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En el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), se relata un severo aumento de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil en 2014. En el estudio se compilan denuncias y relatos de los pueblos, de los líderes y organizaciones indígenas, además de informaciones de los equipos misioneros del Cimi que actúan en el país.

 

En 2014, se registraron 138 homicidios, 135 suicidios, 785 muertes de niños de cero a cinco años, 19 conflictos territoriales, 84 invasiones de tierra para explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio, 118 casos de omisión y morosidad en la reglamentación de tierras.

 

En entrevista con Adital, la antropóloga Lucía Helena Rangel, asesora del Cimi y coordinadora de la investigación que anualmente publica el informe, evalúa que la violencia contra los indígenas es “recurrente y alarmante, es un patrón que se repite”. Dice que no hay gran diferencia entre este último informe y el anterior. Las variaciones para más o para menos no tendrían un gran significado ante un patrón de violencia que no cambia.

 

La antropóloga comenta que el odio a los indígenas viene de la falta de reconocimiento de una deuda histórica para con esos pueblos, viene de la negación del derecho de los indígenas a vivir y reproducirse de acuerdo con sus propios patrones. “Brasil tiene una historia violenta que nos marcó profundamente. Vivimos en una sociedad colonial que, desde hace cuatro siglos, extermina y esclaviza a los negros y a los pueblos indígenas. Estamos solamente a un siglo de la República, lo que todavía no fue suficiente para extirpar la mentalidad esclavista. Cuando se habla de derechos humanos en Brasil, la elite se horroriza y tiembla”.

 

Cita el caso emblemático del pueblo Tenharim, en la ciudad de Humaitá, en el Amazonas. Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados en una cueva dentro de la aldea Taboca, en febrero de 2014. El hecho causó indignación entre los habitantes de Humaitá, que prendieron fuego a autos y al edificio de la Fundación Nacional del Indio (Funai). Lucía Helena señala que fue un “un verdadero ‘Mississipi en llamas’ [en referencia a la película sobre el racismo en el sur de Estados Unidos], con la población entera contra los indígenas”. Para ella, ese episodio conceptualiza la contradicción y los elementos de la violencia contra los indios, que está presente en todo Brasil y asume en cada región características específicas. “Se percibe racismo, asesinato, amenaza, depredación del patrimonio y abuso de poder. Es un odio a los indígenas que explota y no hay manera de esconder”.

 

El conflicto por la tierra y el racismo son factores relacionados con el aumento de casos de suicidio.

 

Suicidios

 

En el estudio se revelan 135 casos de suicidios entre pueblos indígenas el año pasado, la mayoría de ellos efectuados por jóvenes. El Estado de Mato Grosso do Sul es un caso endémico, con uno de los mayores índices, 48 casos. Considerándose los registros realizados entre 2000 y 2014, solamente en este Estado, se llega al alarmante número de 707 suicidios. La franja etaria con mayor número de casos es la comprendida entre los 15 y los 19 años (36%), seguido de casos en la franja de 10 a 14 años (17%). El mayor registro ocurrió en el municipio de Amambai (38%).

 

También es preocupante el alto número de suicidios registrados en el Alto Río Solimões, ubicado en el Amazonas, donde se atiende a los pueblos Tikuna, Kokama y Caixana. Se registraron 37 casos.

 

Lucía Helena explica que el suicidio no puede ser tratado como una simple ecuación de causa y efecto, pues es un fenómeno humano. La evaluación que se hace es que existe una fuerte relación entre el suicidio, el conflicto por la tierra y el racismo.

 

Asesinatos

 

Graves también son los casos de asesinatos. En 2014 se registraron 138, muchos de ellos practicados en función de conflictos fundiarios, en el propósito de cohibir las luchas y amedrentar a los líderes indígenas. Los Estados de Mato Grosso do Sul, Amazonas y Bahía lideran las estadísticas.

 

En el informe se indica que algunos casos eran resultado de conflictos internos, en función de la diseminación de bebidas alcohólicas en las áreas indígenas. Otros fueron consecuencia de la situación de confinamiento poblacional, especialmente en las minúsculas reservas de Mato Grosso do Sul. “La intolerancia, el lucro y el prejuicio continúan motivando las agresiones contra los derechos indígenas”, se denuncia en el documento.

 

Lucía Helena evalúa que los asesinatos tienen un patrón recurrente y que los conflictos parecen no cesar.

 

Según la antropóloga Lucía Helena, un siglo de República todavía no fue suficiente para extirpar la mentalidad esclavista de Brasil.

 

Mortalidad infantil

 

Los casos de mortalidad infantil de cero a cinco años vienen aumentando cada año. Se constata un agravamiento entre las aldeas Xavanté, con 116 muertes y entre los Yanomami, con 46 registros. Lucía Helena resalta que la presencia de buscadores de piedras preciosas ilegales en los territorios de estos pueblos es un factor de vulnerabilidad, una puerta abierta para el aumento de las epidemias.

 

En el informe se señala que en Altamira, Pará, municipio afectado por las obras de la hidroeléctrica Belo Monte, la tasa de mortalidad en la infancia llegó a 141,84 por cada mil.

 

Demarcación de tierras

 

En 2014, el Cimi registró 118 casos de omisión y morosidad en la reglamentación de tierras, más que el doble de lo registrado en 2013, 51 casos. Pará es el Estado con el mayor número de casos. En el informe se revela que la falta de reconocimiento de las tierras indígenas está directamente ligada a las intenciones del gobierno federal de construir grandes hidroeléctricas, como en el caso de la usina São Luiz do Tapajós que, si se construye, anegará aldeas, florestas y cementerios de la Tierra Indígena Sawré Muybu, del pueblo Munduruku.

 

 

Recomendaciones

 

En el informe se recomienda la instalación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, exclusiva para el estudio de las graves violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas, que apunte a profundizar los casos no detallados en el presente estudio. También se sugiere la promoción de campañas nacionales de información a la población sobre la importancia del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que son garantizados por la Constitución Federal.

 

Según Lucía Helena, se espera que el informe contribuya con argumentos para apoyar la lucha indígena por sus derechos, y colabore con datos para la formulación de una política indigenista más humana.

 

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