Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Que la “Marcha por el Agua, la Vida, la Resistencia y la Democracia” convocada y ejecutada por las organizaciones indígenas y populares, es una muestra del descontento con el Estado.

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento del Observatorio de Justicia y Derechos de los Pueblos Indígenas del Ecuador

 

Ante la declaratoria del Movimiento Indígena y Popular por la “Desobediencia Civil” y la instalación del Parlamento de los Pueblos

 

Quito,3 de julio de 2014

 

Considerando:

 

1.-Que la “Marcha por el Agua, la Vida, la Resistencia y la Democracia” convocada y ejecutada por las organizaciones indígenas y populares, es una muestra del descontento con el Estado. Este último se apodera en su discurso y prácticas de los conceptos, de las luchas y reivindicaciones populares. Pretende ser más “efectivo”, “regulador” y“centralizador” con un cambio de la matriz productiva profundizando la explotación de los recursos naturales presentes en los territorios de los pueblos en resistencia.

 

2.- Que se repiten los métodos e instrumentos de intimidación y hostigamiento a través de los cuerpos de policía y agentes del Gobierno: impedimento de salida de vehículos, boicot ala asistencia logística de la marcha, amenazas a dirigentes y a comunidades donde el Gobierno tiene obras y proyectos de asistencia social. Además del discurso criminalizador del Ejecutivo dirigido a los actores de las protestas, que usan la movilización como un mecanismo de resistencia para dar a conocer la posible “violación”de sus derechos y tratar de lograr cambios efectivos en la política pública.

 

3.– Que se trata de deslegitimar la expresión popular, acusándola de desestabilizadora por tanto susceptible de ser procesada de acuerdo al nuevo Código Penal. Éste identifica el derecho a la resistencia con acciones que afectan a la “integridad”, “institucionalidad” y “seguridad”del Estado y sus personeros, sin olvidar que hay alrededor de dos centenares de dirigentes sociales con procesos acusatorios.

 

4.- Que la socialización del proyecto de Ley de Aguas se ha limitado a visitas estratégicas y no vinculantes, legitimadas con la participación activa de organizaciones sociales y políticas gubernamentales y con los medios de comunicación oficiales.El Gobierno ha hecho posible en muchos de los casos la “participación” e “inclusión”  popular por medio de la “cooptación” de organizaciones ya constituidas o la creación de otras instancias desde el Estado y sus instituciones; tratando de provocar la desarticulación del Movimiento Indígena y Popular.

 

5.– Que la Ley de Aguas,aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2014 da la rectoría del agua al Estado a través de una Autoridad Única del Agua, sin mencionar a las juntas administradoras del agua ni de los sistemas comunitarios; no garantiza la desprivatización del agua; no incluye un Consejo Plurinacional del Agua. Además, el Decreto 310 que reorganiza la Secretaría del Agua y crea la Agencia de Regulación y Control del Agua y la Empresa Pública del Agua, lo que elimina la competencia de los sistemas comunitarios para administrarla y pasa exclusivamente al Gobierno Central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

 

6.-  Que ante la imposibilidad de recurrir a una instancia del Gobierno que permita viabilizar una escucha y dialogo, las bases, las organizaciones y las dirigencias se han pronunciado por la “Desobediencia Civil” como único campo para resistir a las políticas gubernamentales, al modelo de desarrollo y a la deslegitimación que hace a sus luchas. Esto sería también la expresión de una verdadera justicia indígena y comunitaria frente al predominio de una justicia ordinaria excluyente.

 

Demandamos:

 

1.– El veto a la Ley de Aguas como muestra de una actitud abierta, sincera e incluyente de diálogo,dispuesta a acoger las propuestas de los sectores movilizados que no son minoría y que tampoco se los puede reducir a expresiones de oposición política con intereses electorales y de perjuicio hacia el Gobierno.

 

2.– Que la Autoridad Única del Agua sea Plurinacional.

 

3.– Que en función dela declaración de “Desobediencia Civil”, exista una participación activa de la justicia indígena y comunitaria, como parte de los Derechos Colectivos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades garantizados por la Constitución ecuatoriana y los Tratados y Convenios internacionales.  

 

4.– La presencia de personalidades y organismos jurídicos internacionales que intermedien en el conflicto.

 

Este comunicado se hace público en el marco de la “Marcha por el Agua, la Vida, la Resistencia y la Democracia” que inició el 21 de junio en Zamora al sur del país y llegó el 30 de junio a la ciudad de Quito. Ella era motivada al principio por la posible aprobación de la Ley de Aguas por parte de la Asamblea Nacional, que se hizo realidad el 24 de junio de 2014, mientras los sectores en resistencia estaban movilizándose. Y decidió el 1 de julio instar el Parlamento de los Pueblos.

 

Observatorio de Justicia y Derechos de los Pueblos Indígenas del Ecuador

https://www.facebook.com/notes/justicia-ecuador/pronunciamiento-del-observatorio-de-justicia-y-derechos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas/552109908227891