El recuento que hace el abogado Jorge Triviño, quien actúa en representación de la ACIN, documenta con absoluta contundencia que se trata de una falta de reconocimiento a la jurisdicción y a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, transformando en reos a quienes se han ceñido de manera estricta a la Ley y a la Constitución Nacional.
La intención de desconocer los derechos indígenas para proceder a perseguir a estos pueblos queda en evidencia. Feliciano no puede salir del país a continuar con su trabajo como vocero de la Minga Social y Comunitaria. Las cinco personas falsa y criminalmente sindicadas de secuestro y lesiones personales, están en riesgo inminente de ser capturadas y judicializadas.
Esta libertad restringida de Feliciano, no resuelve el asunto que pone en evidencia: el Estado Colombiano, su Gobierno y autoridades de la Fiscalía, del DAS y jueces, de manera ilegal, criminal y perversa han decidido actuar en contra de los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Se requiere de un rechazo internacional inmediato y contundente a esta flagrante violación del derecho y la Constitución.
Este es un precedente no solamente para Colombia, sino desde Colombia: los pueblos indígenas que actúen según sus usos y costumbres en sus territorios, para defender la justicia y armonía, se convierten en sujetos de persecución legal y son perseguidos como criminales. Los criminales capturados en flagrancia cometiendo delitos a nombre del Estado contra los pueblos indígenas y sometidos a procedimientos de justicia como consecuencia de su propia confesión, son tratados como víctimas. Esa es la justicia desde Colombia con los pueblos indígenas.
Quienes los persiguen y violan sus derechos, son convertidos por el Estado en víctimas y las víctimas son perseguidas y castigadas. Esta aberración refleja la calidad de las instituciones que se han establecido contra los pueblos y el derecho. Celebramos que Feliciano esté fuera de la cárcel, a pesar del maltrato que le dieron. Pero no celebramos ni su libertad ni la de nuestro pueblo, sometido a la corrupción y a servirse de las instituciones de justicia para violar y negar los derechos de los pueblos.
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