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Así lo afirma el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien considera que agentes estatales han aprovechado las dimensiones de dolor y sufrimiento que rodean este crimen para disuadir la protesta y la movilización social.

 

Entre el 25 y el 29 de mayo, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, cientos de familiares de colombianos víctimas de desaparición forzada se movilizaron y clamaron justicia en sus casos. En entrevista con El Espectador, el jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica cuáles han sido los principales efectos políticos y psicosociales de este crimen en Colombia.

 

¿En qué medida las dimensiones de dolor y sufrimiento que rodean la desaparición forzada han sido deliberadamente utilizadas como un mecanismo de represión?

 

Es importante señalar que la desaparición forzada es un crimen en el que se sintetizan todas las prácticas crueles e inhumanas porque implica la destrucción de una gran cantidad de valores humanos. La desaparición implica la tortura, la negación de la dignidad y la proyección del sufrimiento en toda la familia y el entorno de la víctima. En síntesis, es la negación total de la existencia. Este crimen se creó en la Alemania nazi con el objetivo de perpetrar el máximo sufrimiento y la máxima disuasión de los movimientos de resistencia a la invasión nazi. Muchos gobiernos y ejércitos se han inspirado en esas atrocidades y han hecho de la desaparición forzada un mecanismo de represión para atormentar a las personas o sectores que consideran opositores o que no comparten su modelo de país. Esto lo han hecho con la conciencia absoluta de que la desaparición es peor que la muerte, pues envuelve el mayor tormento e incertidumbre para los dolientes de la víctima.

 

Y eso es precisamente lo que sucede en Colombia…

 

La desaparición forzada en Colombia corresponde a los mismos argumentos de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de los montajes judiciales y de las detenciones arbitrarias, porque hace parte de un modelo de represión que busca golpear, disuadir o exterminar a toda esa franja de población que protesta por algo, que denuncia, que se moviliza y que le apuesta a construir un proyecto de país diferente.

 

Yo he llegado a la conclusión de que el Estado colombiano se fue configurando desde el siglo XIX como un Estado excluyente y violento. A mediados del siglo XX, sin embargo, vino el sometimiento a las directrices de Estados Unidos, cuyo eje fundamental era la extirpación del comunismo. Desde entonces, la definición de “simpatizante del comunismo” se fue ampliando hasta que los sindicalistas, los campesinos, los estudiantes que protestan, las personas que se niegan a colaborar con el Ejército, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos y todos los que no se ajustaran a determinado proyecto de país se convirtieron en blanco de un modelo de represión política atroz.

 

¿En qué medida la culpabilidad del Estado trasciende de la perpetración del crimen a la indolencia en los procesos de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación a las familias?

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la negación de la culpabilidad abre el camino a la impunidad, a la incertidumbre y a la situación de indefinición existencial de la víctima. Si el Estado no reconoce su culpabilidad e incluso se niega a identificar a los agentes que estuvieron involucrados en ello, no hay posibilidades de justicia. La desaparición arrastra consigo la impunidad. En Colombia la desaparición forzada se ha practicado sistemáticamente desde la década de 1970, pero sólo figura en el Código Penal desde el año 2000. La tipificación del delito, sin embargo, no ha solucionado el problema de la justicia y han sido excepcionales los casos en los que ha se ha podido identificar al culpable, lograr una confesión y esclarecer la suerte del desaparecido. En la medida en que se siga negando el delito y los victimarios sigan siendo secretos, la impunidad será la regla.

 

¿Qué pasa con los casos de desaparición forzada cometidos antes de la tipificación del delito en la legislación colombiana?

 

Existen interpretaciones jurídicas diferentes. Hay una jurisprudencia internacional que toma en cuenta un pequeño estatuto penal creado en 1946 durante el juicio de Núremberg. Ese estatuto enumera diferentes crímenes de lesa humanidad y deja abierta la posibilidad de tipificar otros crímenes igualmente atroces a los enumerados allí. Así pues, varios tribunales internacionales han considerado que, desde ese entonces, la desaparición forzada es un crimen imprescriptible. De acuerdo con esta corriente, las desapariciones cometidas antes del año 2000 en Colombia constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. No obstante, otras corrientes jurídicas, con las que concuerdan muchos fiscales, jueces y magistrados colombianos, consideran que los tratados internacionales sólo aplican desde el momento en que se proyecten en la legislación interna.

 

La jurisprudencia internacional de derechos humanos señala que la angustia causada a los familiares de los desaparecidos constituye otra forma de tortura. ¿Cómo han asumido las familias colombianas la desaparición de sus seres queridos?

 

Es muy difícil describir eso cuando uno no ha sido víctima directa de semejante crimen. Yo he visto familias, padres y madres que se han entregado a su dolor, que no le encontraron sentido a sus vidas después de la desaparición de sus seres queridos y murieron de pena moral. Sin embargo, aunque la angustia y la incertidumbre son muy grandes, muchas familias se han llenado de coraje para resistir, buscar a sus desaparecidos y luchar contra la impunidad. Yo creo que, si no fuera por las organizaciones de los familiares, no se hubiera podido avanzar en nada. Tal como ha sucedido en Argentina, Chile, Uruguay y otros países del Cono Sur, la lucha de las familias de los desaparecidos en Colombia ha resultado clave y ha sido profundamente heroica considerando que el fenómeno de la desaparición forzada supera con creces lo sucedido en las dictaduras. Sin la movilización de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo hubiese sido imposible la Declaración de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, y sin la movilización de las familias en Colombia hubiese sido imposible tipificar el delito.

 

Usted denunció recientemente que, si bien han disminuido, las ejecuciones extrajudiciales persisten. ¿Qué ha sucedido en los últimos cinco años en términos de desaparición forzada?

 

En 2014 el Cinep detectó 12 casos de “falsos positivos”, que es una modalidad de la desaparición forzada. El Gobierno dice que eso se acabó y que supuestamente ha tomado medidas para que los militares no vuelvan a cometer tales crímenes, pero la verdad es que persisten en varios departamentos. Creo que eso se debe a que, pese a encontrarnos en un nuevo escenario de diálogos de paz, el modelo represivo al que me refería sigue vigente.

 

Usted ha participado en procesos como el de la comisión de la verdad de Trujillo. ¿Cree que esas comisiones pueden aportar efectivamente al esclarecimiento de lo sucedido y a la reparación de las víctimas?

 

Creo que el caso de Trujillo es excepcional porque fue la primera comisión de la verdad que estuvo mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además hubo circunstancias favorables que permitieron obtener resultados positivos. Allí participaron 17 entidades: siete del Gobierno, cinco del Estado y cinco de la sociedad civil. Todos aportaron y esa combinación de sectores contribuyó mucho al proceso de esclarecimiento de los hechos y de sanción moral y política de varios funcionarios del Estado. Esa experiencia me permitió ver que una comisión de la verdad sirve en la medida en que exista voluntad por parte de los funcionarios para enfrentar, no ficticiamente ni con meras formalidades, sino con absoluta decisión, el problema de fondo.

 

En un posible escenario de justicia transicional, ¿cuáles cree que serían los mecanismos más adecuados para que los victimarios asuman sus responsabilidades históricas y se esclarezca la verdad de crímenes como la desaparición forzada?

 

Veo muy difícil la posibilidad de que la justicia transicional lleve a los victimarios a decir la verdad. La misma oferta de la justicia transicional me parece un poco perversa en el sentido en que, aprovechando la negociación con la guerrilla, los grandes victimarios, a saber el Estado y los paramilitares, se quieren cobijar bajo la misma medida, cubrir crímenes horrendos y lograr una amnistía. Eso es muy grave porque los crímenes de Estado jamás se pueden equiparar a los crímenes de un grupo insurgente: son de naturaleza y de gravedad absolutamente distintas. Esos grandes victimarios ni siquiera están dispuestos a tomar medidas de no repetición. Medidas planteadas en la mesa de diálogos, como la apertura de archivos, la depuración de las Fuerzas Armadas, la creación de una comisión sobre paramilitarismo y la creación de un estatuto para la comisión de la verdad, que han sido rechazadas por el Gobierno. Eso me hace pensar que la justicia transicional puede ser una verdadera trampa para que los principales victimarios obtengan un perdón disimulado.

 

La zozobra que experimentan las familias de los desaparecidos también se extiende a la sociedad. ¿Qué efectos ha surtido la desaparición forzada sobre las comunidades que han vivido con intensidad este fenómeno?

 

El primer efecto es la deslegitimación del Estado: las comunidades tienen claro que ha sido el principal responsable de las desapariciones, a través de sus cuerpos de inteligencia o de la Fuerza Pública, y de esa manera han ido asumiendo un sentido de oposición y de ruptura respecto al establecimiento.

 

La desaparición forzada desata, por otra parte, la solidaridad de las mismas comunidades con las familias afectadas. En San José de Apartadó, por ejemplo, nadie se ha escapado de ser victimizado, casi a todos sus habitantes les ha tocado buscar a un desaparecido. Allí es imposible que no surja un sentimiento profundo de solidaridad.

 

Por: María Luna Mendoza – Especial para El Espectador

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/desaparicion-forzada-un-mecanismo-de-represion-articulo-563739