En forma inmediata, el secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, calificó como “muy serias” las denuncias de Colombia.  El gobierno colombiano de un lado dice defender la dignidad de Colombia ante Venezuela, pero de otro, claudica vergonzosamente ante las exigencias estadounidenses, suscribiendo un tratado comercial injusto e instalando bases militares gringas en los cuatro puntos cardinales de  Colombia

El pasado 21 de julio el gobierno colombiano hizo en la OEA acusaciones sobre la presunta presencia de dirigentes de las Farc en territorio venezolano. Según se supo inmediatamente después, Uribe tenía hacía meses en su poder tales “documentos” y numerosos analistas y dirigentes políticos, entre ellos el expresidente del PDA, Carlos Gaviria, se mostraron extrañados por el hecho de que hubieran sido hechos públicos solamente dos semanas antes del cambio de gobierno, con el propósito de impedir la normalización de las relaciones con el hermano país, de acuerdo a las señales que estaban dando el presidente electo, Juan Manuel Santos y el gobierno de Venezuela.

En forma inmediata, el secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, calificó como “muy serias” las denuncias de Colombia.  El gobierno colombiano de un lado dice defender la dignidad de Colombia ante Venezuela, pero de otro, claudica vergonzosamente ante las exigencias estadounidenses, suscribiendo un tratado comercial injusto e instalando bases militares gringas en los cuatro puntos cardinales de  Colombia.

Las acusaciones intempestivas del gobierno de Uribe, que incluso acusó a Chávez de despilfarrar la riqueza petrolera, indignaron al gobierno venezolano quien rompió inmediatamente relaciones con Uribe.  

En varias intervenciones posteriores Chávez declaró que respeta la soberanía colombiana, que aconseja a la guerrilla colombiana desistir de la lucha armada con la cual “No hay condiciones para que ellos puedan tomar el poder en un lapso previsible”, y se han convertido “en el principal  pretexto del imperio para penetrar Colombia a fondo y desde allí agredir a Venezuela, a  Ecuador, a Nicaragua, a Cuba”. Al mismo tiempo anunció que no permitirá un ataque militar colombiano.

Mientras tanto una revista como The Economist de innegables credenciales antichavistas, pidió a Uribe que dejara gobernar a Santos y a Santos que nombrara a Uribe embajador en  Beijing.

Hasta el último día de su gobierno Uribe se empeña en enemistarse con los gobiernos vecinos que han escogido una vía de desarrollo que se distancia de los dictados de Washington y para ello utiliza el tema de las Farc como pretexto, exigiéndole a los gobiernos vecinos la captura de dirigentes guerrilleros que no ha podido capturar en Colombia. Al mismo tiempo tiende una nueva cortina de humo sobre los tremendos escándalos que involucran directamente al despacho presidencial con el espionaje telefónico y la demostración de la existencia de fosas comunes con centenares de muertos en la zona de la Macarena

La ruptura de las relaciones entre  Venezuela y Colombia afecta al pueblo de ambos países y contradice los tradicionales vínculos culturales y económicos que han permitido la fraternidad entre los pueblos. La belicosidad uribista quiere imponer sus concepciones a todo el mundo y ha llevado a la disminución en un 74% de sus exportaciones al hermano país, reduciéndolas de 6 mil millones de dólares a poco más de mil millones, perjudicando gravemente la agricultura e industria nacional.

Exigimos al  gobierno de Santos iniciar el camino de la normalización de relaciones con el hermano país sobre la base de solucionar las diferencias mediante el diálogo, la no intervención en los asuntos internos de ninguno de los dos países, la recuperación de los intercambios económicos y la realización de esfuerzos hacia la integración latinoamericana sin la interferencia de Estados Unidos.

[ Autor: Alianza Social Continental]