Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Este municipio en el norte del Valle del Cauca es el segundo del departamento con más reclamantes de tierras. Las seis sentencias por ahora falladas muestran el drama de la guerra.

 

Todas ellas salieron desplazadas de sus fincas entre 1991 y 2009 después de que las amenazaran, les desaparecieran familiares o perdieran sus casas y cultivos en los constantes enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes en su disputa por el control territorial.

 

Bolívar está entre las cordilleras Occidental y Oriental. De las más de 75 mil hectáreas que lo componen, por lo menos el 97 por ciento están sobre zona montañosa y solo tres por ciento en áreas planas, condiciones geográficas que fueron aprovechadas por diferentes grupos armados para traficar con armas y producir y comercializar drogas ilícitas. El Cañón de Garrapatas, pegado al poblado, fue utilizado como ‘base’ de los ilegales desde donde provocaron decenas de combates. Y la población siempre quedó en el medio.

 

Los corregimientos más afectados por el conflicto armado fueron La Tulia, el Naranjal y Betania, donde precisamente los jueces han fallado a favor de las víctimas. Según datos de la Unidad de Restitución actualizados al 31 de mayo de 2013, a este municipio el gobierno le dio prioridad para documentar los casos de abondo y despojo de tierras y de presentaron ante jueces por la cantidad de personas que están reclamado tierras. Hasta esa fecha, 73 familias habían solicitando la restitución de 69 predios que suman 4 mil 200 hectáreas que les fueron arrebatos con violencia.

 

La mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad, con problemas de salud y escasos recursos económicos, que por el conflicto armado se desplazaron a otros municipios del Valle, endeudados porque al momento de ser desplazados estaban pagando créditos con el Banco Agrario; desesperanzados, porque justo cuando habían logrado sobrevivir del terremoto de Armenia (Quindío) en 1999 y ser reubicados en una nueva tierra, fueron expulsados; y con temor, al punto que una de las familias le dijo al juez que no quería regresar a su finca. 

 

Guerrilla, narcotraficantes y bandas armadas como los ‘Machos’ y los ‘Rastrojos’, financiadas por el Cartel del Norte del Valle para mantener el control de lo negocio de la droga en la región, fueron señalados en las sentencias como responsables de las afectaciones a estas seis familias.

 

Todos los actores armados

La violencia en Bolívar comenzó en los años ochenta, cuando el territorio montañoso fue cultivado con hoja de coca. La Unidad de Restitución documentó que en esa época se registraron los primeros asesinatos y ventas ilegales de tierras en lugares estratégicos como el Cañón de Garrapatas y San Quintín. La guerrilla del M-19 también hacía presencia en la zona y vinieron los desplazamientos después de los primeros combates entre el Ejército y el grupo subversivo, y las primeras fumigaciones contra las plantaciones de cultivos ilícitos.

 

“El conflicto condujo a la venta ilegal de tierras, asesinatos por la presencia de los narcotraficantes y masacres. Se llevaban a las personas y las tiraban al río. En algunas ocasiones, les decían que bajaran a buscar al familiar y también lo asesinaban”, explica una de las sentencias.

 

La Unidad de Restitución encontró en registros de prensa que entre los años 1985 y 1987 en los corregimientos de La Tulia, El Naranjal y La Primavera, así como en el Cañón de Garrapatas, se produjo el desplazamiento de decenas habitaciones por varias razones, entre ellas por las fumigaciones de la hoja de coca, pero no fue la única: “En 1988, en el corregimiento de Betania y en la vereda Los Cristales, se realizaron megaproyectos económicos, de monocultivos, exploración minera, turística y portuaria, que generaron también desplazamientos de la población civil”, indica otra sentencia.

 

Entre 1988 y 1994 continuó la presencia del narcotráfico a la par que fueron llegando otros actores armados ilegales a disputar el terreno. Entre 1991 y 1995 hizo presencia el Frente Luis Carlos Arbeláez, del Eln; entre 1997 y 2004, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo el mando de Ever Veloza, alias ‘H.H’ continuaron con la ola de violencia; y entre 2004 y 2010 el terror lo infundieron los narcotraficante Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, quien financiaba la banda de los ‘Machos’, y Wílber Alirio Varela, alias ‘Jabón’, el creador de los ‘Rastrojos’.

 

La confluencia de todos estos actores armados, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, sumada a la intervención de las fuerzas militares en su lucha antisubversiva y antinarcótica, se tradujo durante por lo menos diez años de asesinatos, desapariciones, masacres, reclutamiento, abandonos de tierras, reclutamiento y robo de animales, víveres y enseres. 

 

En 1978, Mario* llegó a Bolívar y compró una parcela de dos hectáreas en el corregimiento de Guare y la cultivó durante trece años sin problema. Allí vivía tranquilo con su esposa y siete hijos hasta que un día, en 1991, se le presentó en la finca un hombre que decía ser Jesús Antonio Mejía Jaramillo. El hombre le mostró una escritura del 7 de abril de 1991 de la Notaría Única de Roldanillo en la que aseguraba que él era el propietario y no el campesino.

 

“Jesús Antonio era muy atravesado, que le gustaba coger las cosas a la brava, era muy peligroso y había comprado muchas tierras por el sector”, contó un testigo durante el juicio de restitución de tierras.

 

El rumor de que era un hombre con un pasado cuestionado fue confirmado por las autoridades. “Jesús Antonio fue una persona vinculada con narcotraficantes y señalado como testaferro de la familia Urdinola”, dijo la Procuraduría durante el juicio. La Unidad de Restitución documentó que la Fiscalía adelanta investigaciones contra Mejía Jaramillo por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, homicidio, lesiones personales y hurto, señalado de ser cómplice del extinto capo del cartel del norte del Valle, Iván Urdinola Grajales.

 

Por el temor que inspiraba ese hombre, le dijo Mario al juez, él y su familia abandonaron el terruño que hasta entonces cultivaban con cacao y plátano. Como el predio fue explotado por Mejía Jaramillo, entró en un proceso de extinción de dominio y ahora con la decisión del juez éste será restituido a la familia que se desplazó a principios de los años noventa.

 

Otra es la historia de Patricia*, quien en 2003 le había comprado una parcela a la Junta Cívica Provivienda Comunitaria del corregimiento de La Tulia para vivir con su esposo y seis hijos. Pero esta familia no logró disfrutar la tierra porque ese mismo año su esposo fue secuestrado y desaparecido. “Cuando la señora se dirigía hacia el corregimiento de El Naranjal, donde le dijeron que tenían a su esposo, fue retenida por los captores. La amenazaron para que no denunciara los hechos”, relata la sentencia sin especificar qué actor armado fue el responsable.

 

Tras la desaparición de su esposo, Patricia se desplazó a un corregimiento cercano y luego a la ciudad. Estando desplazada, en noviembre de 2011 un grupo de hombres armados llegó y secuestró a su hijo mayor. “Cuando la mujer se disponía a interponer la denuncia, recibió una llamada en la que le informaron que no denunciara porque iban a liberar al hijo”, señala la sentencia. Por miedo, la mujer envió a su hijo a otro pueblo donde sus familiares.

 

Patricia contó que las veces en que fue desplazada se cambió el nombre y que en la actualidad paga arriendo, no tiene trabajo y siente que su salud física y emocional están deterioradas. El juez ordenó a las diferentes instituciones para que, además de la restitución, continúen las investigaciones para saber dónde está su esposo.

 

Carlos* fue otro campesino de Bolívar que fue forzado a abandonar su parcela por la violencia. Entre 1986 y 1993 él y su esposa adquirieron dos predios, uno de 256 hectáreas y otro de 46 hectáreas  en el corregimiento de El Naranjal. 

 

Cuando creían que ya habían logrado levantar una finca productiva, en 2003 las bandas de narcotraficantes que se disputaban el control del territorio los comenzaron a extorsionar y la familia no aguantó. Pese a que denunciaron la situación ante las autoridades en Tuluá, Carlos abandonó las fincas y los 120 animales que pastaban allí. 

 

Lo perdieron todo y no tuvieron otra opción que desplazarse a la ciudad donde sobrevivieron vendiendo almuerzos. Después de diez años, el juez reconoció que la familia fue víctima de la violencia y además de restituirles sus tierras, ordenó al gobierno garantías para que Carlos pueda levantar de nuevo su finca con proyectos productivos y sus hijos puedan estudiar.

 

Muy similar es el caso de Diego*, un campesino que en los años 90 adquirió un predio en el corregimiento d Betania donde comenzó a prosperar con su familia. En 1991, tras combates en la región su casa fue derribada, pero pese al conflicto resistió en la región. Debido al temor generado por los hechos violentos en la zona, Diego dejó de habitar la vivienda pero continuó cultivando el predio.

 

En julio de 2002, Diego tramitó un crédito por casi 6 millones de pesos con el Banco Agrario para desarrollar una plantación de lulo. Como garantía, el banco hipotecó el predio hasta tanto no pagaran la deuda. La familia comenzó con el proyecto y alcanzó a pagar dos cuotas del crédito hasta que en diciembre de 2004 los combates entre diferentes grupos armados desplazaron a la familia. Con el tiempo, perdieron la cosecha, los muebles y los electrodomésticos.

 

Desesperado por no tener los recursos para comenzar de nuevo y pagar la deuda, Diego puso en venta la finca pero nadie la compró. También le ofreció el predio al banco para quedar a paz y salvo, pero la institución bancaria no aceptó. “En 2006, una vecina le dijo que los grupos armados le habían mandado decir que no siguiera ofreciendo la finca para la venta porque de lo contrario se atenía a las consecuencias”, relató Diego durante el juicio.

 

Después de 13 años esta familia podrá volver a sus fincas, según lo ordenó el juez de restitución que demás pidió a las diferentes autoridades garantías para que Diego, su esposo y tres hijos pudieran retornar, tener acceso a salud, educación y proyectos productivos para salir adelante.

 

A Luisa, otra habitante del municipio de Bolívar, la dicha le duró poco. Ella y su familia habían sobrevivido al terremoto de Armenia de 1999. Buscaron un predio en el corregimiento de El Naranjal, en el Valle del Cauca, que lograron comprar en 2001. En la parcela de 6.400 metros cuadrados comenzaron a rehacer su vida con cultivos café, plátano, mandarina, limón, guanábana y zapote, y con la cría de animales para el sostenimiento. 

 

En 2000, uno de sus hijos salió a trabajar y jamás regresó. “Ella salió a buscarlo pero unos guerrilleros encapuchados le dijeron que no buscara más, que él estaba muerto y que ni se le ocurriera denunciar porque se atenía a las consecuencias”, relató Luisa al juez. La tragedia volvió en 2008 cuando la guerrilla desapareció, esta vez, a su yerno. “Una semana después cuatro hombres armados ingresaron a la casa y le advirtieron a su hija que no buscara nada, que no denunciara nada”, señala la sentencia en el relato de los hechos.

 

Por ese pasado y por el temor que todavía persiste en la familia, Luisa, quien está a cargo de dos nietas, dijo que no quería volver a su casa lote de 6.400 metros cuadrados. En su decisión, el juez le ordenó a la Unidad de Restitución buscarle otro predio para que tenga un lugar dónde vivir.

 

La historia de Marta* es como la de las otras cinco familias que salieron desplazadas de Bolívar. En 2002, había logrado comprar una parcela de 19 hectáreas en el municipio de Betania, donde cultivaba pancoger. En diciembre de 2008 uno de sus hijos recibió una llamada en la que una mujer le puso una cita a las once de la noche en el municipio de El Dovio. El joven asistió y ese mismo día fue asesinado por un hombre que acompaña a la mujer que lo había citado.

 

Los combates entre actores armados continuaron en la región y en febrero de 2009, Marta y otro hijo se desplazaron por miedo a que les sucediera algo. “Además los grupos le enviaban notas anónimas a la señora Marta, advirtiéndole que de no abandonar el predio serían ‘visitados’ por ellos”, relató la mujer durante el juicio de restitución. Desarraígados, sobrevivieron pagando arriendo en una ciudad hasta septiembre de 2013 cuando el juez de restitución dio la orden de devolverles la tierra.

 

En sus decisiones, los jueces ordenaron a las fuerzas militares garantías de seguridad para que las familias restituidas retornaran a las 300 hectáreas que les devolvieron; y le solicitaron al Sena, al Incoder y a los gobiernos locales darles prioridad en acceso a educación, proyectos productivos y acceso a salud. 

 

A la Gobernación del Valle, le pidieron prestar atención sobre algunos de los corregimientos que no aún no cuentan con servicios públicos, como acueducto y energía, “para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo”, así como a la Oficina de Instrumentos Públicos anular las hipotecas que habían sobre algunos de los terrenos por las deudas adquiridas con el Banco Agrario. A la familia que no quería volver al predio, el juez le pidió a la Unidad de Restitución buscar un terreno de similares condiciones para garantizar la restitución.

 

Otras 67 familias, que ya denunciaron el abandono y el despojo de sus fincas ante la Unidad de Restitución, esperan que pronto se desarrolle un juicio para recuperar y tener las garantías para volver a sus predios en Bolívar.

 

*Nombres cambiados por razones de seguridad

 Miércoles, 09 de Octubre de 2013 00:30

 

Negocios ilegales – La lucha por la tierra