CAPRECOM es la EPS del régimen subsidiado con más tutelas en el país; además, es la primera deudora del país con los proveedores y con las IPS que le prestan servicios, con deudas que sobrepasan la bicoca de los $800.000 millones.  Tan sólo a la ESE METROSALUD le debe más de $11.000 millones de los $32.000 millones que adeuda a las IPS en el municipio de Medellín.  Aclaramos que METROSALUD sigue prestando los servicios contratados con la EPS CAPRECOM pero las cuentas siguen sumando.

 

En 1994, el gobierno creó las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) -que equivalían a las EPS del Régimen Contributivo- las que administraban el aseguramiento de la población pobre y vulnerable a través del SISBÉN I, II y III.  A raíz de múltiples anomalías de corrupción, politiquería y clientelismo, durante 2006 y 2007 la Supersalud retiró la licencia de funcionamiento de la mayoría de ellas y se creó una ley para transformarlas en EPS del régimen subsidiado EPS-S.  Reducidas las EPS-S, en el departamento de Antioquia se conservaron COMFAMA, COMFENALCO, EMDISALUD y CAPRECOM.  En 2008, COMFENALCO se retiró del régimen subsidiado y CAPRECOM asumió sus usuarios del SISBÉN.

CAPRECOM, argumentando desequilibrios financieros respecto a la UPC, pretende abandonar el Régimen Subsidiado en Medellín, razón por la cual el Concejo citó el pasado 16 de junio, a una audiencia pública de control político con el fin de analizar esta situación, que infortunadamente contó con poca participación de la ciudadanía,  debate que fue promovido por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos del Partido Liberal y Carlos Alberto Ballesteros Barón del Polo Democrático Alternativo.

La noticia es trascendental por las deudas que tiene la EPS CAPRECOM con la ESE METROSALUD , que pondrían en vilo la viabilidad del último bastión público prestador de los servicios de salud.   Peor, por el profundo impacto negativo que podría tener sobre el derecho a la salud de los medellinenses más pobres, más aún cuando COMFAMA ha venido manifestando su intención de retirarse también del aseguramiento de los usuarios del SISBÉN I, II y III de la ciudad.

Las conclusiones del evento fueron superficiales.  Una de ellas: Que Medellín debe tener una EPS pública o mixta. ASMEDAS Antioquia considera que el tema del aseguramiento público debe ser objeto de un debate más amplio, como podría ser a través de un Cabildo Abierto constitucional.

Otra de las conclusiones fue la de que la pobreza de los medellinenses, las enfermedades graves, la alta concentración de pacientes en el sistema público, entre ellos las víctimas de desplazamiento forzado, y la irresponsable política gubernamental de extender el aseguramiento a los beneficiarios del SISBÉN sin proveer políticas de empleo para incrementar los del régimen contributivo, tornan inviables tanto a las EPS subsidiadas como a las del régimen contributivo. El escenario del modelo imperante ha fracasado con los actuales niveles de desempleo, informalidad y pobreza que son escandalosos. Esto quiere decir que la derogatoria de la Ley 100 es inherente al cambio del modelo de desarrollo, como en alguna conclusión general se determina.

Hemos sido enfáticos y persistentes en que el modelo financista de la Ley 100 colapsó desde hace rato y que es perentorio barajar de nuevo para que los colombianos se beneficien de un modelo que potencie la Atención Primaria en Salud (APS) y facilite el acceso a los servicios para la atención con calidad de la enfermedad.

Nos entra la duda de que el gobierno recién electo quiera hacerlo y  elimine la perversa intermediación pero nuestra propuesta sigue en pie. Corresponde al movimiento social y político, al sindical, a los usuarios organizados, a los trabajadores de la salud y a la academia crear las condiciones adecuadas para lograr arrebatarles la salud a los negociantes de la enfermedad y convertirla en un derecho de todos.

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[ Fuente: ASMEDAS ] [ Autor: ASMEDAS Antioquia]