Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El día 26 de mayo de 2010  en la localidad de Suárez Cauca   se realizó  la audiencia pública denominada “Mesa Minera” en la cual se contó con la participación de afros, mestizos, indígenas y  representantes del Gobierno. El objetivo de esta mesa era denunciar el atropello cometido con las comunidades que están siendo amenazadas, asesinadas y desalojadas de sus territorios.

Después de que cada delegación diera el saludo de bienvenida, se hizo la instalación oficial de la mesa mediante un acto simbólico en el cual se rechazó el asesinato  de Alex Quintero, ocurrido el domingo pasado. En su nombre hubo un minuto de silencio como una forma de exigir justicia y de conmemorar su trabajo enfocado en el esclarecimiento de  la masacre del Naya.

Acto seguido,  los representantes de cada uno de los procesos hicieron un análisis de la grave situación que están viviendo sus comunidades. Entre ellas se destacan las constantes amenazas de grupos paramilitares, las cuales se han intensificado los últimos meses en los municipios de Suárez, Buenos Aires  y Santander de Quilichao. Estas amenazas están dirigidas a las personas que luchan por la autonomía de sus comunidades y que denuncian la presencia de multinacionales que quieren despojar a la gente de sus territorios por medio del terror y la guerra.

Este  recuento  de la situación  se hizo  para exigir a los  representantes del Gobierno presentes, que tomaran medidas pertinentes para evitar que estas situaciones continúen agravándose. “ que el problema  de Suárez  no es un problema  de este municipio  solamente, es un problema  por todo el territorio  que lo quieren entregar a corporaciones mineras para explotar, y quienes vivimos aquí representamos un estorbo para ellos expresó”  un habitante.

Suárez, por ser una zona minera se ha puesto en la mira de empresas trasnacionales que han hecho al gobierno gran cantidad de solicitudes de predios para explotar los recursos existentes. En esta localidad desde el año 2000 se han entregado 15  títulos mineros a diferentes  empresas sin el consentimiento de las comunidades que habitan allí. Desde entonces la comunidad ha sido amenazada y asesinada continuamente, el último caso fue en el sitio conocido como “La Toma” en donde fueron asesinados 8 mineros artesanales.

El Gobierno  es el directo responsable  porque entrega el  territorio al capital extranjero sin contar con el consentimiento de las personas que ahí habitan.  A estas comunidades se les han vulnerado derechos  constitucionales como el auto 005 (para comunidades afrodescendientes) y el auto 004 (para pueblos indígenas) que hacen referencia a la consulta previa a la cual tienen derechos los habitantes de un territorio. El gobierno, no obstante esta legislación expide leyes como el Código Minero que desconoce la legitimidad de los mineros artesanales y los vuelve ilegales para permitir solamente la explotación a gran escala. “Como  esa ley nos desconoce, nosotros también la calificamos de ilegal porque no fue consultada ni tiene el consentimiento nuestro” dijo un minero de la zona.

Debido a que el Gobierno otorgó licencias mineras a particulares se han presentado en los últimos días órdenes de desalojo  a comunidades afros que han sido las dueñas ancestrales de estos territorios. Los habitantes insisten en la ilegalidad de esa orden de desalojo e insisten en que de ahí sólo saldrán muertos, por eso convocan al gobierno a que respete la vida y la dignidad de los mineros de la zona y que no permita que el capital extranjero se adueñe del medio de sustento de cientos de familias humildes.

“Cuando llegan amenazas por parte de las águilas negras  porque nos oponemos a la llegada de multinacionales y a la política de seguridad  democrática están hablando en nombre del gobierno y es él quien nos desplaza” dijo un comunero en una intervención.

Los delegados del Gobierno respondieron que no conocían esta situación pero que se va revisar, sin embargo aclararon que ellos no están facultados para tomar decisiones  ni para detener la orden de desalojo y que por lo tanto ésta se iba a desarrollar tal como estaba previsto.

“En esta audiencia se ve  que no hay  voluntad política por parte del Gobierno, porque delega la responsabilidad a personas que no tienen el poder de decisión, quedando lo expresado  en un  laberinto de inquietudes sin solución” expresó una comunera al finalizar el acto.

A pesar de que no hay garantías para exigir y reclamar derechos los habitantes insisten en hacerlo. “Es la única forma de hacernos respetar, no permitiremos que nos saquen de nuestros hogares. También exigimos que nos dejen de amenazar porque aquí no sólo los líderes son quienes están luchando, estamos toda la comunidad unida” afirmó un habitante al mirar uno de los mensajes de celular enviados a diferentes líderes amenazándolos de muerte. Estos mensajes fueron enviados mientras duró todo el encuentro.