(Bogotá) – Amplias evidencias, hasta ahora inéditas, implican a numerosos generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El documento de 105 páginas, titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, presenta evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de “falsos positivos”, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero apenas algunos coroneles y ningún general lo fueron.
“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.
El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por Human Rights Watch indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas—adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del Ejército en ese momento—que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Diversas evidencias presentadas en el informe muestran que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones—además de los entonces máximos mandos del Ejército—al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.
Human Rights Watch también obtuvo grabaciones y transcripciones de testimonios prestados a la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos que señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos crímenes.
Algunos de los oficiales del Ejército que comandaron las 11 brigadas que se analizan más detenidamente en el informe, posteriormente se convirtieron en los mandos militares de mayor jerarquía en Colombia. Por ejemplo, datos proporcionados por la Fiscalía indican que estaría investigando:
Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es actualmente comandante del Ejército Nacional.
El informe se elaboró a partir del análisis efectuado por Human Rights Watch de datos de la Fiscalía inéditos hasta este momento; expedientes penales; testimonios de testigos, en gran parte hasta hoy no publicados; grabaciones de conversaciones mantenidas por el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, las cuales fueron ordenadas judicialmente y efectuadas por autoridades judiciales tras su detención por falsos positivos; así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.
“Los fiscales enfrentan obstáculos sustanciales que impiden que haya avances en sus casos, y que incluyen desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares”, observó Vivanco. “Y numerosos—posiblemente cientos—de casos de falsos positivos continúan en la Justicia Penal Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad”.
Human Rights Watch documentó amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores en casos de falsos positivos. El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo, que había confesado y aportado información a la Fiscalía sobre la presunta participación de sus superiores en falsos positivos, fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada.
Diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que es común que militares se resistan a remitir documentos del Ejército que son trascendentales para sus investigaciones, como aquellos donde se ordenaban las supuestas operaciones en las cuales se produjeron las ejecuciones y se autorizaban pagos a informantes en los casos.
Asimismo, a pesar de que la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia ordinaria, diversos fiscales indican que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar. Esto supone un grave impedimento para que exista rendición de cuentas, especialmente considerando la evidencia documentada en el informe según la cual la Justicia Penal Militar no adoptó medidas básicas para investigar falsos positivos cuando la mayoría de los casos estuvieron bajo su jurisdicción, y que al menos algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos.
Human Rights Watch examinó grabaciones de audio ordenadas judicialmente de llamadas telefónicas mantenidas por el Teniente Coronel (r) González del Río con un juez militar y un hombre que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la Justicia Penal Militar. Ambos hombres le ofrecieron a González del Río su ayuda, luego de que fuese detenido por falsos positivos, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de independencia y de credibilidad del sistema de justicia militar. El coronel parece ofrecer ayuda para que el caso de González del Río se transfiera de la justicia penal ordinaria a la Justicia Penal Militar, y manifiesta que espera que pronto concluya su detención.
También hubo deficiencias en la Fiscalía, como un volumen de expedientes abrumador a cargo de fiscales y la distribución de casos de una misma unidad militar a distintos fiscales, lo cual obstaculiza la posibilidad de investigaciones contextualizadas que son fundamentales para el juzgamiento de responsables de alto rango.
El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias, señaló Human Rights Watch. Debería asegurar, asimismo, que las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan la posibilidad de que se haga justicia en los casos de falsos positivos.
En 2012, Colombia promulgó el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que posibilita la impunidad de atrocidades cometidas por guerrillas, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reforma habilita al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades solo a quienes se identifiquen como sus “máximos responsables” y ofrecer inmunidad legal a todos los demás implicados; eximir a crímenes de guerra de la posibilidad de investigación penal cuando no se determine que hayan sido sistemáticos; y aplicar “penas alternativas” a todos los condenados, incluyendo a los máximos responsables.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza un seguimiento de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos en Colombia y podría iniciar una investigación si determina que las autoridades nacionales no se muestran dispuestas a investigarlos o juzgarlos, o que realmente no pueden hacerlo. La Fiscalía de la CPI ha señalado con respecto al Marco Jurídico para la Paz que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada “viciaría el carácter genuino” del procedimiento. Es decir, podría dar lugar a una investigación de la CPI.
La Fiscalía de la CPI debería mantener un seguimiento riguroso de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos, expresó Human Rights Watch.
El gobierno de Estados Unidos debería exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. Ante las evidencias de que estos dos requisitos no se están cumpliendo, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla con ellos, indicó Human Rights Watch.
“Colombia debe asegurar que las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en el marco de un futuro acuerdo de paz no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos de que se haga justicia”, dijo Vivanco. “Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, la Corte Penal Internacional debería abrir una investigación formal”.
Ejemplos de testimonios que involucran a generales
Un ex comandante de tropas adscritas a la Décima Sexta Brigada ha declarado a la Fiscalía y ante un juez que su comandante de brigada, el General Henry William Torres Escalante, ordenó, planificó y encubrió falsos positivos. Al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Décima Sexta Brigada mientras Torres Escalante estuvo al mando están siendo investigadas por la Fiscalía.
El testimonio prestado por varios soldados y oficiales a los fiscales involucra al General (r) González Peña, al señalar que, como mínimo, tuvo conocimiento de los falsos positivos mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, y posteriormente como jefe del Comando Conjunto del Caribe.
El Teniente Coronel (r) González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorizaron y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. En su testimonio mencionó al General Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y actual comandante general de las Fuerzas Militares, y al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División, entre otros.
Según señaló González del Río en su testimonio ante la Fiscalía, el General (r) Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate, los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos. En un testimonio ofrecido a la Fiscalía, otro alto oficial del Ejército que ha confesado su participación en falsos positivos identificó como causa de estas muertes a la “política” de Montoya que exigía que hubiera muertos en combate.
Represalias contra testigos
El 27 de octubre de 2014, Cárcamo fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada del Ejército, donde permanecía detenido en relación con acusaciones por falsos positivos. Once días antes, advirtió a la Fiscalía que temía por su vida y que, si era asesinado, los responsables serían las personas a quienes estaba señalando.
Existen evidencias sustanciales de que la violación sexual de la esposa de un soldado por hombres no identificados, ocurrida en 2013, fue un acto en represalia debido a que el soldado había declarado contra un coronel del Ejército. El soldado, que también ha recibido amenazas de muerte, es un testigo clave en procesos sobre falsos positivos contra el coronel en cuestión y otros oficiales y soldados.
El testimonio del Sargento Carlos Eduardo Mora ha contribuido a la condena de un teniente coronel y numerosos soldados por falsos positivos. En represalia, ha recibido amenazas de muerte, y ha sido hostigado y sufrido intentos de estigmatización por altos oficiales del Ejército. Indicó que, en 2013, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo contra su voluntad en una clínica psiquiátrica, presuntamente con la intención de desacreditarlo, y que en 2014 un general hizo declaraciones frente a él y un grupo numeroso de integrantes de contrainteligencia del Ejército en las cuales insinuaba fuertemente que era un “traidor”. En abril de 2015, el Ejército inició una investigación disciplinaria contra Mora debido a las declaraciones que efectuó a los medios de comunicación con respecto a falsos positivos y los abusos que ha sufrido como testigo, sin autorización de sus superiores.
HUMAN RIGHTS WATCH
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