Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

–Marta Elena Casaús vive amenazada por su participación en el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

–Reclama una red internacional que proteja a las víctimas y testigos que declararon en el proceso de las “amenazas e intimidaciones” que están sufriendo.

–“La victoria moral ya está conseguida. Da igual lo que pasé, yo ya gané. Conté mi verdad”, dicen las víctimas

“Los soldados me violaron, me quitaron la vergüenza, me dejaron desnuda. Fueron unos veinte. Regresé a mi casa y estaba todo quemado. Quemaron mi casa con mi hijo adentro, murió sin nombre”. El dos de abril de 2013, Máxima -nombre ficticio- se subió al estrado en el juicio contra Efraín Ríos Montt. Fue una más entre el centenar de testigos que narraron las atrocidades que les tocó vivir en los años ochenta durante el conflicto armado guatemalteco, poniendo así fin al silencio que ha enterrado durante tanto tiempo las vergüenzas que sufrieron en sus propias carnes, las vergüenzas que sufrieron sus seres queridos y el dolor de las masacres.

Máxima y centenares de hombres y mujeres como ella, protagonistas de los azotes de una violencia indescriptible- que incluye torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas- vivieron para ver cómo, el 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y condenado a 80 años de prisión. El tribunal lo declaró responsable intelectual de la muerte de al menos 1.771 indígenas ixiles, a manos de miembros del Ejército, que actuó “bajo sus órdenes” y basándose en planes militares diseñados y aprobados por él. Diez días después, el Tribunal Constitucional de Guatemala, anuló la sentencia argumentando un error procesal y ordenó repetir la mayor parte proceso, remontándose a noviembre de 2011, cuando el exdictador gozaba de inmunidad como diputado al Congreso y no había sido imputado por genocidio.

Marta Elena Casaús es guatemalteca, socióloga y catedrática de la Historia de América en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus referenciadas investigaciones, sobre la relación entre linaje y racismo, la llevaron a declarar en aquel juicio en calidad experta. Desde que era joven vive y trabaja en Madrid, pero siempre ha seguido atenta las informaciones que llegan de su país. Una de las más recientes y “preocupantes” es que la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado que la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, una figura indispensable durante el proceso contra Ríos Montt, abandone su cargo en mayo, siete meses antes de lo previsto. “Un obstáculo más” en el maltrecho camino de volver a sentarlo en el baquillo. “Es otra maniobra ilegal”, reconoce visiblemente molesta la investigadora. “Es una de las fiscales que más ha contribuido en el tema del narcotráfico y los derechos humanos. Hasta EEUU se ha mostrado en contra”, denuncia.
Casaús está en contacto permanente con muchas de las víctimas. Esta relación, y su posicionamiento con respecto al genocidio, la han convertido en una diana fácil para los sectores más conservadores guatemaltecos que, a través de la campaña “Rostros de la Infamia”, han tratado de desprestigiar a defensores clave de los derechos humanos del país. Desde hace meses vive amenazada. Su imagen aparece junto a otros rostros conocidos como el de Rigoberta Menchú o la magistrada que juzgó a Ríos Montt, Yasmín Barrios, a las que tildan de “traidoras de la paz”. “Estoy corriendo un riesgo, claro que sí, pero más riesgo corren los compañeros amenazados y las compañeras amenazadas que están en Guatemala”, asegura. “Hay juicios pendientes en los que tengo que participar, pero ahora no puedo volver a mi país. Lo preocupante es que no sólo nos amenazan a nosotros, también a nuestras familias”. Y añade bromeando, “el mayor honor para mí es aparecer junto a Menchú”.  

En su intervención en el juicio contra Efraín Ríos Montt habló de racismo. ¿Cómo ha influido y qué consecuencias ha tenido en lo acontecido durante aquellos años en Guatemala?

El racismo ha sido un mecanismo simbólico y justificativo. En los años 80, cuando pasé una encuesta preguntando cuáles eran las soluciones para el problema indígena, un 10% me dijo que la única solución era exterminar al indio o mejorar la raza. Ya vemos ahí cómo había un racismo muy poderoso en la élite del poder -militares y oligarquía- y que ese racismo conllevaba una estigmatización y desvalorización de los pueblos indígenas. Sirvió para moldear un estado racista, excluyente y autoritario que empleó sistemáticamente los aparatos ideológicos y represivos contra la población indígena. Mi conclusión es que la conciliación de racismo y Estado llega su culmen entre el 80 y 85. En ese momento, se convirtió en una ideología de Estado y un mecanismo de acción y maquinaria de exterminio contra el grupo étnico. Todos los indígenas pasaron a ser, no sólo inferiores, malolientes, borrachos, necios, sino que ahora eran enemigo público, subversivos y había que borrarlos o exterminarlos. Lo que planteo, y plantee en el juicio, es cómo el racismo y exterminio son dos caras de la misma moneda, donde el genocidio es la máxima expresión del racismo. Si no hubiese habido una sociedad tan racista como la guatemalteca, probablemente, no hubiese habido genocidio, solo masacres.

Personalmente, ¿cómo vivió el juicio?

Con muchísima tristeza y dolor. Fue emocionante, pero muy doloroso, escuchar los testimonios brutales sobre cómo habían sido maltratadas y deshumanizadas las mujeres mediante la violación sistemática, hasta su agotamiento o muerte; y los testimonios en los que decían que se sentían como “pollitos amontonados”. “Hacían lo que querían con nosotros, parecíamos animales, perros, no tenían respeto por nosotros”, contaban. Eran testimonios desgarradores. También lo viví con esperanza al ver tanta gente involucrada: abogados, fiscales, una red fortísima de solidaridad, también entre mujeres mayas y no mayas. Fue un sentimiento agridulce.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante los 36 años que duró el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), hubo más 200.000 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La sentencia contra Ríos Montt parecía ser el principio del fin de la impunidad. ¿Cómo valora la anulación?

En principio, entra un gran desánimo al ver cómo a una sentencia tan firme e impecable, que ha sido alabada por el sistema judicial y por abogados de todo el mundo, pueden cargársela con maniobras de estas características. Después te das cuenta de que en un Estado que no es un Estado de Derecho, donde gobiernan la oligarquía y el Ejército, esto no es más que una maniobra, una manipulación de los propios aparatos del Estado, incluido el sistema judicial de jueces y abogados constitucionalistas, para evitar lo inevitable: que tarde o temprano se va a hacer justicia y se va a ganar la batalla. Viéndolo desde el punto de vista positivo, demasiado lejos se llegó. El hecho de que se haya condenado en un país, por el derecho penal de ese país, a un genocida y se haya emitido una sentencia contra él ya es una victoria. Te das cuenta que es un proceso imparable que tarde o temprano se va a cumplir. Lo único que están haciendo es poner trabas para ganar tiempo, pero somos optimistas.

¿Y las víctimas?

Se están jugando la vida. Imagina cómo se sentirán pensando que van a volver a por ellas por haber alzado la voz. Además, ya han empezado a sufrir amenazas, intimidaciones, accidentes que no son accidentes. Siempre existe el temor a que se desmotiven, a que vuelvan a sentir el miedo, pero están con una moral, sobre todo las mujeres, de seguir hasta el final y por eso han presentado una demanda en la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos). Ya que la justicia guatemalteca no se hace cargo, que sea a nivel internacional. Ahora lo más importante, y por eso hago el llamado, es que hagamos un acompañamiento y un cerco de seguridad. Le han dado un ejemplo al mundo, pero ahora están solas, en aldeas absolutamente aisladas, sin internet y en ocasiones sin teléfono. Tenemos que conseguir que haya un cerco de seguridad ágil para que si hay amenaza o asesinato nos pongamos en marcha, es la única manera de protegerlas y animarlas.

Tradicionalmente, la sociedad guatemalteca ha estado muy dividida en torno a este asunto. ¿Ha detectado algún cambio tras el juicio?

Siempre han existido las tesis negacionistas que niegan el genocidio. Dicen que es una farsa o que quienes lo defienden traicionan a la patria. Si bien ese es el discurso de la élite de poder y de la derecha, el discurso de los medios ha sido favorable. En el caso de los columnistas ha habido un cambio de pensamiento. Puede que hubiese debate sobre si se trataba de genocidios o crímenes de guerra, pero nadie puede ya negar que esos testimonios son reales. Nadie. Ni siquiera los abogados y la defensa de Ríos Montt. Eran tan contundentes y aplastantes, tanto los testimonios de las víctimas, como de los testigos, peritos y abogados, que hoy en Guatemala eso es lo que ha cambiado: la percepción. El país fue consciente de que hay un antes y un después de esas declaraciones de la población indígena.

Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad hace ya más de dos años, en enero de 2012. ¿Qué lecciones saca de este proceso que ha vivido su país?

Son muy importantes. Ha habido un fortalecimiento de la justicia. El aparato de justicia -abogados y fiscales- y buena parte de la población indígena se movilizaron para luchar contra la impunidad y hacer triunfar la justicia. Eso no había sucedido nunca. Una acción tan generalizada, fuerte y bien encauzada. Por otra parte, ha sido un momento histórico para la población indígena, para escuchar su voz y que se visibilizara su discurso. Y eso, inevitablemente, ha dado a conocer el genocidio guatemalteco. También ha habido una reestructuración del mapa político. Sectores que antes estaban en contra del genocidio empezaron apoyarlo después de escuchar esos testimonios brutales y, muchos de los que estaban a favor de la izquierda democrática, se fueron de parte de la élite por miedo a perder su trabajo o su puesto en el Estado, también hubo sectores mayas que abandonaron a su gente porque ya estaban situados. Se ha dado una reestructuración que ha permitido también plantear dónde está cada cuál. Y por último, lo más importante, es recuperar una memoria histórica. Ahora hay un elemento que nadie puede negar: que existió un genocidio y hubo masacres. Y una parte de la población que no se habia enterado, por ser un tema silenciado, se ha podido enterar por la prensa nacional y también internacional de las barbaridades que se habían cometido.

Con la vuelta atrás a noviembre 2011 del juicio y teniendo en cuenta que en aquella época Ríos Montt ni siquiera había sido imputado, hay quien piensa que lo que ha conseguido el exdictador es una amnistía de facto. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

No es momento de rendirse aún. La organización querellante CALDH (Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos) ha puesto un recurso. Podemos decir que está en una situación de impás. Ahora, la obligación es seguir apoyando y luchando contra la impunidad y sobre todo seguir apoyando a las víctimas y a los testigos que fueron tan valientes, honestos y brutalmente castigados que se atreven a continuar denunciando. Ellos son los auténticos héroes y heroínas. Tenemos que crear plataformas, crear redes de periodistas internacionales, de intelectuales, de juristas internacionales y de protección y acompañamiento. Lo primero es proteger a las víctimas y una fuerte movilización para seguir acompañando el proceso. La victoria moral ya está conseguida. Las propias víctimas dicen “da igual lo que pasé, yo ya gané, conté mi verdad. Llegamos a los tribunales, contamos nuestra verdad, y se hizo justicia. Si eso no lo reconoce quien está en el poder, nosotros sabemos que tenemos la verdad. A las víctimas, la condena por genocido a Ríos Montt ya no se la quita nadie.

http://www.eldiario.es/desalambre/victimas-Guatemala-juicio-Rios_Montt_0_229927752.html