Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Síntesis de algunas de las causas pendientes en los tribunales nacionales e internacionales contra el presidente Uribe, sus familiares y altos funcionarios de su gobierno.

Cambio de página

Desde que la Corte Constitucional le cerró para siempre la posibilidad de mantenerse en el poder, Álvaro Uribe ha especulado reiteradamente acerca de su futuro una vez deje la Presidencia: abuelo de los hijos de Tomás, finquero en el Ubérrimo, alcalde de Bogotá, cooperante, rector de una universidad virtual, editorialista, locutor radial y abogado de los miembros de la fuerza pública acusados de violaciones de los derechos humanos.

Las cavilaciones del presidente han crecido a tiempo que se afianza una tendencia que podría alterar su porvenir y mantenerlo más ocupado de lo que se imagina: con el pasar de los días, y a menos de un mes de dejar la Presidencia, las noticias sobre familiares, altos funcionarios y ex funcionarios de su gobierno han pasado de la página política a la judicial.

En un hecho inédito, el veredicto sobre el presidente que haya tenido mayor popularidad en las encuestas al final de su mandato podría darse antes en los tribunales que en el debate público y en los libros de historia. Además de una alta popularidad (en el Gallup Poll de mayo el respaldo a su gestión fue del 68 por ciento), Uribe saldrá de la Presidencia con varios casos penales y disciplinarios a sus espaldas. Casos que involucran a familiares y colaboradores cercanos y que, en caso de comprobarse, podrían mancillar su legado y comprometer su futuro político.

Espionaje en tiempos de la Seguridad Democrática

Las acciones de intimidación, amedrentamiento y espionaje por parte de funcionarios del DAS contra periodistas, magistrados, y representantes de la comunidad internacional estallaron en febrero de 2009 con las revelaciones de Semana[1]. En aquel momento el presidente rechazó los cargos, denunció una “red mafiosa que actúa desde muchas instancias” y en últimas se aventuró a proclamarse víctima de las chuzadas[2].

Hoy la justicia ha encontrado indicios en el sentido de que los más cercanos colaboradores del Presidente en la Casa de Nariño estarían involucrados en los hechos. El pasado 8 de julio, el Fiscal General llamó a interrogatorio el viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman; al secretario Jurídico, Edmundo del Castillo; al secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; y al ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria. En este proceso también son investigados los ex directores del DAS Jorge Noguera Cote, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, todos nominados en forma directa por el Presidente.

El socio de Jorge 40

Noguera, el primer director del DAS de Uribe, fue llamado a juicio por trabajar en conjunto con el jefe paramilitar “Jorge 40” en los asesinatos concertados de tres líderes sociales de la Costa Atlántica[3]. Los informes usados por los paras en esos crímenes eran enviados también a la Presidencia[4]. Noguera reveló ante la Corte que una orden del presidente llevó a la subdirección del organismo a José Miguel De Narvaéz[5]. Este oscuro personaje es recordado por los jefes paramilitares por una tesis que solía defender ante ellos: ¿Por qué es legal matar comunistas en Colombia?[6] De Narváez está llamado a juicio por ser el determinador del asesinato del humorista y periodista, Jaime Garzón, en asocio con el extinto Carlos Castaño.

Noguera ocupó la dirección del DAS hasta 2005, cuando los señalamientos en su contra lo obligaron a renunciar. Entonces el presidente lo nombró cónsul de Colombia en Milán, y sólo un año después, cuando fue llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía, renunció al cargo. Hasta noviembre de 2006 el presidente dijo que ponía “las manos en el fuego por él“.

Chuzadas de alto nivel

A Noguera, Peñate y Hurtado los investigan por la existencia de un grupo de policía política conocido como “los G3” y posteriormente como “Goni”, que contaba con manuales de funciones, gastos reservados y minutas de seguimientos, amedrentamientos y amenazas contra líderes sindicales, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas. Algunas de las revelaciones que han hecho ex directivos del DAS y detectives de ese grupo dan cuenta de casos como el de Claudia Julieta Duque, periodista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a quien amenazaron y amedrentaron con frases como: “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa ».

Ciento veinte organizaciones y personas se han hecho parte en el caso de las chuzadas del DAS. Las acciones de este organismo alcanzaron las oficinas de las Naciones Unidas en Colombia como lo denunció el pasado 14 de marzo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

La situación de María del Pilar Hurtado no es menos grave. La funcionaria fue nombrada luego de la renuncia de Andrés Peñate, quien decidió buscar en el sector privado un mejor sueldo, y le explotó en la cara la crisis por las chuzadas. Dos años antes, la funcionara había negado públicamente y en audiencia ante la Corte Suprema que se estuviera espiando a los magistrados. Documentos allegados a la investigación confirman que Hurtado se reunía con altos funcionarios de Palacio para discutir información sobre seguimientos a magistrados de la Corte y líderes políticos. Uribe defendió a Hurtado insistentemente hasta su salida del organismo en octubre de 2008.

Hurtado está involucrada en dos episodios particularmente confusos de la historia reciente, pero al parecer relacionados. La visita del paramilitar subalterno de don Berna, alias “Job”, a la Casa de Nariño; y la carta de un paramilitar de rango medio conocido como “Tasmania” en la que acusa al magistrado auxiliar, Iván Velásquez, de ofrecer aguardiente y prebendas judiciales a cambio de testimonios de paramilitares desmovilizados en contra de Uribe y su primo, el ex presidente del Congreso, Mario Uribe Escobar. Tanto “Job” como “Tasmania” fueron asesinados antes de aclarar su participación en los hechos.

San Mario Aranguren

Estos casos estarían relacionados el ‘affaire’ Ascencio Reyes, una trama en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, urdida desde Palacio en momentos en que la justicia cerraba su cerco en contra de los líderes de la coalición uribista envueltos en la ‘parapolítica’.

Reyes es un controvertido empresario huilense que financió un viaje y un homenaje social al presidente de la corte Yesid Ramírez en 2006. Reyes apareció en la prensa relacionado con el narcotráfico y la información fue filtrada por funcionarios de Palacio con el fin de desprestigiar a la Corte. Sin embargo, Reyes no tiene sindicación en firme ante la justicia, mientras que el funcionario que facilitó parte de la información sobre él y otros datos de las finanzas privadas de miembros del alto tribunal estaba recluido hasta hace muy poco en un centro penitenciario: el ex director de la Unidad de Análisis Financiero, UIAF, Mario Aranguren, acusado de “concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad” De Aranguren, quien ahora tiene la casa por cárcel, Uribe dijo que estaba “injustamente detenido”.

¿Qué dicen contra mi primo?

Tanto la UIAF como el DAS -que dependen del Presidente de la República- resultaron envueltos en otro caso judicial que involucra personalmente al presidente Uribe. Se trata de la demanda contra el ex presidente de la Corte, César Julio Valencia Copete. Uribe y Valencia mantienen un pleito por una declaración del magistrado en el sentido de que el presidente lo había llamado “molesto” para averiguar por las indagaciones que adelantaba la Corte contra su primo, Mario Uribe. El mandatario ha negado esa afirmación, mientras que el magistrado se ha mantenido en su versión. La etapa de conciliación ya fracasó y el caso se encuentra pendiente de decisión en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Según evidencia publicada por Noticias Uno[7], Valencia y su abogado Ramiro Bejarano habrían sido chuzados, seguidos, e información suya con reserva bancaria, auscultada sin orden judicial. Esas acciones habrían sido adelantadas por funcionarios del DAS y la UIAF por órdenes del secretario privado de la presidencia, Bernardo Moreno.

San Mauricio

Estos hechos de espionaje taparon otros. Antes del DAS, en septiembre de 2003, la institución acusada de chuzar a líderes políticos fue la Policía Nacional en la administración del general Teodoro Campo. En aquella ocasión, cinco generales salieron de la Policía. En mayo de 2007 fueron once los generales llamados a retiro por las grabaciones de conversaciones de varios ex jefes de las AUC recluidos en la cárcel de Itagüí.

Uno de los oficiales de la Policía acusados de “chuzar” fue el coronel Mauricio Santoyo Velasco, comandante de la Policía en Antioquia cuando Uribe era gobernador y su jefe de seguridad en la Presidencia hasta octubre de 2003,  cuando fue destituido por la Procuraduría. El coronel está implicado en 1.800 chuzadas a ONG de Antioquía utilizando firmas falsas de fiscales. Dos de los líderes espiados, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, desaparecieron desde el 6 de octubre del año 2000. Pese a su destitución, Santoyo fue ascendido a Brigadier General por el Congreso de la República y el presidente.

San Mario

Un nombre común en las disputas con la Corte Suprema y en el caso del espionaje del DAS es el del ex presidente del Senado, Mario Uribe Escobar. El primo hermano del Presidente es acusado de aliarse con los paramilitares de Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, “El Tuso”, para quedarse con las tierras de varios campesinos y aumentar el caudal electoral que lo llevó al Senado de la mano de su primo Álvaro en 2002.

El movimiento al que ambos pertenecieron y con el cual hicieron política hasta 2002 fue Colombia Democrática. Ese grupo desapareció en la más reciente legislatura porque cuatro de sus cinco congresistas fueron presos por parapolítica. Uno de ellos es Álvaro “El Gordo” García, congresista condenado a 40 años de cárcel por instigar a la masacre de Macayepo en la que los paramilitares de los Montes de María asesinaron a doce campesinos. Otro miembro destacado de ese grupo político fue Miguel de la Espriella, el congresista cordobés que reveló el Pacto de Ralito y que ya cumplió su condena por asociación con los paramilitares para ganar las elecciones parlamentarias de 2002. De esa campaña quedó una foto noticia de El Meridiano de Córdoba que muestra a Álvaro Uribe, a De la Espriella y a la también condenada, Eleonora Pineda, en un descapotado haciendo una correría política por Tierralta. Éstas son las imágenes:

Fuente: El Meridiano de Córdoba. Enero de 2002.

También a sus espaldas

Las sindicaciones contra Mario Uribe han sido un episodio dramático en la Presidencia de Uribe. Nunca una persona tan cercana al primer mandatario había sido acusada por delitos tan graves. Contra Uribe Escobar hay dos declaraciones: la del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y la de “Pitirri”, un chofer de los paramilitares en tiempos en que dominaban Córdoba y Antioquia. En mayo de 2007, durante una audiencia de versión libre, Mancuso señaló que se reunió con Uribe Escobar en dos ocasiones para llegar a acuerdos políticos. A su turno, el ex chofer de los paras dijo que el parlamentario se valió del poder de las AUC para hacerse a varias propiedades en Caucasia y Sahagún. En el expediente consta, además, el aumento de votos para las elecciones de 2002 que serían resultado de acuerdos con los jefes paramilitares. Esta semana el ex congresista explicó a la Fiscalía que sus votos aumentaron  como resultado de “una cadena de oración”. Álvaro Uribe tendría que explicar cómo hizo política desde 1985 al lado de su primo y de sus copartidarios -reconocidos paramilitares- sin darse cuenta de sus nexos con grupos ilegales.

El Judas de los doce apóstoles

Pero Uribe Escobar no es el único familiar incómodo del presidente. A principios y a mediados de su mandato, y de nuevo en los últimos meses, el nombre de su hermano, Santiago Uribe Vélez, ha saltado a la palestra. Su figuración no se debe a su fotografiada amistad con el clan de los narcotraficantes Ochoa Vásquez, fundadores de “Muerte A Secuestradores” (MAS), el primer grupo paramilitar de la historia reciente.  El nombre de Santiago ha figurado

en los archivos judiciales por relaciones con grupos paramilitares desde principios de los años 90. Su nombre es mencionado como parte del grupo “Los Doce Apóstoles” que sembró el terror en el noreste de Antioquía. La Fiscalía absolvió a Santiago en dos investigaciones (1996 y 2000), pero las denuncias alrededor de cadáveres y campos de entrenamiento paramilitar en la finca de su propiedad conocida como “La Carolina” fueron retomadas por el senador Gustavo Petro en su célebre debate sobre el paramilitarismo en Antioquía en 2006.

¡Guácalas! ¡Washington Post!

Recientemente Juan Carlos Meneses, un coronel retirado de la Policía, revivió el caso de Santiago Uribe desde Buenos Aires en una declaración grabada ante el premio Nobel de Paz, Gustavo Pérez Esquivel, y ratificada ante un fiscal en el consulado de Colombia. El presidente ha dicho que su hermano es un hombre honorable y ha acusado a Esquivel y a The Washington Post[8] (que publicó el caso) de estar infiltrados por enemigos de su gobierno.

Finalmente, Santiago Uribe jugó un papel aún sin esclarecer en el episodio de la carta de “Tasmania”. Fue un abogado suyo quien terminó entregando la carta a la subdirectora del DAS, Martha Leal, antes que el presidente hiciera públicas las supuestas denuncias contra el magistrado Velásquez.

Santo Tomás y San Jerónimo

La nueva generación uribista también podría enfrentar problemas ante los tribunales: Jerónimo y Tomás Uribe Moreno fueron beneficiados por el cambio en el uso del suelo y la declaratoria de zona franca de un lote en Mosquera (Cundinamarca). Las decisiones que tomaron funcionarios subalternos de su padre, según las denuncias formuladas por Noticias Uno[9] y el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, les significó un aumento en el valor del lote de tres millones a más de tres mil millones de pesos. El ministro de Comercio, el ministro de Hacienda y el director de la DIAN, quienes aprobaron la zona franca, debieron explicar por qué no se declararon impedidos para hacerlo. Aparte de eso se demostró que hubo falsedad en documento público. Aunque en el punto más crítico de las denuncias el presidente prometió en alocución televisada revelar su declaración de renta y la de sus hijos, esto nunca se produjo, según investigación del periodista Gonzalo Guillen[10].

San Alirio y San Sabas

“El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción”. Punto 24 del manifiesto democrático presentado por Álvaro Uribe a los colombianos en 2002.

Tomás ya rindió testimonio ante la Corte Suprema en otro caso: el carrusel de las notarías. El hijo del presidente aparece mencionado por el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, como gestor de la asignación de varías de ellas. En sus declaraciones ante la Corte Suprema, Cuello Baute señaló que el mismo presidente, su secretario privado, Bernardo Moreno y el ministro de Interior, Sabas Pretelt de la Vega, estaban involucrados en la asignación de puestos a varios congresistas que votaron a favor de la reelección, incluyendo a Alirio Villamizar, condenado la semana pasada a nueve años de prisión por extorsionar a una notaria que le debía el nombramiento.

Pretelt es embajador ante el gobierno de Italia y estuvo a punto de renunciar en mayo, luego de que la Fiscalía dictara resolución de acusación en su contra por el ofrecimiento y entrega de dádivas a los dos congresistas que cambiaron su voto a última hora para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en 2006.

San Diego

Pretelt de la Vega y Diego Palacio, Ministro de Protección Social, fueron absueltos en un polémico fallo del procurador Alejandro Ordoñez, pero la Fiscalía y la Corte Suprema han seguido las pesquisas sobre la base de la declaratoria de culpabilidad por cohecho de la congresista Yidis Medina y las pruebas que sirvieron para condenar por los mismos hechos a los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.

El ministro Palacio tiene sus propias cuentas pendientes. A finales de junio, la Procuraduría levantó pliego de cargos en su contra por conflicto de intereses y graves irregularidades en la contratación de los expertos que estudiaron las medidas de la Emergencia Social en salud. Tres de ellos redactaron artículos que beneficiaban a las EPS pese a que pertenecían a la junta directiva de dos de estas entidades: Nueva EPS y Salud Colpatria.

San Andrés y San Andrés Felipe

Otro caso de corrupción en las altas esferas del poder tiene que ver con Agro Ingreso Seguro. Aunque esta semana el presidente intentó minimizar el hecho como la acción de “diez colados”, en enero la Fiscalía abrió investigación preliminar al ministro de Agricultura, Andrés Fernández y al ex ministro de esa cartera, Andrés Felipe Arias. La Procuraduría y la Contraloría tienen serios indicios de que el Ministerio no tomó las medidas necesarias para evitar que testaferros de la mafia, familias ricas y aportantes al referendo reeleccionista terminaran beneficiados con millonarios recursos destinados a la protección de los agricultores afectados por el TLC con Estados Unidos, que ni siquiera ha sido ratificado por ese país.

San Luis Guillermo

Precisamente por irregularidades en la financiación del referendo para la reelección del presidente – quien no participó en el proceso, pero era su beneficiario- fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión Luis Guillermo Giraldo, presidente del comité promotor. Falsedad ideológica y fraude procesal fueron los cargos que aceptó el sindicado ante un juez el pasado 22 de junio.

San Juan Manuel

La Fiscalía investiga 1.273 casos con un total de 2.077 víctimas en 29 departamentos de los llamados falsos positivos. Según el presidente electo, hay casos documentados de falsos positivos desde 1984[11], pero las cifras comenzaron a llamar la atención de los organismos nacionales e internacionales en 2003 y 2004.

Al año siguiente el ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó la directiva 029 del 2005[12], la cual se refería a los montos ofrecidos por el gobierno por cabecillas y jefes de grupos de delincuencia caídos en combate. Al año siguiente la Fiscalía dio cuenta de 274 casos de falsos positivos. En 2007 se registraron 505. Y en 2008, 156. Uribe y el presidente electo, en calidad de ministro de Defensa, llamaron en noviembre de ese año a calificar servicios a 27 oficiales, entre generales y coroneles, de las brigadas implicadas. En 2009 el CINEP reportó nueve casos de falsos positivos y este año no hay ningún caso nuevo.

San Camilo

El Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, dijo durante su visita al país en junio de 2009 que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados. “Fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército“. Hasta el momento se registran 109 resoluciones de acusación formuladas, 38 casos con condena y tres sentencias absolutorias. El periodista Felipe Zuleta Lleras denunció a Ospina, a Santos y al general Freddy Padilla por su responsabilidad en los hechos. Ningún funcionario civil ha sido llamado a rendir testimonio u ofrecer explicaciones. Hasta el pasado mes de mayo, Ospina integró la terna presentada por el presidente a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación.

San Freddy

Padilla y Santos, a su vez, tienen una causa abierta ante la justicia ecuatoriana por la muerte durante la operación Angustura del líder terrorista Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. El presidente dijo esta semana que el país no puede dejar desamparado al general Padilla de León y reiteró que la operación fue una decisión de Estado.

San Álvaro

En Colombia es casi un adagio que funcionario que no salga empapelado no es funcionario. Uribe, luego de ocho años en el poder, podría calificarse como el epítome de esa constante en la historia política colombiana, con una diferencia: a los presidentes los investiga el Congreso.[13]

Y allí no es mucho lo que avanzan los procesos. Según un documento oficial publicado por lasillavacia.com[14], en la Comisión de Acusaciones de la Cámara reposan 185 procesos, la mayoría por delitos “sin determinar”, contra el presidente Uribe. El 91 por ciento de los procesos está en “preliminares”. Pero no es el único: contra Pastrana hay 13 procesos, el más antiguo de 2001; contra Samper hay dos y contra Gaviria tres. Todas duermen el sueño de los justos.

Dadas estas circunstancias, es posible que el presidente haga realidad su aspiración de desempolvar su tarjeta profesional de abogado, para litigar inclusive en instancias internacionales. Por lo que se ve, va a tener oportunidades de sobra para sacarle brillo en los años que vienen.

*Profesor de la Universidad Sergio Arboleda y periodista de Razonpublica.com.

Notas de pie de página

[1] El DAS sigue grabando. Semana. Sábado 21 Febrero 2009. http://www.semana.com/noticias-nacion/das-sigue-grabando/120991.aspx

[2] Declaración del Presidente Álvaro Uribe sobre el DAS. 26 de febrero de 2009. http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/26/01262009.html

[3] Se trata de Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/acusacion-de-la-fiscalia-contra-jorge-noguera-por-tres-homicidios-mantuvo-la-corte-suprema_6043327-1

[4]Jorge Noguera lo niega todo. 1 de febrero de 2010. http://www.verdadabierta.com/parapolitica/nacional/das-gate/2171-arranco-juicio-contra-jorge-noguera-ex-director-del-das-

[5] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo185284-uribe-sugirio-nombramiento-de-narvaez-el-das

[6] “Él nos dictó una cátedra que se llamaba ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”Sábado 28 Febrero 2009 http://www.semana.com/noticias-enfoque/dicto-catedra-llamaba-licito-matar-comunistas-colombia/121251.aspx

[7] http://www.noticiasuno.com/noticias/bejarano-y-valencia.html

[8] Colombian president’s brother said to have lead death squads. The Washington Post. Mayo 24, 2010. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/23/AR2010052303821.html?wprss=rss_world/southamerica

[9] Hijos del presidente tienen intereses en tierras de zona franca http://www.noticiasuno.com/noticias/zona-franca-y-mosquera.html

[10] ¿Dónde está la declaración de renta de Uribe? Gonzalo Guillen. http://www.unpasquin.com/PDF-Version/Un-Pasquin-Ed54.pdf

[11] http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso193623-falsos-positivos-vienen-1984

[12] http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005

[13] Artículos 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia.

[14] http://www.lasillavacia.com/historia/12350 8 de mayo, 2010