Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Resalta que en el debate sobre regalías se ocultan las relaciones entre esta reforma a la Constitución y el déficit fiscal, déficit que llega al alto nivel del 4.6 por ciento del PIB en 2010, es decir, a una diferencia de 24 billones de pesos entre los recaudos y los gastos del gobierno nacional. Es también por este déficit, crónico en el período neoliberal, que a municipios y departamentos se les recortaron las transferencias de la nación en 76 billones de pesos entre 2002 y 2016.

En lo gastado por el gobierno en este lapso también hay que contar lo que ha recibido por las privatizaciones de las empresas que representaban buena parte de un siglo de ahorro nacional. Hace poco, además, la alta burocracia que despacha desde Bogotá se gastó los 1.700 millones de dólares que la Nación tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), y sin que esa decisión tuviera nada que ver con la parábola de la vacas gordas y las flacas, en tanto a los municipios productores de regalías los obligan a mantener en dicho fondo 1,8 billones de pesos.

Aunque parezca mentira, en 2009 quedaron sin ejecutarse más de 4 billones de pesos de regalías, pero no de los municipios y departamentos productores de hidrocarburos, carbón y níquel (regalías directas), sino de las indirectas del Fondo Nacional de Regalías (FNR) que administra el gobierno a través de Planeación Nacional y que son las destinadas a las entidades territoriales no productoras. Este hecho escandaloso obedece a la incapacidad del gobierno que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, a la colocación en TES de parte de esos recursos y a que así también se manipula el déficit fiscal. Y como la reforma en trámite elimina el FNR, todo lo que allí repose terminará en las arcas del gobierno central.

El presupuesto nacional de 2011 también muestra lo que buscan. Allí se cambia la destinación de parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), los cuales, hay que insistir, son platas destinadas a municipios y departamentos donde no hay minas ni hidrocarburos, así el gobierno oculte este hecho o, peor aún, falte a la verdad diciendo que la totalidad de las regalías van a las entidades territoriales productoras. Y los cambios consisten en que el gobierno tomará para sus necesidades –para vías nacionales y las EPS, por ejemplo– recursos que hoy les pertenecen a las entidades territoriales no generadoras de regalías.

Que van a expropiar los derechos constitucionales y los recursos de municipios y departamentos para gastárselos en asuntos del gobierno nacional y enjugar su déficit, también lo muestran otros hechos. El Minhacienda dice que las regalías deben “contribuir al equilibrio fiscal” y que hay que golpear los gastos “chichigüeros”. En principio, ninguna objeción a que se hagan obras mayores. ¿Pero con la plata de gastos que son muy importantes para los municipios, así los tilden de “chichigüeros”?

De ahí que sea bastante ingenuo pensar que lo que les van a quitar a unos municipios y departamentos se los van a dar a otros, cuando lo que ocurrirá será la centralización de esas platas en el gobierno nacional y en el exterior bajo el control del Banrepública. Y que en el proyecto de ley se repita la palabra “regional” también los desnuda. Porque mientras que los municipios y los departamentos son entes precisamente definidos por la ley, las regiones son en buena medida una ficción, en cuyo nombre el gobierno nacional hará lo que se le venga en gana.

La centralización a la que aspiran se ve de otra manera. La ley reglamentaria será “de iniciativa” del gobierno, lo que significa que será al antojo de Bogotá, las regalías no harán parte del presupuesto nacional, luego ni siquiera tendrán ese control parlamentario, y en la madrugada de la aprobación en primer debate le agregaron una parágrafo que dice que si el Congreso no la reglamenta, lo hará el gobierno. Una bomba contra la descentralización. Una especie de dictadura fiscal. Realmente escandaloso, pero no en la decadencia del tapen-tapen de la Colombia de Santos, por supuesto.

Coletilla: enorme repudio ha causado entre los demócratas de Colombia y el mundo la decisión del Procurador Ordóñez de liquidar políticamente a la senadora Piedad Córdoba. Donde la Corte Suprema de Justicia con razón no encuentra nada, el Procurador, sí, pero porque se establece el delito de opinión y se hace sobre la tesis maniquea de que si hay congresistas en parapolítica, tiene que haberlos en farcpolítica.

Jorge Enrique Robledo