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Los testaferros, los paramilitares o los narcotraficantes no son los únicos que podrían quedarse con miles de hectáreas de tierra fértil arrebatadas violentamente a los campesinos colombianos en los últimos 20 años. Ahora las entidades bancarias, amparadas en el vacío jurídico existente, esperan recuperar las deudas que contrajeron los desplazados en el pasado con lo único que puede cancelar sus obligaciones: sus predios.

Así lo han advertido organizaciones no gubernamentales dedicadas al trabajo con población en situación de desplazamiento y víctimas de despojo de bienes como la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes del Urabá. Actualmente ambas instituciones acompañan jurídicamente a cientos de familias que además de padecer el drama del éxodo forzoso, tienen que enfrentar el acoso de los bancos y las entidades de crédito.  

Aunque no existe una cifra concreta al respecto, basta decir que sólo la ACA adelanta más de 10 procesos ante instancias judiciales en representación de igual número de familias cuyos bienes están a punto de ser rematados por entidades bancarias o por los mismos municipios, debido a la mora en el pago de impuesto catastral o créditos de diversos montos.

Uno de esos casos da cuenta de un campesino de Dabeiba, occidente de Antioquia, quien está a punto de perder su propiedad de más de 35 hectáreas debido a una deuda de 60 millones de pesos suscrita en 1999 con el Banco Agrario. Aunque el dinero era para invertir en su finca, no lo pudo hacer debido a que dos años después, los paramilitares lo obligaron a abandonar el municipio. Como en otros casos, las condiciones económicas de este labriego nunca volvieron a ser las mismas.

Situación más compleja vive Humberto Sánchez, quien ya perdió su finca ubicada en Betania, Suroeste antioqueño, pues Bancafé (Ahora Davivienda) remató su predio por una deuda de nueve millones 500 mil pesos contraída en 1995, curiosamente, el mismo año en que fue desplazado por la guerrilla. Como en Medellín, ciudad donde se radicó, no alcanzó una estabilidad económica que le permitiera ponerse al día en sus obligaciones, la Entidad procedió al embargo del bien como parte de pago.

“En estos casos, los jueces no están reconociendo que las deudas no se han cancelado porque los campesinos fueron víctimas de desplazamiento forzado, que muchos de ellos derivaban su sustento de la tierra y que no han logrado estabilizarse económicamente en la ciudad o el lugar donde se asentaron”, expresa Fernando Madrigal, abogado de la ACA.

Un caso particular

El fallo del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín en el caso de Fermina Chiquillo Morelo, desplazada del Urabá antioqueño, corrobora lo dicho por Madrigal. La Juez Irma Bustamante Cañas determinó que si bien se reconoce que la mujer y su núcleo familiar aparecen en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, “debió ser ella quien debió notificarle al Banco Agrario de Colombia la situación por la que atravesaba, pues la Entidad no tiene porque conocer la situación personal de cada uno de sus deudores”.

¿Y cuál era la situación que Fermina debió informar al Banco Agrario? En 1999, ella y su esposo le solicitaron al Banco Agrario un préstamo por valor de un millón de pesos que iba a ser invertido en su finca de 17 hectáreas ubicada en la vereda Pueblo Galleta, corregimiento Currulao, municipio de Turbo.

“Nosotros teníamos vacas, cerdos, gallinas, una platanera que nos dejaba mensualmente dos millones de pesos. Con eso vivíamos bien, pero queríamos sembrar más plátano. Para eso era el préstamo”, recuerda Fermina.

Sin embargo, no le pudo sacar provecho a un solo céntimo del crédito. “En la vereda que yo le digo vivíamos como unas 20 familias, todos parientes entre sí. Un día llegaron los ‘paras’ y mataron a unos sobrinos míos. Todos nos fuimos. Yo me fui para Valencia (Córdoba), pero en el 2002 llegó otra vez esa y nos tocó venirnos para Medellín”, añade la mujer.

En la capital antioqueña todo ha sido penurias para esta urabaense, quien ahora vive con cinco de sus nueve hijos en un rancho de madera y zinc levantado a orillas de una quebrada en el barrio San José La Cima, nororiente de Medellín. El plátano, la yuca, el pollo y el cerdo que crecían de manera silvestre en su finca ahora tiene que comprarlos, o pedirlos en la Plaza Minorista en los llamados recorridos que hacen cientos de familias pobres de la ciudad en busca de algo para comer.

Por ello, cuando le notificaron que la deuda ascendía a un millón 400 mil pesos y que debía cancelarla so pena de tener problemas con la justicia, por poco desfallece. “A mí nadie me da trabajo. A mi esposo le resulta de vez en cuando trabajo en construcción. A mis hijos muchas veces los mando a estudiar con hambre. Para mí eso es mucha plata y no sé de dónde voy a pagar”, menciona.

Sin plata y sin tierra

Quizás no hubo zona del país donde el desplazamiento forzado tuviera como finalidad el despojo de tierras fértiles como el Urabá antioqueño. Miles de hectáreas que fueron adjudicadas a campesinos a principios de la década del 90 en esta zona de Antioquia, terminaron en manos de unos pocos testaferros de narcotraficantes y paramilitares, quienes utilizaron las más diversas estrategias de terror para cumplir con tal fin.

Fermina también vivió esta situación en carne propia. “Cuando estábamos en Valencia una señora le propuso negocio a mi esposo por la finca. Yo no sé que pasó en ese negocio, porque el siempre se mostró muy asustado y  no me dijo nada. Sólo sé que la regaló: la vendió en cuatro millones. Fuera de eso nos dieron solamente dos millones”, cuenta la mujer.

Pero lo que Fermina consideró en su momento una buena jugada, con el paso de los años se ha convertido en un complicado lío jurídico. Sacando “fuerzas de flaqueza” su esposo se negó a entregar los títulos de la propiedad hasta tanto no le fueran cancelados los dos millones restantes, dinero con el que, curiosamente, pagarían la deuda con el Banco Agrario.

Pero el dinero nunca llegó y la finca continúa figurando a su nombre, aunque tampoco puede volver a ella pues según sus últimas averiguaciones, desde hace años es ocupada por “gente extraña, que ni es de la región ni fue la señora que le compró a mi esposo”. Versiones de diversas organizaciones señalan que al parecer, la finca de Fermina habría sido anexada a otras fincas aledañas y ahora constituirían una gran hacienda de más de mil hectáreas propiedad de reconocidos ganaderos del Urabá.

Pero la desgracia de Fermina no para aquí: “Yo aquí en Medellín aguanto mucha hambre. Entonces, he ido a Acción Social para ver si es posible que me den una tierrita, por allá en Urabá, para yo trabajarla y sacar adelante a mis hijos. Pero me dicen que yo no puedo acceder a ese beneficio porque figuro con propiedad en Pueblo Galleta”.

Historias comunes

Según Carmen Palencia, integrante de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, historias como esta se repiten en todos los rincones de la región Agroindustrial. De hecho, actualmente acompaña a una centenar de familias de la vereda El Tres, municipio de Turbo, víctimas no sólo de desplazamiento forzado sino del sistema judicial que piensa obligarlos a cancelar deudas por unas tierras que no disfrutaron.

“En 1992 el Incora (hoy Inconder) adjudicó a bajos precios cerca de tres mil hectáreas a 114 familias en (vereda) El Tres, a toda la orilla de la carretera principal. En 1995 llegaron los paramilitares y desplazaron a todas las familias. A muchas de esas familias las obligaron a titular a nombre de testaferros. A otros no. Lo curioso es que aún hoy continúan llamando a algunos campesinos diciéndoles que les van a hacer cobro jurídico porque están morosos en el pago de la tierra”, relata Palencia.

Como en otros casos, la justicia parece obrar a favor de los victimarios desconociendo normativas existentes en casos de tierras. “Cuando se va a traspasar a un tercero un predio que ha sido adjudicada por el Incoder, hay que firmar una carta de renuncia a ese predio. En este caso, los campesinos firmaron esa carta argumentando que renunciaban a ese predio por causa de la violencia. Sin embargo, los funcionarios no tienen en cuenta eso”, añade la líder.

Ante este panorama surge la pregunta sobre qué pueden hacer los campesinos ante la justicia para evitar que sus bienes sean rematados o embargados por las entidades bancarias. La respuesta del abogado Fernando Madrigal, de la ACA, es desconsoladora: “Hay un vacío jurídico enorme en materia de protección de tierras sobre el cual, la Corte Constitucional tendrá que sentar jurisprudencia de manera urgente”.

La razón es simple: la única estrategia jurídica de que disponen los labriegos es recurrir a la protección individual de tierras, contemplada en la Ley 1152 de 2007, más conocido como Estatuto de Desarrollo Rural, pero este fue declarado inconstitucional en el 2008 por la misma Corte Constitucional, lo que deja sin piso la mencionada medida.

De ahí la preocupación de las ONG quienes afirman que si el Estado colombiano no toma cartas en el asunto, terminará obligando a cientos de familias que fueron desplazadas de los campos por la violencia a vivir como Siervo Joya, aquel célebre personaje de la novela de Eduardo Caballero Calderón “Siervo sin tierra”: sometido a los terratenientes, los mayordomos y los administradores en su propio suelo.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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[ Fuente: Agencia de Prensa IPC ]