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No es una ley de “justicia”. En realidad, son 917 (y no 53.000) los combatientes ilegales que han aceptado someterse a la ley 975 para que se les concedan los beneficios de reducción de penas por crímenes de lesa humanidad. El 98 por ciento restante (muchos de ellos también criminales de lesa humanidad) han sido dejados en libertad por decisión del Gobierno, que les ha otorgado así una amnistía de facto, la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. ¿Por qué semejante embuste?

Tampoco es una ley de “paz”. El paramilitarismo persiste, aunque el Gobierno haya declarado su extinción, inventando un nombre nuevo para este fenómeno: “bandas criminales” (“Bacrim”). Hay todavía más de diez mil paramilitares en actividad. Según cifras oficiales, había doce mil paramilitares cuando se inició la administración Uribe en 2002. ¿Cómo pudo desmovilizarse un número tres o cuatro veces mayor de paramilitares durante la negociación? ¿Por qué ese empeño en magnificar las cifras de la desmovilización?

No es despreciable que varios paramilitares estén privados de libertad y que se haya reducido su estructura militar. Pero es un error confundir eso con un proceso de paz, cuando los jefes con los que se pactó la supuesta paz fueron extraditados por el Gobierno y los grupos paramilitares continúan asesinando, en promedio, a más de 500 personas cada año. Si eso es la paz, ¿qué será la guerra?

Tampoco es la ley 975 una ley de “reparación”. El Gobierno ha propuesto que se limite la reparación económica a un máximo de veinte millones de pesos por víctima. Esto significa menos de un tres por ciento de lo que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce al respecto. Sería una grave violación adicional a los derechos humanos de las víctimas.

La ley 975 debería conducir, ante todo, a la “verdad”. En estos cinco años muchos fiscales y jueces han realizado una labor admirable y se han revelado hechos importantes sobre la estructura paramilitar y sobre algunos delitos, se ha podido descubrir cadáveres de víctimas y se han entregado algunos de ellos a sus familiares. Pero falta mucho por aclarar y, sobre todo, hay que concentrar los esfuerzos en descubrir la médula del proyecto paramilitar, es decir, quiénes han estado detrás de esta empresa descomunalmente criminal. Mientras no se haga claridad al respecto, la sociedad colombiana permanecerá secuestrada, sin saberlo, por fuerzas peores que cualquier grupo guerrillero.

El rumbo de la ley 975 debe corregirse para que efectivamente contribuya a la superación del paramilitarismo. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas invita a consultar y criticar el documentado estudio que acaba de publicar, titulado “Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005” (391 págs.).

*Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en

www.coljuristas.org.

[ Fuente: El espectador ] [ Autor: Gustavo Gallón]