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Los expertos, en su declaración, instan a los organismos  del Sistema de Integración Centroamericano (SICA),  a firmar la declaratoria de Centro América como zona libre de cianuro, “puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”.

Además, insta a los países del  SICA a retomar a la mayor brevedad posible, las negociaciones respecto al Convenio Centroamericano del Agua y del Convenio Centroamericano de Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza.

Asimismo, solicitan a los gobiernos de las naciones centroamericanas a tomar las medidas legales pertinentes con el fin de prohibir la minería metálica que utilice cianuro y otros agentes altamente tóxicos y contaminantes.

La declaración instar también a los gobiernos de los países centroamericanos para que  junto con el sector minero,  las universidades públicas y privadas, y  las organizaciones de la sociedad civil, revisen de manera integral la normativa interna sobre minería, de manera que resguarden el  interés público ambiental y respondan a un desarrollo en armonía con la naturaleza

Solicitan a los gobiernos de los países centroamericanos a  destinar los recursos humanos y económicos necesarios para el control, fiscalización y monitoreo de las actividades mineras que se desarrollan dentro sus respectivos territorios.

“Hacer un llamado a los gobiernos de la región  para que promueva  un modelo de desarrollo humano sostenible. Este debe reflejarse en el ámbito regional y debe contar con amplia participación comunitaria”, proponen como alternativas a la minería.

Aseguran que este modelo generaría empleo permanente a partir de actividades de carácter socio-productivo; entre ellas, la turística que incluye bosques, vida silvestre, bellezas escénicas, cultura popular, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, incluyendo las opciones de ecoturismo fluvial nacional y binacional, que podría darse aprovechando el río San Juan, sus afluentes y los numerosos humedales locales de alto valor ecológico.

Al rechazar la posibilidad de que se construya una mina de oro a cielo abierto en el norte de Costa Rica, en Crucitas, a tres kilómetros del río San Juan, sostienen que la región tiene especial importancia por su ubicación geográfica en el marco del corredor interfronterizo y el corredor biológico San Juan-La Selva en los que está inmerso.

“La extraordinaria variedad de flora y fauna, y la relación con los bosques maduros de almendro que constituyen una fuente importante de alimento y anidación para la lapa verde, son opciones relevantes por considerar en la propuesta de una opción sostenible como alternativa a la minería metálica a cielo abierto”, apunta la declaración.

Por otro lado hicieron “un llamado a la sociedad civil centroamericana por la defensa del medio ambiente y por la construcción de una región justa, equitativa y sustentable”.

Sobre Costa Rica, piden al gobierno de la presidente Laura Chinchilla la revisión exhaustiva e integral de la legalidad  de cada uno de los permisos otorgados por las diversas instancias gubernamentales al proyecto Minero Crucitas, con el fin de replantear su posición a fin que la concesión sea anulada,  así como la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 34801 que declaró de conveniencia nacional la explotación minera en Las Crucitas de Cutris de San Carlos.

“Manifestar nuestra complacencia por el decreto de Moratoria firmado por la señora Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda, en contra de la minería de oro a cielo abierto y apoyar su decisión sobre revisión y modificación de las leyes  en el campo minero para cerrar los portillos a este tipo de  actividades anti ecológicas”, es otro acuerdo de la Cumbre.

En cuanto al 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, piden a los Gobiernos de la región Centroamericana reiteren la solicitud de derogatoria  al proyecto minero en Crucitas al Gobierno de Costa Rica y opten por declarar una moratoria regional general a la minería química a cielo abierto.

Participación

La primera cumbre iberoamericana universitaria de Derecho Ambiental, participaron especialistas de 24 universidades de América Latina convocados por la Red Universitaria de Derecho Ambiental (RUDA).

El doctor Adrián Meza Soza, Presidente del comité organizador de la Cumbre Iberoamericana y rector de la Universidad “Paulo Freire”, dijo que en el evento participaron abogados ambientalistas de Chile, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Colombia, España y Portugal, entre otras naciones.

La cumbre, celebrada en San Marcos, Departamento de Carazo, Nicaragua, el fin de semana, fue auspiciada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Nicaragua Sugar States, entidades regionales y nicaragüenses, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (Limaa), el Consejo Académico de RUDA Centroamérica, la Comisión Nacional de Derecho de Nicaragua (Conader) y el Consejo Superior de Universidades Privadas de Nicaragua (Cosup).

[ Fuente: elpais.cr ] [ Autor: elpais.cr]