Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Definición de Ordenamiento Territorial (O.T): con base en el concepto antropológico de simultaneidad, el cual acepta que en un territorio hay diferencias pero no las discrimina, más bien, las unifica como expresiones compartidas. Defino el O.T. como una herramienta técnico-administrativa y política que busca la organización física del espacio con base en una idea rectora, así, alcanzar un desarrollo equilibrado de las regiones para que la tierra tenga las condiciones óptimas de valorización, habitabilidad y adaptabilidad según la cultura y necesidades de los habitantes.

Con la crisis existente a nivel municipal, el conflicto armado y las grandes diferencias en la distribución de los recursos, ¿sería posible pensar en una nueva organización territorial del país?, teniendo en cuenta puntos de partida diferentes a los que operan como base para el ordenamiento territorial existente, ¿sí es viable?

Tenemos una sumatoria de factores que dificultan la superación de esta crisis, la heterogeneidad de la topografía, culturas e idiosincrasias colombianas, además de la falta de una voluntad para tener en cuenta las características del país (recursos humanos, económicos y climatéricos), no han dejado hacer una lectura clara de la realidad del territorio nacional. Tradicionalmente la división política del territorio colombiano en muchas ocasiones no es coherente, ni tiene lógica geográfica, sino que se ciñe a intereses políticos, especialmente partidistas.

El conflicto armado como una forma de administración territorial (desde el punto de vista bélico), en donde se ejerce la autonomía a través de la coacción y donde se generan políticas de índole privado y no social. Se observa que los actores armados tratan de suplir los enormes vacíos del Estado en las regiones, de esa manera se pelean los recursos, el poder local, el uso y la apropiación de los medios de producción, sin importar los desplazamientos, la deslegitimación de las autoridades y el respeto por la vida de las personas.

Haciendo un análisis histórico encontramos otro factor que presiona fuertemente, pues durante más de cien años el país estuvo orientado bajo un sistema centralizado, el cual conllevó a que el poder político fuera competencia del Gobierno central y la autonomía local, municipal y regional quedara marginada o fuese casi inexistente; debido a esto, se trataron de dar pasos hacia la delegación de funciones a los entes territoriales, pero nunca se llegó a un coherente direccionamiento de sus políticas. Para dar un ejemplo retomo a M. Borja, pues él dice que “Colombia es un país de regiones y provincias, de numerosas formaciones socio-políticas y económicas, de culturas diversas que redefinen permanentemente el espacio de acuerdo con sus necesidades y posibilidades de desarrollo”(1), por tal motivo, el actual modelo de Estado, aunque rece ser descentralizado, ha creado conflicto con las comunidades gracias a la rigidez de sus estructuras e instituciones que excluyen de sus políticas la vida regional, especialmente rural.

Este proceso de descentralización mal aplicado, consignado en la Constitución de 1991, en la cual se tiene voluntad de dar autonomía a los entes territoriales, pero en realidad no se refleja en la práctica, debido a que se le dieron una serie de funciones a los municipios y a todas las entidades territoriales que no estaban preparados para asumirlas; además, no se hace una diferenciación en el proceso de descentralización por servicios, por funciones o territorios con la desconcentración. Por estas razones, las últimas políticas que el Estado ha promulgado llevan consigo un carácter centralizador de las funciones para superar esta crisis.

Volviendo a lo anterior, cabe recordar que con la Constitución del ’91 nació la Comisión de Ordenamiento Territorial (C.O.T).  Esta comisión tenía entre sus múltiples objetivos “buscar la disminución de diferencias en el desarrollo de distintos territorios con miras a una mejor distribución de la riqueza producida, como la igualdad de oportunidades entre ellos, la protección del medio ambiente, el estimulo a las culturas locales y la búsqueda y afianzamiento de la paz”(2). En cuanto a esto surgen algunas inquietudes sobre los alcances y logros que ha tenido la C.O.T, pues, el objetivo arriba mencionado a mi parecer ha tenido un balance negativo. Para dar dos ejemplos basta retomar la pobreza de Buenaventura, que aún siendo el principal puerto marítimo de Colombia, la calidad de vida en ese territorio es precaria y su situación política marginal; por lo tanto, se refleja que la distribución de la riqueza es una falacia. Asimismo, el concepto de “culturas locales” se ha restringido a las minorías negras e indígenas dejando de lado las nuevas creaciones interculturales que surgen al interior de las ciudades. Por consiguiente, muchas dinámicas y sensibilidades de los colombianos quedan excluidas creando conflictos que en ocasiones conllevan a la violencia urbana.

¿Por qué se ha fracasado?  – aunque la C.O.T desde sus inicios desarrolló modelos y políticas para una coherente reorganización del territorio colombiano, la causa de sus frustraciones ha sido la falta de “voluntad política”, no sólo del gobierno y el poder legislativo sino también del sector privado-terrateniente. Por este motivo, no ha surgido un espacio realmente democrático en donde se lleve a cabo la implementación de un modelo adecuado de ordenamiento territorial y una ajustada ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), debido a que los intereses patrimoniales históricamente se sobreponen a los sociales.

Ahora, en respuesta a los interrogantes que son la base de la propuesta, me identifico con la forma en que se conceptualiza el ordenamiento sociogeográfico desde una perspectiva que nace de los movimientos regionales, la cual se contrapone al modelo oficial colombiano, ya que, asume el problema del ordenamiento como “geohistórico”, es decir, como una relación entre “el espacio socialmente construido y la geografía política del Estado. Con lo anterior, se pretende construir lo nacional a partir de lo local, acercando el gobierno al ciudadano, para permitirle participar en la toma de decisiones públicas y (…) acomodar la división político-administrativa a la realidad (M. Borja, p. 24)”. De tal manera que se logran formular políticas y planes de desarrollo regional, nuevas inversiones y se creen instituciones encargadas del manejo de la geografía política que integren no sólo simbólica sino también materialmente al país. Todo lo contrario a la concepción centralizada del Estado, en donde el gobierno se concentra en una ciudad central (capital). Allí se elaboran las políticas, leyes, presupuestos y todas la normatividad que será impartida en el espacio nacional, lo cual implica que desde la capital se maneje la vida de todo un territorio (3).

Esta propuesta va encaminada hacia un tipo de Estado que fusione lo federal con la regionalización, en donde se asocien municipios pequeños, ciudades intermedias, capitales y distritos según sus características como los tipos de producción, clima y cultura que son lazos más fuertes hacia la construcción de un tejido social. En este tipo de Estado desaparecen los infructíferos departamentos, se debe contar con zonas dentro de cada región de planificación y veeduría, fortaleciendo el poder municipal dándole más instrumentos, presupuestos y conocimientos para cumplir con sus funciones(4); la desaparición de los departamentos debería darse por su no viabilidad, pues en primer lugar no son adecuados para nuestro territorio y en segundo, no tienen unas funciones claras. Aquí las regiones deben entenderse como una entidad política, que no sólo cumpla funciones administrativas sino también legislativas y judiciales. Para finalizar, el gobierno nacional es delegado por las regiones para presidirlos solo de manera macro, especialmente en aspectos de relaciones internacionales y subordinarse a un plan de desarrollo a “largo plazo” que evite, hasta cierto punto, decisiones inmediatistas y el totalitarismo.

Siguiendo con la cuestión de los gobiernos locales, estos surgen de la elección de unos representantes de cada municipio que pueden ser los mismos alcaldes elegidos de manera popular. Este gobierno regional a su vez se reúne como una federación que tiene sus propios entes administrativos y funciones. Estas funciones son como las de comercio exterior, relaciones exteriores de economía y hacienda, de orden público y defensa de fronteras ya que el carácter policivo debe ser cubierto por cada región. En materia ambiental y conservación debe también tener al igual que la policía, normas internas basadas en un código nacional de medio ambiente. Sus presupuestos y recursos deben venir de los impuestos regionales, de las divisas de exportaciones y de regalías que surgen de los impuestos nacionales y exportaciones a nivel internacional.

Si los objetivos que acabo de nombrar se cumplen, posiblemente habrá una mejor distribución de los recursos entre las entidades territoriales, cada región se pensaría su propia jurisprudencia, su propia tributación e implementaría una apropiada infraestructura logrando un mejor equilibrio para el país.

Para finalizar, esta propuesta debe estar articulada a una ley orgánica de ordenamiento territorial, en donde exista voluntad política y participación ciudadana como agentes de veeduría y control en busca de transparencia en los procesos. Por todo esto se debe velar por un ordenamiento territorial que integre y ocupe todo el área nacional de Colombia, creando nuevos mecanismos de identidad(5) para que el Estado sea realmente una construcción social  y no una maquinaria de dominación.
_________________________
Notas:
(1) Miguel Borja, Estado Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia, p. 20.
(2)Ídem, p. 122.
(3)ver: Jaime Castro, La Cuestión Territorial, Bogotá.
(4)En este modelo descentralizado y regional, se debe tener un sustento político basado en la democracia directa (participativa), así, por medio de mecanismos tales como: consultas populares, referendos, plebiscitos, cabildos abiertos, iniciativas populares, veedurías ciudadanas o consejos de planeación, las personas pueden crear, suprimir o transformar las entidades territoriales e instituciones para que se adapten a sus necesidades socio-culturales.
(5)Una propuesta es que se re-creen los “mitos fundacionales”, como por ej. un nuevo himno nacional (igualmente himnos regionales), nuevas banderas, etc, y dejar de lado el esnobismo (sin negar la globalización) que reina en muchas mentes de los colombianos.