sustituir el retroceso industrial y el estancamiento agrario con el retorno de la economía colonial extractiva de los minerales y el petróleo.

El gobierno se niega a todo trance a salir del hueco en que está y han estado los gobiernos anteriores. Hay intereses creados, tal y como cuando se firmó el Pacto de Chicoral, se decretó la “apertura económica” o se firmaron y aprobaron y se siguen firmando y aprobando uno tras uno los TLC comenzando con el suscrito con Estados Unidos. Ninguno de estos eventos fue aprobado por los campesinos, cada uno fue explícitamente rechazado. Es la hora de hacer el balance. ¿Quién tenía y tiene la razón?

El nuevo ministro de Agricultura es sin lugar a dudas un destacado gestor y defensor del modelo vigente que conoce sus profundidades. Fue recibido con el Pacto de Compensar, el mismo pacto de los de siempre. Los gremios estaban presentes, las hermanastras de la Cenicienta campesina que siempre quieren sustituirla. No estaban allí ni las Dignidades campesinas, ni la Mesa de Interlocución Agropecuaria ni las organizaciones de los pueblos indígenas y afro. Ahora el propio doctor Lizarralde ha declarado que “el Pacto Agrario se construirá desde la municipalidad, desde las veredas y las regiones”.

Pero además, en verdad los paros campesinos de este año han demostrado que el nuevo pacto, el verdadero, con campesinos, indígenas y afros, con los obreros rurales, se está haciendo desde las veredas a partir de los paros y mingas.

Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2013 los caficultores campesinos e indígenas paralizaron el centro, occidente y suroccidente del país. Conquistaron unas medidas transitorias cuyo principal sentido fue garantizar un pago por lo cosechado este año, que por lo menos cubre los costos de producción. Resultado, en el segundo trimestre la producción de café fue el 23 por ciento más alta que durante el mismo período del año anterior. Sin el paro cafetero los granos adicionales se habrían podrido en los arbustos porque para nadie hubiera sido costeable recogerlos. El aumento de la producción  cafetera tuvo un efecto positivo sobre el conjunto de la economía que repuntó 4,2% y sobre el empleo, de manera que el desempleo se redujo a niveles que aunque altos, son inferiores a los de los años anteriores. Baste saber que en contraste el producto interno de México se redujo 0,74% durante el mismo período en que las economías latinoamericanas vuelven a recibir los impactos de las tempestades de la economía mundial.

Las medidas sociales muchas veces traen efectos económicos y macroeconómicos excelentes. Y es lo que puede traer construir un pacto con los campesinos que pararon en agosto y septiembre. De hecho la restricción por dos años de las importaciones de papa, cebolla de bulbo, fríjol, alverja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lactosueros, será beneficiosa para el sector agropecuario y el conjunto de la economía. Pero se trata de ir más allá de los transitorio y parcial y llegar acuerdos de políticas y medidas duraderas, sólidas y generales.

Desde luego el remedio es renegociar los TLC, construir la capacidad de generar tecnología propia para todos los cultivos, formas de producción  y ecosistemas y realizar la reforma agraria que ponga en producción las 16,6 millones de hectáreas agrícolas desperdiciadas en los latifundios.

Es lo que no quieren el gobierno y el poder político y económico. Los funcionarios que se atreven a aplicar las leyes para oponerse sufren diversas represalias. Se ataca y se demandan las reservas campesinas, se presentan más proyectos de ley para legalizar el acaparamiento indebido de baldíos o para eliminar normas que protegen territorios indígenas.

El nuevo proyecto de ley que el gobierno anuncia para legalizar la acumulación de baldíos propone a cambio entregar a los campesinos el 20% de las tierras cuyo acaparamiento es legalizado. ¿Se ha pactado esta alteración de la ley con el campesinado organizado?, ¿O en las veredas de Colombia?, ¿Qué pasará con las 16,6 millones de hectáreas que seguirán desperdiciadas?

El sector agropecuario relegado al octavo lugar en el producto nacional, ocupa sin embargo el segundo lugar en la generación de empleo productivo, supuestamente con el 18,3% en 2012, un porcentaje que en la práctica es más alto, porque las estadísticas oficiales no consideran “productivo” el trabajo de las 1,7 millones de mujeres rurales que realizan “oficios de hogar”, trabajo que en la economía campesina está directamente articulado con la producción agropecuaria y que representa un 7,6% adicional de la población trabajando. El gobierno debería partir de lo que la economía campesina representa y genera para el país.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, el 51% del área cosechada correspondió a unidades campesinas, a pesar de que estas unidades solamente poseían el 33% del área.4 En general, los pequeños productores dedican una mayor proporción del área de su finca a la agricultura, lo que hace que su participación en el área agrícola sea muy superior al porcentaje del crédito que reciben y de la tierra que poseen:

La contribución del campesinado es decisiva para la alimentación de los colombianos; predomina la producción campesina de plátano, panela, yuca, papa, frutales, fríjol, cacao, ñame y el 74% de la producción nacional de maíz y la mayoría del café.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, es destacada la participación de las unidades campesinas, tanto en área como en producción en cultivos como cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), cacao (81%), arveja (79%), zanahoria (79%), banano (75%), café (74%), caña panelera (70%) y plátano (70%). Aunque minoritaria su participación es importante en el número cerdos (35%), especies menores (38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y bovinos para carne (12%).vi Seráuna equivocación creer que la importancia de la economía campesina es un fenómeno meramente colombiano y no darse cuenta que es un hecho internacional. Así, Brasil, que el gobierno destaca como su supuesto modelo y ejemplo de la expansión de las grandes empresas agropecuarias, posee una economía campesina o “agricultura familiar” dinámica. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de ese país, la economía campesina suministra cerca del 70% de los alimentos que se consumen actualmente en Brasil, siendo fundamental para el abastecimiento de fríjol, arroz, leche y verduras, además de ofrecer gran diversidad de productos.vii

La investigación realizada en 2010 en Minas Gerais (Brasil), bajo la dirección de Rosemeire Aparecida de Almeida, arrojó resultados sorprendentes sobre productividad de la economía campesina. Entre 1996 y 2006, la agricultura familiar de fríjol y arroz aumentó en 50% la producción por Ha, mientras la agricultura empresarial de soja la incrementó en sólo 7%. La agricultura familiar genera un empleo cada 6,7 Ha y la empresarial un empleo cada 411,5 Ha. Para completar, en esa región brasilera evaluada, aunque los campesinos reciben solamente el 2,4% del crédito, obtienen el 12,2% de la producción agropecuaria.

Vietnam es un país que quedó muy pobre después de las guerras. Sin embargo es ahora es un país sin latifundio y las fincas no superan las 6 hectáreas.ix De ser un importador, Vietnam se convirtió en el segundo exportador mundial de arroz y actualmente es el segundo productor y primer exportador de caféx y segundo exportador de nuez de marañón y, un gran productor de ñame, té y carne de aves. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial.xi El éxito se debió también a un fuerte apoyo del estado al sector, a la integración de la agricultura y ganadería con el aprovechamiento forestal y la pescaxii y en especial a la intensa generación de tecnología propia.

En 1861, con Lincoln como presidente, Estados Unidos optó por proteger su producción nacional, fortalecer su mercado interno y por abolir la esclavitud. Estableció las UAF gringas, los homestead de 64 hectáreas en las zonas de colonización. Si no hubiera optado por ese camino, Estados Unidos sería un país subdesarrollado dependiente de Europa y en especial de Inglaterra. Ahora se quiere que aceptemos abrirnos a las importaciones, quebrar las UAF y mantener el latifundio, lo que no nos llevará jamás a ser un país próspero.

Exportar, claro que sí, un país con un mercado interno creciente, fuerte y saludable puede exportar. Pero Colombia no exporta ni una gota de etanol a pesar de ls subsidios que recibe porque es demasiado caro, porque la caña se siembra en una tierra demasiado cara y al obrero se le paga muy mal sin contrato laboral reconocido, sin prestaciones laborales.

Además en Colombia decirle al campesinado que no le tema al TLC porque “hay que acostumbrarse a vender” es olvidar que si alguien está acostumbrado a exportar es el campesinado. Lo que teme el campesinado es la importación de productos altamente subsidiados como los de Estados Unidos o Europa.

Hay que recordar un caso que va más allá: la plaga que mató 12 millones de gallinas en 1950. Se sospecha que el virus Newcastle llegó desde Panamá, en aves procesadas y congeladas remitidas a un campamento norteamericano en Coveñas. Sylvia Mc Cowen, investigadora inglesa, sostuvo que la enfermedad apareció primero en Coveñas, después en Tolú, Cereté, Montería, el resto de la Costa Atlántica y luego se extendió a los departamentos de Santander, Valle, Antioquia, Caldas y resto del país.xiv La gente de nuestra generación recuerda que el pollo era un lujo, era caro, difícil de ver en la mesa. En la misma época nuestras abuelas contaban que después de tener cada hijo comían una gallina diaria por 40 días, claro, los campesinos tenían 18 millones hasta la importación del Newcastle.

Más ruinosas fueron las importaciones de trigo y cebada, porque al menos ahora hay gallinas. Algunos preguntan por qué los campesinos de Boyacá en vez de cultivar papa y cebolla no cultivan trigo y cebada que están caros en el mercado mundial y olvidan que tuvieron que dejar esos cultivos porque ambos cereales fueron importados masivamente. ¿Dumping? Renuncia a la soberanía alimentaria, renuncia a tener un ministerio de Agricultura que planifique, haga estimaciones de precios e intervenga mercados.

Hay que planificar la agricultura y la ganadería. Es bien sabido que los precios oscilan cíclicamente y Mordecai Ezekiel demostró en 1938 el “teorema de la telaraña” de la oferta y demanda de productos agrarios y cómo los precios y producción de algunos productos pueden fluctuar indefinidamente y separarse cada vez más del “punto de equilibrio”, por lo cual “el sistema económico nunca organizará todos sus recursos para el uso más efectivo” y no habrá ningún “mecanismo automático y autorregulador”. La alimentación no es cíclica, es una necesidad de cada día, de cada persona, de cada familia, de cada pueblo y si tenemos el derecho a comer, tenemos el derecho a producir nuestra comida.

El modelo Chicoral + neoliberalismo + TLC no puede seguir imponiéndose. Por favor, llegó la hora de comenzar a construir un pacto con los de ruana y los primeros puntos de la agenda son la 16,6 millones de hectáreas desaprovechadas que están dentro de la frontera agrícola el reconocimiento de la economía campesina como parte vital del sector agropecuario y la economía del país, la defensa de la diversidad cultural y la recuperación de la soberanía alimentaria.

Eso además sería coherente con el punto uno pactado en La Habana, que se centra en el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo.

Pero como reconoce el ministro Lizarralde, el verdadero pacto será el que se construya con las veredas, con el campesinado que paró desde febrero hasta septiembre y que sigue negociando y movilizándose organizada y pacíficamente.

Héctor Mondragón
Economista e investigador

Edición N° 00371

Semana del 4 al 10 de Octubre de 2013