Aumento de combates entre el ejército y la guerrilla en zonas pobladas por civiles, amenazas de los paramilitares y otras violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en un clima de absoluta impunidad por parte del sistema judicial colombiano. Como deber de nuestra misión de acompañamiento a las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia, nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales…
Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane
Colombia Vive! Onlus
Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda , Prosecutor
Exp. OTP-CR. 266/07
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José de Jesús Orozco Henríquez, presidente
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Diego García Sayán, Presidente
Caso 12325
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)
Hanna Bertelman, Human Rights Officer
Claudia Gerez Czitrom, Human Rights Officer
Victoria Kuhn, Human Rights Officer
Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia
Todd Howland, Representante en Colombia
Juan Carlos Monge, Representante adjunto
Sub-Oficina en Medellín
Ursula Urdillo, Oficial derechos humanos Dpto. de Antioquia
Narni, 10 de febrero de 2014
Asunto: Aumento de combates entre el ejército y la guerrilla en zonas pobladas por civiles, amenazas de los paramilitares y otras violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en un clima de absoluta impunidad por parte del sistema judicial colombiano.
Como deber de nuestra misión de acompañamiento a las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia, nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales responsables de la vigencia de los derechos humanos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de colectivos que reivindican el derecho de vivir en paz, el derecho a que se les devuelvan los territorios robados y el derecho a defender los derechos humanos. Hablamos de colectivos de afrocolombianos/as que habitan en las cuencas de los ríos. Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó, campesinos/as de San José de Apartadó, indígenas Nasa y colectivos de defensores/as de los derechos humanos. Así mismo advertimos a los organismos internacionales sobre el aumento de amenazas e intimidaciones, en este periodo pre-electoral, a personas cuya actividad política está en oposición a los intereses de las clases tradicionales que han gobernado el país. Por ello hacemos un llamado especial a los Organismos Internacionales y manifestamos nuestra máxima preocupación por el caso Colombiano. Los hechos objeto de las denuncias, hacen recordar las peores prácticas paramilitares y militares de sectores radicales del estado colombiano de no hace mucho tiempo. Se observa que a través de la violencia y la intimidación pretenden mantener el estatus quo de injusticia e impunidad en el sistema sociopolítico colombiano. Nos preocupa también sobremanera la indiferencia internacional y mediática ante la grave crisis humanitaria que viven los colectivos sobre los cuales recaen todas las consecuencias de la violencia paramilitar y militar en el territorio colombiano.
En menos de dos meses hemos observado que se han incrementado las denuncias de violaciones de derechos humanos efectuadas por grupos paramilitares y hemos constatado la falta de determinación del actual gobierno para evitar que los efectivos militares cumplan con los principios del Derecho Internacional Humanitario, sobre todo el principio de distinción entre población combatiente y no combatiente, principio que ninguno de los actores armados, incluido el ejército estatal, cumple.
A continuación remitimos los hechos por los cuales la dignidad y por ende los derechos humanos de los grupos que acompañamos han sido violados:
Seguimientos, señalamiento y planes contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, en particular, Danilo Rueda y Alberto Franco.
En la Acción Urgente enviada el 20 de enero denunciamos la persecución contra Danilo Rueda, amenazas e intimidaciones que no son la primera vez que ocurren en contra de su persona. Esta vez debemos advertir a los Organismos internacionales sobre prácticas de intimidación al sacerdote Alberto Franco, mediante la criminalización y penalización de sus afirmaciones, así tal cual lo describe la Comisión de Justicia y Paz de la cual él es su Secretario.
El Lunes 23 de diciembre de 2013 se supo que la Fiscal 241 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá adelanta una investigación por injuria y calumnia contra el sacerdote ALBERTO FRANCO, bajo el radicado 500016000567201301936. La denuncia contra el defensor de derechos humanos fue presentada por el Comandante de la Brigada Nro. 7 con sede en Villavicencio siendo motivo de la misma la Constancia Histórica sobre la nueva oleada de operaciones de tipo paramilitar y el anuncio que hicieran efectivos regulares de operaciones paramilitares. En dicha comunicación se exhortó a las autoridades del Estado a tomar acciones para garantizar la vida e integridad de los miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ.
El Jueves 16 de enero de 2014 la Comisión conoció una serie de mensajes emitidos por la cuenta de twitter del candidato al senado DARÍO BLANDÓN, desde el 12 hasta el 16 de enero. En estos se acusó difamando a la Comisión de Justicia y Paz de ser responsable de muertes violentas, generar desplazamientos forzados, planear la toma del municipio de Río Sucio, abusar de una menor, de entrenar jóvenes, de robar ganado, motosierras y motores, e implementar siembras de palma en acuerdo con la guerrilla de las FARC y Brigadas Internacionales de Paz, PBI. Es importante evidenciar que DARÍO BLANDÓN es compañero de lista del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el grupo político denominado Centro Democrático1 cuya declaración política propende por la continuidad de la doctrina de seguridad democrática la cual fue objeto de centenares de denunicas por los excesos de abuso de poder por parte de la acción militar y, contradictoriamente, por otro lado se declaran defensores de las víctimas y de los derechos humanos. Se ha de recordar que el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez no en pocas ocasiones ha realizado señalamientos de este tipo sobre las cuales varios organismos internacionales han solicitado rectificación.
Nueva ejecución extrajudicial en Cauca
El viernes 17 de enero a las tres de la tarde Militares del batallón José Hilario López adscrita a la brigada 29 asesinaron a Wilder Eduardo Olave. El crimen sucedió en el caserío Vibora, municipio de Inzá.
El joven campesino de 19 años se encontraba recogiendo leña en la huerta de su lugar de habitación, mientras que a escasos metros, en la cancha de fútbol, los militares responsables de su muerte estaban acantonados. La madre y hermana que se encontraban en la vivienda, a pocos metros de la huerta, escucharon dos disparos. Su madre salió rápidamente de la casa y se dirigió hacia la huerta pero encontró a un militar que al observarla disparó al aire en dos ocasiones y huyó del lugar. Segundos después la campesina escuchó varias ráfagas que por el temor que produjeron la obligaron a regresar a su casa. Aproximadamente quince minutos después un vecino les informó a la madre y la hermana de Wilder que había un cuerpo sobre la huerta. Los tres campesinos se acercaron y encontraron el cuerpo ensangretado de Wilder. Lo que les motivo dirigirse hacia donde estaban los militares, observando que estaban empezando a levantar sus tiendas.
Ante la perplejidad de los campesinos, uno de los militares expresó que habían sido hostigados desde la parte alta por la guerrilla, y que en el cruce de disparos cayó el campesino. Frente a dicha afirmación los campesinos reiteraron que en ningún momento hubo enfrentamiento armado y le exigieron a los militares no retirarse hasta contar con la presencia de la personería e inspección municipal.
Hacia las cinco de la tarde, arribaron los funcionarios y ante éstos los militares insistieron que la muerte de Wilder era consecuencia de un cruce de disparos. Media hora después el cuerpo sin vida de Wilder fue remitido al hospital de la cabecera municipal de Inzá.
No es la primera vez en el municipio de Inzá que los militares cometan este tipo de violaciones de derechos humanos. Sea que haya sido por cruce de fuego como afirman los militares o que haya sido una ejecución arbitraria se evidencia que el principio de distinción entre poblacion civil no combatiente y actores del conflicto no está siendo respetado por el Ejercito Nacional.
Caso Comunidad de Paz de San José de Apartadó
El domingo 12 de enero de 2014; hacia las 3:00 horas un grupo de 23 paramilitares se presentaron en la vereda Bellavista (corregimiento de San José). El grupo de paramilitares, entre los que se encontraban los reconocidos paramilitares Albeiro y Lubin Cardona, amenazaron a varios civiles, obligándoles a permanecer callados, porque de lo contrario no responderían por lo que les sucedería más adelante. Como lo hemos indicado en otras acciones urgentes, los paramilitares actúan no obstante dicha zona este vigilada por una gran presencia militar. Por lo que denunciamos la connivencia entre la fuerza pública con el paramilitarismo.
El miércoles 15 de enero de 2014; hacia las 14:00 horas militares de la base militar de San José retuvieron a Wber Areiza, miembro de la Comunidad de Paz, allí los uniformados lo amenazaron de llevárselo retenido argumentando que el tenia orden de captura. Después de varios minutos y después de los insultos contra Areiza fue dejado en libertad.
El viernes 17 de enero de 2014; hacia las 14:00 horas se inició un hostigamiento a la base de policía y militar ubicada en el casco urbano de San José, quedando en medio del cruce de disparos varias familias de nuestra Comunidad de Paz, incluyendo a Germán Graciano representante Legal de nuestra Comunidad de Paz y dos menores de edad de 4 y 2 años, quienes transitaban por el lugar acompañando a familias de la Comunidad.
El sábado 18 de enero de 2014; reconocidos paramilitares en nuevo Antioquia amenazaron con eliminar a miembros del Consejo interno de la Comunidad de Paz.
El domingo 19 de enero de 2014; hacia las 23:35 horas se inició otro combate entre tropas militares y guerrilleros de las Farc en el sitio conocido como la Antena en el corregimiento de San José de Apartado.
El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 10:03 horas, un sujeto que se identificó con el nombre de “Alberto”, llamó desde el celular 3164201221 a un poblador de la vereda La Unión, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, para pedirle que suministrara información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad, advirtiéndole que había recompensas monetarias atractivas para pagar esa información, invitándolo al tiempo a trabajar como informante para que a la vez le hiciera seguimiento a los movimientos de la guerrilla en la región.
El mismo lunes 20 de enero de 2014; hacia las 14:00 horas y por espacio de 15 minutos se escucharon ráfagas en un campamento militar ubicado junto a un predio de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos del corregimiento de San José. Estos ametrallamientos generan pánico y zozobra a la población civil campesina.
El martes 21 de enero de 2014; hacia las 21:30 horas y por espacio de 20 minutos se presentó un hostigamiento en el mismo campamento militar ubicado en el sitio conocido como la Antena en el corregimiento de San José.
El miércoles 22 de enero de 2014; hacia las 20:44 horas se presentó otro hostigamiento a tropas militares acantonadas en el sitio conocido como la Antena en el corregimiento de San José.
El viernes 24 de enero de 2014; hacia las 9:00 horas familias de la Comunidad de Paz que habitan en la vereda Mulatos, mientras laboraban en cultivos de pan coger y de sustento de las familias, fueron insultadas y obligadas a abandonar la labor de campo por una patrulla militar del Ejército Nacional quienes acampan junto a los cultivos de las familias.
El sábado 25 de enero de 2014, miembros del Ejército Nacional quienes han acampado abusivamente en predios privados de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, robaron los productos de pan-coger de las familias allí asentadas y destruyeron los pocos cultivos que quedaban.
El domingo 26 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se registró un nuevo hostigamiento contra las bases de la Policía y del Ejército en el centro urbano de San José de Apartadó, bases ubicadas en medio de la población civil contra todas las normas de la Corte Constitucional, poniendo nuevamente en alto riesgo las vidas de los pobladores, quienes por ser domingo se hallaban haciendo el mercado semanal.
El martes 28 de enero de 2014, varias familias de la Comunidad de Paz fueron nuevamente testigos de la fuerte presencia paramilitar en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó. Esta vez iban vestidos con trajes civiles pero llevaban armas largas visibles e insignias con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). La zona de Playa Larga está muy cercana al poblado de Nuevo Antioquia, que ha sido un enorme nido de los paramilitares desde hace casi dos décadas y donde la protección y articulación de la fuerza pública es evidente.
Como lo comprobaron la Comunidad y numerosos acompañantes nacionales e internacionales en la peregrinación del pasado mes de octubre, el Gobierno ha trazado allí una nueva estrategia: retiró la base militar; retiró el gobierno civil (Corregidor); dejó todo en poder de la Policía, la cual afirma que sólo le compete vigilar el casco urbano sin ninguna incidencia en las áreas rurales; dio orden a los paramilitares de no usar distintivos dentro del poblado y así, en los “controles” de la policía ellos son “población civil sin ningún antecedente”, dado que los antecedentes judiciales están registrados en los “alias” y no en los nombres que figuran en los documentos legales. Así los paramilitares han podido continuar allí con un control absoluto del poblado, en convivencia “legal” con la Policía.
El viernes 31 de enero de 2014, hacia las 12:30 horas, se registró un nuevo y fuerte enfrentamiento armado en el centro urbano de San José de Apartadó, el cual duró hasta las 15:00 horas. Los maestros de la escuela tuvieron que suspender sus clases por quedar atrapados en medio de los disparos y explosiones.
El mismo viernes 31 de enero de 2014, hacia las 15:00 horas, alias “COFLAS” quien se identificó como “Jefe Paramilitar” en la región y quien afirmó que estaba acompañado por un Sargento del Ejército, hizo una llamada desde el celular 3146800209 a un poblador de la vereda La Unión, invitándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole buenas recompensas monetarias si suministra información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz.
El sábado 1° de febrero de 2014, hacia las 11:10 horas, se registró otro hostigamiento a la base militar de San José con una duración aproximada de 20 minutos. Poniendo en riesgo por enésima vez la población civil y desacatando la propia Corte Constitucional y su Consejo de Estado, en lo que respecta a la ubicación de los puestos de policía o comandos militares y violando el derecho internacional humanitario.
El domingo 2 de febrero de 2014, hacia las 9:00 horas, se escucharon disparos de armas de fuego en dirección a los cultivos de pan-coger de las familias de la Comunidad de Paz del asentamiento La Unión. La ocupación abusiva e ilegal por parte del Ejército, de espacios pertenecientes a la Comunidad de Paz, para acampar allí, ha impedido al mismo tiempo a las familias desarrollar sus labores agrícolas ordinarias de subsistencia y hace presumir que los mismos militares están atacando a bala los cultivos, convirtiendo en campo de batalla el terreno de sustento de la vida.
Así mismo, en los últimos días se ha visto, de nuevo al reconocido paramilitar “APOLINAR GUERRA GEORGE” en los parajes de Caracolí y la Victoria en la carretera que conduce a San José desde Apartadó. Apolinar, ha trabajado conjuntamente con la Brigada XVII del Ejercito Nacional desde hace mucho años, en el 2005, la brigada XVII lo utilizó como un falso testigo para desacreditar y atacar a la Comunidad de Paz, especialmente en el caso de la masacre del 21 de febrero de 2005. Con absoluta impunidad, éste paramilitar, vive bajo la custodia de la Fuerza Pública.
El Gobierno Nacional continúa desacatando las órdenes de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias. En efecto, el pasado 20 de enero la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, volvió a señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo preceptuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afirmando: “En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”.
Hoy de nuevo acudimos a los Organismos de tutela de los derechos humanos, como lo hemos hecho en numerosas ocasiones para que se persuada al Gobierno y a las Fuerzas armadas de Colombia para que acaten las órdenes de la Corte Constitucional y del Derecho Internacional Humanitario con el fin de no involucrar ni poner en riesgo la vida de los civiles.
Caso reclamantes de tierra de Curvaradó
Martes 21 de enero en horas de la tarde OMAIRA MENDOZA integrante del consejo comunitario de Apartadocito, territorio de Curvaradó fue amenazada por haber declarado ante la fiscalía sobre crímenes y despojo de la tierra que comprometen al ganadero Antonio Lopera.
La amenaza telefónica a Omaira la realizó un hombre, que le expresó: “por andar de sapa con la fiscalía le va a pasar lo mismo que a Manuel Ruiz y Argenito Diaz”. Como se recordará Manuel y Argenito fueron asesinados por paramilitares para asegurar la tenencia y uso de la tierra a favor de empresarios ocupantes de mala fe. Un día después, Omaira recibió un mensaje de texto en su celular, el cual dice “ha sido la feliz ganadora de 15 millones de pesos, por favor llamar al número de donde recibió este mensaje”. La misma estrategia para engañar a la víctima fue utilizada en el asesinato de Manuel Ruíz y su hijo.
Esta nueva amenaza reitera la ausencia de garantías para que las víctimas participen en procesos judiciales y la ausencia de medidas eficaces para la devolución de la tierra, el uso y disfrute de la misma por los afromestizos.
Domingo 26 de enero en horas de la tarde un hombre en motocicleta siguió a Omaira Mendoza y a Enrique Cabezas, ambos reclamantes de tierras, desde el caserío de Llano Rico hasta la Zona Humanitaria Caño Manso.
Omaira por las reiteradas amenazas contra su vida la semana pasada se vio obligada a desplazarse.
El mismo domingo 26 de enero, Leonel Suescún, reconocido trabajador del empresario ocupante de mala fe, Darío Montoya, se acercó al lugar de habitación del líder amenazado Enrique Cabezas, con el pretexto de buscar información laboral pues supuestamente el líder comunitario, Emilio Cabezas está buscando personas para trabajar la tierra. Leonel Suescún es conocido en la zona porque ha participado en la persecución de la familia Gallo y la familia Díaz, de las que han sido asesinados Manuel y Argenito, respectivamente. Darío Montoya es reconocido como beneficiario de las operaciones paramilitares y como uno de los instigadores de la violencia contra los reclamantes de tierras en Curvaradó.
Asesinado Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de lideresa, Ana Fabricia Córdoba
El domingo 2 de febrero al medio día en la ciudad de Medellín sicarios acribillaron a CARLOS ARTURO OSPINA CÓRDOBA, de 22 años, hijo de la lideresa, ANA FABRICIA CÓRDOBA, también asesinada en 2011 en la capital de Antioquia.
CARLOS ARTURO contribuyó, desde el mismo día del asesinato de su madre hasta el día de ayer, en la búsqueda de pruebas para que la Fiscalía General de la Nación lograra sancionar a los culpables del asesinato de su madre Ana Fabricia Córdoba.
El drama de CARLOS y los que sobreviven aún hoy de su familia se inició en 1995 con el asesinato de su padre DELMIRO OSPINA y el desplazamiento forzado desde Chigorodó causado por parte de paramilitares que operaron con apoyo de la brigada 17 y la Policía de Urabá, conductas que permanecen en la impunidad. De la misma manera, la policía asesino al hijo mayor de la Familia, JONATAN ARLEY, así como los otros crímenes, éste todavía se encuentra en la impunidad.
Nuevas amenazas contra organizaciones y líderes de la oposición colombiana
Martes 4 de febrero el grupo paramilitar “Águilas Negras” amenaza de muerte a varias personas de la oposición colombiana; entre las que se encuentra Iván Cepeda, Alirio Uribe Aida Abella y organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Las amenzas se realizarón a través del siguiente panfleto:
Amenaza de militares a comunidad Nasa
Miercoles 5 de febrero militares de la brigada Móvil Nº 13 amenazaron a Indígenas Nasa que se oponen a la militarización de su Resguardo “Jerusalén San Luis Alto Picudito2 en el municipio de Villagarzón, Putumayo.
ELVIA VELASCO y otros comuneros fueron abordados por militares quienes los cuestionaron por la movilización indígena que estaban realizando las autoridades del pueblo Nasa exigiendo el retiro del territorio. Segundos después un militar les expresó: “donde ustedes sigan dando cachete me los lambo”.
Desde hace ocho días el Resguardo Nasa Jerusalén San Luis Alto Picudito, municipio de Villagarzón, Putumayo, fue militarizado por más de 200 soldados pertenecientes a la Brigada Móvil 13, adscrita a la 6ta División del ejército. De manera infructuosa la guardia indígena se dirigió hacia los militares para que acataran la Directiva 016 del Ministerio de Defensa pues éstos ocultaron su identidad y se negaron a dar sus nombres y cargos. Manifestaron que se retirarían pronto, pero pocas horas después se incrementó el pie de fuerza.
Los hechos hablan por si solos, la situación de los derechos humanos en Colombia es de extrema gravedad, por eso de nuevo, y en razón de las agresiones descritas anteriormente, acudimos a la colaboración de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!
Con copia a:
Presidencia de la República de Colombia
Vicepresidencia de la República de Colombia
Ministro de la Defensa
Ministro del Interior
Ministro de Justicia y del derecho
Fiscal General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Departamento de Policia Urabá
Coronel Gustavo Chavarro Romero, Comandante Departamento de Policía de Antioquia
Comando de la Brigada XVII
Mayor General Jaime Esguerra Santos Inspector General de Ejército
Mayor General Rodolfo Bautista Palomino López – Director de Seguridad Ciudadana Policía Nacional
Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
Embajada de Italia en Colombia
Embajada de Colombia en Italia
1 http://www.centrodemocratico.com/
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