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Con esas palabras, Dominica Quilapi, presidenta de la organización mapuche Rayen Domo de la región del Bío-Bío, sur de Chile, grafica lo que significa la tierra para las mujeres y los hombres mapuche, tierra que durante los últimos años ha sido foco de conflicto entre este pueblo ancestral y el Estado de Chile.

En mapudungum —su lengua originaria— mapuche significa “gente de la tierra”, y la palabra mapu (tierra) es esencial en el contexto cultural mapuche, ya que está ligada a una dimensión sagrada y al patrimonio de la comunidad.

Por siglos, la comunidad entera era dueña del territorio y se traspasaba entre los integrantes de la comunidad sin distinguir género. Con la incorporación del pueblo mapuche al Estado chileno, las comunidades debieron regirse por los derechos hereditarios de propiedad sobre la tierra propios del derecho occidental.

“La forma de propiedad que podemos distinguir son, en el caso de la copropiedad, los derechos hereditarios [que] siguen la estructura del derecho común por el Código Civil, donde al fallecer el titular de los derechos, sobre la copropiedad sus herederos reciben la porción que les corresponde de acuerdo a las normas del derecho sucesorio. La otra alternativa es en el caso de las tierras comunitarias, [en que] los derechos hereditarios sobre ésta se sujetarán ‘a la costumbre que cada etnia tenga en materia de herencia, y en subsidio por la ley común”, de acuerdo a lo establecido por la Ley Indígena’”, explica la socióloga Ximena Cuadra, del Observatorio Ciudadano.

Territorio y cultura ancestral

Existe poca información sobre lo que ha ocurrido con la tenencia de los territorios bajo este proceso en donde la tierra es heredada familiarmente. Lo que sí es posible detectar es la lucha que las comunidades indígenas han llevado para recuperar sus tierras y territorio, el rol que las mujeres han tenido en este proceso y el esfuerzo que ellas hacen para mantener su cultura ancestral.

Así, las mapuche han denunciado que hoy sus tierras y las de sus comunidades están en peligro por la llegada de transnacionales al mundo rural.

“La tierra en manos de campesinos e indígenas es escasa y pobre, y está cada vez más amenazada por el avance de las empresas. Los territorios indígenas siguen siendo invadidos por las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras. No se reconoce el derecho de los pueblos originarios a sus propios territorios”, señaló la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) en su diagnóstico de la situación de las mujeres presentado en su Primer Congreso Nacional realizado el año 2007.

Las mujeres mapuche trabajan la tierra, defienden su territorio y resguardan su cultura. Con la occidentalización del enfoque de la tierra —donde ésta se convierte en propiedad— es posible apreciar que la tenencia de la tierra en sus comunidades está principalmente en manos de los hombres, una condición que se reproduce en el mundo rural e indígena de Chile y de América Latina.

Aunque la mujer indígena vive y trabaja en el campo, el peso de la cultura la relega al ámbito doméstico, mientras que en el ámbito productivo las principales decisiones la toma un hombre.

“Casi siempre los roles los definen los hombres, ellos deciden dónde se va a sembrar, dónde va a quedar la huerta, el corral, en muy pocas ocasiones recogen la opinión de la mujer”, señala Quilapi.

“Aún en casos aislados en donde encontramos a mujeres propietarias de la tierra, ellas no tienen legitimidad social sobre el control ni la toma de decisiones sobre este bien, dado que existe un ideal cultural dominante masculinizado sobre la forma de cultivar, qué cultivar, cuándo cultivar y para quiénes. Es decir, estos aspectos se consideran decisiones que deben tomar los hombres, sean éstos esposos, padres, convivientes o hijos mayores”, explica la socióloga mapuche Luisa Curin.

A partir de 1993, tras el regreso de los gobiernos democráticos, con la promulgación de la Ley Indígena se estableció el marco jurídico por el cual el Estado de Chile creó un programa para la adquisición de tierras reclamadas por comunidades indígenas, siendo administrado dicho programa por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Incluso este programa muestra las inequidades que se dan en el acceso a la tierra.

“En las entregas de tierras que hace la CONADI, por ejemplo, siempre dan prioridad a los hombres. Sólo en casos en que la mujer sea viuda o tenga muchos hijos, y la mayoría de esos hijos sean hombres —sobre todo los mayores—, allí sí tienen posibilidades”, señala Quilapi.

Tierras en manos de los hombres

Si bien no existen muchos estudios formales sobre quién posee la propiedad en los territorios mapuche, el censo nacional agropecuario y forestal del 2007 da una aproximación sobre la realidad rural nacional, indicando que de un total de 12.5 millones de hectáreas rurales en el país, 9.5 millones —75.6%— son tenencia de hombres, mientras que 3 millones —24.4%— son propiedad de mujeres.

Estos datos pueden ser proporcionales a la realidad mapuche, y los relatos de las mujeres lo confirman. Durante el último congreso nacional de ANAMURI, realizado el 2007, dentro del diagnóstico de la situación de las mujeres, ellas explicitan: “Las mujeres no tenemos acceso a la tierra, sólo se reconoce a los hombres este derecho. Si queremos usar la tierra familiar, tenemos que pedirle permiso a los maridos”.

En pueblos pequeños del sur de Chile es posible ver un gran contingente militar, el que permanentemente vigila y allana a las comunidades. Cada vez que hombres y mujeres mapuche se manifiestan contra el Estado chileno, son fuertemente reprimidos, sin discriminar entre mujeres, niños, niñas y ancianos.

La fuerte militarización de sus zonas agobia permanentemente a las mujeres mapuche. A consecuencia de ello, muchas mujeres hoy se encuentran solas en sus comunidades debido a que los hombres están detenidos o procesados por causas poco claras.

Hasta el 2009 había 100 indígenas mapuche —incluyendo siete mujeres— procesados en Chile, de acuerdo con la no gubernamental Comisión Ética contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria. De los 43 mapuche que se encuentran encarcelados, a 32 se les aplicó la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar (1973-90), y 57 están en libertad condicional.

Uno de los casos públicos en donde mujeres mapuche resistieron a la represión fue en el territorio del Alto Bío-Bio, zona cordillerana, donde la empresa española Endesa instalaría la represa hidroeléctrica en Ralco hace seis años. Por cerca de una década, de 1990 al 2000, las mujeres mapuche de la zona defendieron su territorio soportando presiones ilegítimas y violencia para que desocuparan sus terrenos. Las ñañas (mujeres mayores) Nicolasa y Berta Quiltreman fueron la cara visible de esta lucha, quienes se negaron a abandonar sus tierras y por años soportaron estoicamente la violencia a su alrededor, para que finalmente en el 2004 sus territorios terminaran inundados con la construcción de la represa.

Estos casos se repiten en las localidades del sur, donde mujeres son apresadas por defender sus territorios ancestrales. Uno de los capítulos recientes que grafican esta represión hacia las mujeres la vivió Patricia Troncoso, prisionera política mapuche, quien el año 2008 estuvo más de 100 días en huelga de hambre dentro de la cárcel, demandando la libertad de los presos políticos mapuche y la desmilitarización de las comunidades mapuche movilizadas.

“En el contexto actual de la lucha y defensa del territorio y de la tierra las mujeres mapuche participan junto a los hombres en la construcción de organizaciones mapuche para que de la discusión y análisis se generen propuestas en torno a sus necesidades, demandas e intereses personales y comunes relacionados con la tierra y cultura”, afirma Catrileo. —Noticias Aliadas.