Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Plantón de protesta en defensa de los derechos humanos y contra la criminalización de la protesta social.

La condena a cuatro años de cárcel, dictada por un Juez de Loja, contra la compañera María Luisa Lozano y de Amable Angamarca, por cerrar una vía pública, como acción de protesta contra las políticas discriminatorias del gobierno (levantamiento nacional del 10 al 19 de agosto, del 2015) pone en evidencia dos problemas preocupantes para la democracia: el carácter político de la administración de justicia ecuatoriana y la irracionalidad de la lógica del poder actualmente vigente.

En la actualidad, en el Ecuador es más peligroso tomar una posición crítica contra el gobierno, más todavía si manifestar activamente. Por más pacificas que estas sean, se corre el riesgo de ser aplastados por todo el poder del Estado. La Administración de Justicia opera de manera sorprendentemente ágil y eficiente para perseguir, juzgar y condenar a quienes legítimamente resista las políticas o leyes que consideren injustas y discriminatorias. No actúan así cuando se trata de juzgar actos ilegales, incluso delitos, cometidos por personas cercanas a los actuales gobernantes o a gente perteneciente a los grupos de poder económico. Cuando el delito es vergonzosamente evidente y es inevitable no ser procesados, la Administración de Justicia re-busca argumentos legales o humanitarios para aplicar irrisorias sentencias, y no ha faltado casos en los que el Presidente directamente decrete Amnistías.

 La sentencia a los dos compañeros del pueblo Saraguro desnuda también la real naturaleza del poder que se ha instaurado en estos últimos diez años. El actual Estado, en su funcionamiento real, no privilegia las lógicas democráticas sino la lógica del poder. Todas las instancias del Estado actúan para fortalecer ese poder, más directamente al poder ejecutivo. Cada funcionario público obra con el afán, no de cumplir con el Derecho o la democracia, sino para alagar al nuevo “dueño del país”.Este ánimo se exacerba más todavía en tiempos electorales, pues cada acción busca alguna recompensa política. Esta lógica del poder se sobrepone al Derecho y la democracia; no importa si eres legislador, juez o fiscal, si de lo que se trata es subordinarse al poder gobernante, y si eso permite ganarse un premio adicional (una candidatura) que mejor.

Pero la sentencia, por su ridiculez y brutalidad, ha empezado levantar voces críticas dentro del mismo Estado: expresan su preocupación por lo “desproporcionado” de las penas. Es digno de destacar estas voces, pero para nosotros, como organizaciones de los pueblos indígenas y sectores sociales, no solo la pena carece de legalidad, sino el hecho mismo que la más simple protesta social sea criminalizada, esun atentado directo contra el Estado de derecho, los Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y los pueblos.

Por estas razones, el Pueblo Kitu-Kara y la Organización de Saraguros Migrantes en Quito KaruPanaka, conjuntamente con nuestras organizaciones matices CONAIE y ECUARUNARI,  convocamos a todas las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, de mujeres, jóvenes, estudiantiles y a la ciudadanía en general, al plantón de protesta en defensa de los derechos humanos y contra la criminalización de la protesta social, para el día miércoles 8 de junio, a las 16h00, frente al Ministerio de Justicia (Av. Colón, entre Diego de Almagro y Reina Victoria)

Pueblo Kitu-Kara
KaruPanaka                      
CONAIE                       
ECUARUNARI

Fuente: Plantón de protesta en defensa de los derechos humanos.