Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

ILUSTRACIÓN: Diego Pombo

La lucha por la tierra ha sido una constante en la historia de Colombia. Desde la Conquista hasta nuestros días, las clases dominantes han ejercido su poder y todo tipo de violencia para despojar a las comunidades de sus territorios: exterminaron pueblos enteros, desplazaron a millones de personas, torturaron y desaparecieron a campesinos, indígenas y afros que luchaban por la tierra.

Aun así, en medio de la geografía del terror instaurada para alcanzar el máximo nivel de acumulación de riqueza (según conceptualización de Ulrich Oslender), los procesos organizativos de resistencia se mantuvieron siempre presentes.

La lucha por la tierra y la violencia pueden caracterizarse en cuatro periodos:
Per periodorim, 1819-1920: Los cambios socioeconómicos que se produjeron después de la Colonia llevaron a la formación de un Estado colombiano donde los grupos de poder generaron varias formas de apropiación de los recursos naturales y de control de la población. Fue un tiempo de larga duración, en el cual se conservaron las formas de apropiación de la tierra derivadas de la Colonia. Esta economía se basó en un régimen señorial hacendatario, en el que la extrema concentración de la tierra en manos de latifundistas se construyó de forma violenta, por la vía de los ciclos colonización-conflicto-migración-colonización y se consolidó por medio de la guerra y de las llamadas “leyes del despojo”.

Segundo periodo, 1920-1965: Se caracterizó por la modernización capitalista donde las contradicciones con el régimen señorial hacendatario se agudizaron y se hizo necesario transformar las relaciones de propiedad para superar este régimen por medio de la “democratización de la propiedad”. Se generó entonces una serie de reformas agrarias orientadas al fortalecimiento de la naciente clase burguesa del país, la cual se forjó vía la concentración de la propiedad latifundista de la tierra en oposición a la clase trabajadora rural y de las mayorías campesinas desposeídas del país. La modernización capitalista de este periodo se sustentó en la consolidación de la economía cafetera y la apertura al proceso de industrialización basada en la sustitución de importaciones.

Esta nueva dinámica produjo formas de resistencia que van desde la colonización de tierras que amplían la frontera agrícola hasta las respuestas armadas y de autodefensa campesina. En estas tierras en disputa entre la reproducción del capital y la resistencia de las comunidades, destacó la lucha dada por el movimiento indígena campesino encabezado por Quintín Lame en el departamento del Cauca. Fueron numerosas las expresiones de oposición de los campesinos contra la reducción sistemática de sus espacios de vida, pero alcanzaron muy contadas victorias; aun así, con el correr de los años ayudaron a fortalecer una cultura de resistencia que habría de enfrentar nuevos embates, entre ellos la lucha contra el capital transnacional.

Tercer periodo, 1960-1980: Ocurrió un proceso de transición del régimen de acumulación productiva hacia un régimen neoliberal de financiarización, debido esencialmente a la crisis del proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones y a la pérdida de influencia de la economía cafetera tras la crisis de la bonanza.

Para la salida a esta crisis, se propuso una nueva Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), con la cual se cerró cualquier posibilidad de democratización de la propiedad de la tierra por la vía institucional, manteniendo así el poder latifundista ganadero y agroindustrial. Ahora sí se abandonó toda mirada al sector rural, agudizando las formas de represión y violencia contra los movimientos sociales, obreros y campesinos.

De acuerdo con Darío Fajardo, en su artículo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana” (publicado en 2015 en el libro Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Colombia: Sin editorial), en 1961, “como resultado de la aplicación de la guerra contrainsurgente, las regiones en donde habían surgido organizaciones campesinas fueron arrasadas y el campesinado some
tido a muy difíciles condiciones de existencia […] círculos políticomilitares norteamericanos diseñaron la iniciativa contrainsurgente de carácter “preventivo”, para aplicarla contra las comunidades campesinas refugiadas en las montañas, las llamadas ‘repúblicas independientes’”. Esta iniciativa sería “el acompañante militar de la ley de reforma agraria”.

El mismo autor señala que “en prosecución de este propósito, el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional contemplaba la articulación y movilización de todo el ‘poder nacional’, incluyendo las formas institucionales: en primer lugar las fuerzas armadas, las demás entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad (gremios, medios de comunicación, iglesias), y ‘no institucionales’, representados en particular por los grupos paramilitares”. Ello sin embargo tuvo como respuesta el surgimiento de distintas expresiones de insurgencia armada, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), señala.

La política de asistencia militar de Estados Unidos se implementó vía el “Plan Colombia”, con el justificante de luchar contra el narcotráfico. Tal Plan le asignó al país el carácter de laboratorio de la “guerra contrainsurgente”, profundizando la concentración de la tierra y el poder político en muy pocas manos; la pobreza extrema especialmente en el campo, el desplazamiento masivo, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y la criminalización de la protesta social.

Todo el despliegue institucional, político y militar tenía el fin de resguardar los intereses del capital, que giraban hacia la industria de la construcción, especialmente de la vivienda, dando impulso a la acumulación financiera y consolidándola en 1990 con la política

Fuente: Jornada  del campo

Autor (a); Luz Angélica Dueñas Checa