Tanquetas, humo blanco, indígenas tapando su boca y nariz con pañuelos, ataques en su contra con armas de fuego y machete, todas estas acciones e imagenes hacen parte de la foto de la Liberación de la Madre Tierra que tiene como escenario el Cauca desde diciembre anterior, pero que ganó nuevos ribetes desde febrero.
Desde el 15 de diciembre de 2014, los comuneros Nasa decidieron recuperar lo que es suyo. Para eso ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle.
Allí sentaron sus fueros. Día a día, con su presencia silenciosa, dejaban constancia que habían llegado por lo que les pertenece. A su alrededor los trabajadores del ingenio proseguían sus labores: sembrar, limpiar y recoger caña. Todo era “normal”. Así transcurrieron dos meses de toma pacífica de estas haciendas.
La violencia como lenguaje oficial
“Tápenlo con barro, tápenlo con barro […] échenle agua”, le gritaban comuneros a quienes intentaban apagar los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, mientras que otros cogían piedras para lanzarlas con sus caucheras y responderle de esa manera al conjunto de hombres que casi nunca tienen rostro. Así, quedaron registrados los enfrentamientos del 24 de febrero en Corinto Cauca en un video realizado por el Tejido de Comunicaciones del pueblo Nasa.
El 25, un guardia indígena fue herido de gravedad por parte del Esmad, según la Acin fue golpeado “en la cabeza hasta quedar inconsciente (…). En respuesta a la ofensiva policial los comuneros se vieron obligados a bloquear la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto”.
Al día siguiente, en el mismo ambiente de enfrentamientos, tomaron forma los primeros acercamientos entre los indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con el Gobierno Nacional.
Así, el 28 fue acordado un “tacho”: un acuerdo de 72 horas en las que no se atacarían unos a otros, y con el cual, la comunidad podría curar a sus heridos. Pero, “El Esmad arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos. Sin mediar palabra, atacaron con gases dejando nuevos heridos y destruyendo los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas. Esta situación los obligó a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque”, narran voceros de la Acín.
“Tenemos 78 heridos de los comuneros levantados en lo que hemos llamado la Minga de la Liberación de la Madre Tierra. Tenemos dos compañeros judicializados, cinco compañeros heridos con impactos de arma de fuego y afortunadamente, el que estaba más herido se está recuperando de manera satisfactoria. No tenemos muertos hasta el momento, no esperamos tenerlos, pero el balance en términos de atropellos y violación de derechos humanos es muy grave por parte de la Fuerza Pública”, le dijo Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa a desdeabajo.
La deuda
“[…] Se llama liberación. Liberarla de aquellas personas que vinieron de afuera, que golpearon a nuestros mayores en ese tiempo, que los despojaron quitándoles el terreno que les pertenecía y hoy ustedes lo pueden ver, son extensiones de caña inmensas. Pero, no son de cualquier persona, son del rico. Por eso el rico ha mandado al Esmad; por eso el Gobierno no quiere conciliar; por eso hoy tenemos tantos heridos, pero lo que ha dicho la comunidad es que aquí se queda”, le decía Edilia Campo, al Tejido de Comunicaciones.
La liberación surge por la deuda que el Estado tiene con el pueblo Nasa. Entregarles 15.663 hectáreas fue el compromiso que asumió el Estado para reparar a la comunidad por la masacre del Nilo del 16 de diciembre de 1991, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo declarara responsable por el asesinato de 21 indígenas a manos de la Policía.
James Larrea, asesor de la Cut Valle y quien también acompaña a los indígenas en asuntos de derechos humanos, le dijo a desdeabajo que un falló el Consejo de Estado estableció que el autor material del hecho fue “Fabio Alejandro Castañeda Matheus, para ese entonces, teniente de la policía, ascendido a capitán y comandante antinarcóticos del norte del Cauca. Y, el mayor Jorge Enrique Durán Argûelles, comandante de Policía de Santander de Quilichao fue el autor intelectual”.
Según medios de comunicación, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el caso se entregaron a la justicia a principios de febrero de este año. Pero, la deuda sigue siendo grande, sobre todo por la no repetición. El ocho de abril de 2001 se dio la masacre del Naya y el 18 de noviembre de 2012 la del Gualanday en Corinto, y otras más, que en definitiva han roto por completo la confianza de las comunidades indígenas con el Estado.
Sin embargo, sectores como la Sociedad de Agricultores y Ganaderos (Sag), y la presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio del Cauca, le afirmaron al periódico El Tiempo, que el Gobierno les entregó a los indígenas “un cuarto del territorio del Cauca”.
Un informe de la Contraloría del 2013 afirma lo contrario: En el tema de tierras no se ha cumplido ni el 50 por ciento de lo prometido. El informe que es citado por la Acin, explica: “revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto”.
Además, para el mismo medio, Héctor Fabio Dicué, consejero de la Acin, dijo que donde viven son áreas de protección, “Estamos ubicados en partes altas de las montañas”.
A la espera
Ante el evidente incumplimiento, los comuneros siguen en las haciendas. Pero ya no son cuatro, según Valencia tienen “[…] ocho haciendas ocupadas, dos en Corinto y dos más ocupadas en el municipio de Buenos Aires”.
Y así como aumenta la posesión de los indígenas, también aumenta la tensión. “El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto […], con un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos, titulado ‘JUSTICIA POR UN PAÍS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA'”, cita la Acin.
En el panfleto amenazan a líderes de las comunidades indígenas, calificados como agitadores, recordándole que tienen deudas pendientes con ellos.
Pese a esto, y a los tensos procesos con el Gobierno Nacional, los indígenas continúan con su objetivo, dentro de lo cual recuerda Valencia: “Hemos llevado nueve reuniones con delegados del Gobierno que no nos han solucionado nada y nos han manifestado que ellos no tienen capacidad de decisión”.
Proceso de negociación con altibajos. Para el nueve de marzo habían acordado otra reunión entre el Gobierno y los indígenas. Pero, a pesar de que la comunidad había confirmado su asistencia, no fue realizada. Lo que evitó el encuentro fue un ataque con arma de fuego efectuado en contra de los indígenas, accionada por parte de miembros de la seguridad privada.
Intimidación, amenazas, seguimientos, señalamientos, ataques directos, todo esto y mucho más no desanima a los indígenas, quienes tienen, de acuerdo a Feliciano, “[…] un mandato de las comunidades de no más mesas de negociación, no más comisiones en Bogotá. La gente está en los predios y la solución del Gobierno en términos de atender las exigencias es allá en el terreno […], la decisión es no retirarse de los predios hasta que el Gobierno nos los entregue, porque han habido experiencias: se crean comisiones, venimos a Bogotá, pero todo queda en promesas”.
Un pulso continúo y en el cual la comunidad no desfallece. El jueves 12 de marzo, en la finca La Milagrosa del resguardo de Canoas, se dio cita la Consejería de la Acin y la comunidad para escuchar y debatir dos propuestas: 1) continuar con las negociaciones, 2) seguir con la Liberación de la Madre Tierra a corto, mediano y largo plazo
Resaltan, como conclusiones del encuentro, que harán las dos cosas, y que el objetivo es que el Gobierno Nacional les entregue 20 mil hectáreas en cinco años. Ellos esperan recibir de manea formal las haciendas El Japío, La Emperatriz, La Margarita, Guayabal, Canaima 1, Canaima 2, García, San Vicente y Las Pirámides.
Según los indígenas, las tierras más difíciles de recibir serían las de Miraflores y las de Quebrada Seca, pues son propiedad de Ardila Lulle, y no están en oferta.
Una sesión entre las partes
El lunes 16 de marzo, dice un comunicado de la Acin, en la hacienda Gualanday del resguardo Munchipe los Tigres, se abrirá un espacio para que una delegación conformada por gobernadores de los cabildos del norte del Cauca le expliquen al Gobierno Nacional las propuestas y objetivos trazados por la comunidad.
Según el mismo comunicado, el Gobierno se comprometió a entregarles tres mil hectáreas hasta 2016, pero también tres mil millones de pesos para agricultura. Y enfatizan en este documento: “[…] lo que ha mandado ha sido la arremetida brutal de su fuerza armada para que desalojen a las comunidades que se encuentran en la vía La Panamericana y en las diferentes haciendas”.
Violencia sin limite: al cierre de esta edición los indígenas resaltan la existencia de 100 comuneros heridos.
El pulso continúa. Todos los sectores involucrados están a la espera de cómo terminará esta nueva jornada por la Liberación de la Madre Tierra, el dulce amargo que por estos días permanece en los cultivos de caña. los cultivos de caña.
Katherine Vega
http://desdeabajo.info/ediciones/item/26107-los-nasa-el-dulce-amargo-de-la-cana-de-azucar.html
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