Como es sabido, una de las demandas de los huelguistas mapuche, es la no aplicación de la Ley Antiterrorista, su derogación debería ser responsabilidad de todos los sectores sociales. Como se ha dicho esta Ley, de excepción, creada durante la Dictadura Militar chilena y “reformada” durante el Gobierno de Patricio Aylwin, en la post dictadura, es aplicada sólo a mapuche, adquiriendo un carácter discriminatorio y racista.

En el contexto de la masiva huelga de hambre que llevan adelante 31 presos políticos mapuche, en distintas cárceles del Estado Chileno, ha surgido una denuncia que muestra en parte la forma de operar del Ministerio Público y sus ya famosos “testigos sin rostros”, esto referido al pago recibido por unos de estos testigos por ya casi nueve años. Esta situación, corroborada por medios de comunicación, da cuenta de un estipendio mensual de $ 100.000 y un préstamo de $ 12 millones, entregados a través de la CONADI para la adquisición de un predio. Inclusive, el mismo diario El Mercurio, órgano oficial de la derecha económica y política de Chile, entregó la información, develando que este testigo protegido “habría participado en cinco juicios”, relacionados con el Caso Poluco Pidenco, donde hubo condenas por la cuestionada Ley Antiterrorista.

Como es sabido, una de las demandas de los huelguistas mapuche, es la no aplicación de la Ley Antiterrorista, su derogación debería ser responsabilidad de todos los sectores sociales. Como se ha dicho esta Ley, de excepción, creada durante la Dictadura Militar chilena y “reformada” durante el Gobierno de Patricio Aylwin, en la post dictadura, es aplicada sólo a mapuche, adquiriendo un carácter discriminatorio y racista.

Con el paso del tiempo, esta Ley ha sido utilizada por el Ministerio Público, a través de un conjunto de fiscales anti-mapuche, aprovechando los espacios que ésta otorga para actuar “fuera del estado de derecho”, vulnerando todas las garantías de un debido proceso y de los imputados mapuche (secreto de la investigación, largas prisiones preventivas sin la posibilidad de acceder a otras medidas cautelares, agravamiento de las penas y el uso de testigos sin rostro).

La práctica de los “testigos sin rostro”, debilita gravemente el derecho a la defensa y la capacidad de ésta para refutar tales pruebas, ya que la identidad y la conducta de los testigos (exigidos a los testigos de la defensa), tienen una relación directa con la credibilidad de estos. Es posible, que los propios testigos tengan antecedentes penales o rencillas personales o políticas en contra de los acusados. Al mismo tiempo, los testigos pudieran ser inducidos por policías y fiscales a mentir impunemente, bajo la protección de estos, bajo soborno o extorsión. Todo esto se agrava cuando los “testigos sin rostro” son, realmente, imputados confesos, que pese a ello han sido liberados por sus propios persecutores bajo la figura de “no perseverar en la acusación”, sin embargo, ni siquiera la Ley Antiterrorista, a través de la delación compensada, permite salir sin polvo y paja a quienes se declararon culpables y fueron formalizados por tales delitos. Recien ahora, Sebastian Piñera a enviado un proyecto para “mejorar” dicha Ley, permitiendo que los “imputados colaboradores” tengan inmunidad, no obstante los fiscales, desde ya, utilizan ilegalmente estas formas.

A continuación denunciaremos pública y responsablemente algunos casos:

1.- RAUL CASTRO ANTIPAN:

El ultimo “testigo sin rostro” del que hemos tenido antecedentes, colaborador de los fiscales de Victoria y Temuco, respectivamente, es el joven Raúl Antipan, originario del sector de Cunco, quien estaría facilitando “sus buenos oficios” en dos causas: el supuesto ataque a un bus en el By pass de Temuco y la quema de un camión y asalto al peaje de Victoria, en donde están encausados, una veintena de comuneros mapuche de la zona de Vilcun y Ercilla.

Lo que llama la atención es que éste “testigo protegido”, quien debería ser en verdad, un “imputado confeso y arrepentido”, habría participado simultáneamente de ambos hechos. En este caso se observa nuevamente la inducción hecha por la policía y fiscales para transformarlo en “súper testigo” y, prácticamente, en un agente encubierto quien hasta la fecha continuaba participando en actividades de apoyo a los presos políticos mapuche en Temuco.

Antipan, reconoce su participación en el supuesto ataque al bus, sin embargo, jamás ingresa a prisión o queda bajo otra medida cautelar. Sus cercanos lo observan y llegan a la conclusión de que recibe aportes económicos y lo mantienen con custodia policial permanente.

Quienes conocen a Antipan lo caracterizan como una persona que presentaría trastornos de personalidad y conductuales, registrando ademas causas por hurtos, cuestiones que lo habría hecho vulnerable a las presiones de la policía.

Por ultimo cabe mencionar que Antipan, habría sido expulsado del Servicio Militar, por motivos que no están claros, lo concreto es que se sigue un proceso en su contra en Fiscalía Militar, situación que suponemos estaría siendo utilizada por el ministerio Público como presión y extorsión.

2.- LOS HERMANOS ÑANCUCHEO:

Uno de estos “testigos sin rostro “ es justamente a quien hacemos alusión en la introducción de este documento, se trata de un comunero mapuche de la comunidad Tricauco, en la comuna de Ercilla, quien junto a su hermano se prestaron como testigos a cambio de dinero, subsidio de tierras y prebendas judiciales. Se trata, en especial, de uno de los hermanos Ñancucheo, quienes a la fecha de su reclutamiento, por parte de los fiscales y policías, registraban varias causas por abigeato, ya que por denuncias de los propios comuneros de su comunidad, estos acostumbraban a robar animales a sus propios vecinos o de comunidades cercanas, provocando el desprecio de estos.

Finalmente, el Ministerio Publico decide sacarlos de la Comunidad, otorgándoles protección policial, hasta que el año 2005 recibe la suma de $ 350.000 para postular a un Subsidio Individual de Tierras a través de la CONADI, comprándose una hijuela de cuatro hectáreas en las cercanías de Victoria. De hecho, el caso salio a la luz publica a raíz de una denuncia realizada por la agricultora Sra. María Rosa Díaz por amenazas por parte de Ñancucheo, quien la expulso violentamente de un predio, supuestamente, de su propiedad.

3.- JAIME PILQUIMAN:

Otro de los testigos protegidos que a operado impunemente desde hace ya varios años, es Jaime Pilquiman, del sector San Ramón de Tirúa, quien fue el principal testigo en el caso por Asociación Ilícita en contra de la CAM (2004), en el cual se acusaron a cerca de veinte comuneros mapuche y que finalmente no prospero dada la sentencia absolutoria del Tribunal Oral de Temuco en Noviembre del 2004, ratificada en Julio del 2005.

Pilquiman habría colaborado en calidad de “arrepentido”, sin embargo, todo apunta a que sus motivaciones fueron esencialmente económicas, lo que refleja su perfil personal que devela ciertos rasgos mitómanos que se observan en sus declaraciones de aquel tiempo.

En un principio, Pilquiman vende información al empresario Osvaldo Carvajal Rondanelli, quien pretendía crear un complejo turístico en el lago LLeu-LLeu, en las tierras usurpadas a la Comunidad Pascual Coña. Ambos terminan reconociendo este acuerdo comercial, en el cual Pilquiman debía advertir a Carvajal de los supuestos ataques a su propiedad, lo que consta en documentos a los que tuvo acceso la Defensoria Penal Mapuche de Temuco, en aquel tiempo.

Posteriormente Carvajal, convence a Pilquiman de declarar ante la policía y fiscales, y una vez hechas tales declaraciones, estas son filtradas a través del diario El Mercurio quienes develan al “testigo estrella”.

Actualmente, Jaime Pilquiman vive en Estados Unidos, haciendo uso de su mejorada situación económica, y según algunos trascendidos, el Ministerio Publico estaría gestionando su traída a Chile para presentarlo como “testigo sin rostro” en el caso Choque (supuesta emboscada al Fiscal Elgueta).

4.- ELCIDES PILQUIMAN:

Uno de los nuevos “testigos sin rostro” es el ex imputado y único confeso, Elcides Pilquiman Liencura, de la comunidad Ranquilhue Chico, comuna de Tirúa, que como ya señalamos anteriormente (ver documento: “Lo que hay detrás de los testigos sin rostro, el secuestro de Elcides Pilquiman), es uno de los tantos testigos de la Fiscalía en el caso Choque.

Frente a este testigo se pueden presumir muchas cosas, lo concreto es que de “imputado confeso”, en las primeras declaraciones pasa luego a testigo y finalmente a colaborador, puesto que sus ultimas declaraciones están claramente orientadas a acusar a ciertas personas, extrañamente, a los dirigentes de la comunidad de Choque y a los militantes de la CAM, con aseveraciones absolutamente falsas, contradiciéndose con sus primeras declaraciones.

Hasta la denuncia hecha por la CAM, respecto de la extraña desaparición de Elcides Pilquiman: quien fue formalizado, enviado a la cárcel de Lebu y al mes, aproximadamente, liberado por la propia Fiscalía (cambio de medida cautelar), y quien nunca más se presento a las audiencias; Elcides ha sido visto en Cañete, recientemente, seguramente seguido de cerca por personal de la PDI.

Nuevamente, estamos frente a un caso en que el “testigo protegido” registra causas judiciales por delitos comunes, en este caso se trata de delitos de connotación sexual.

5.- SANTOS JORQUERA:

En el mismo caso anterior, nos encontramos con otro testigo que, a la vez, es una supuesta victima de un robo con intimidación y amenazas terroristas. Santos Jorquera, quien reside al interior de la comunidad de Choque, no sólo es un usurpador de tierras a dicha comunidad, si no que ademas es un reconocido violador de derechos humanos durante la Dictadura Militar.

Santos Jorquera, hijo de Carlos Jorquera (fallecido), llegó desde fuera de la Comunidad, adquiriendo tres hectáreas de tierra, incrementándolas con el paso del tiempo, en especial durante la Dictadura, usurpando tierras a las familias Carilao Tranamil y Ñehuei Millanao, antecedentes registrados en diversos estudios de tierras sobre los Títulos de Merced de la Comunidad Esteban Yebilao de Choque.

Junto con lo anterior, Santos Jorquera fue un activo colaborador de los órganos represivos de la Dictadura Pinochetista, facilitando su propiedad como centro de detención y tortura de opositores al régimen, tanto mapuche como campesinos chilenos de los asentamientos agrícolas. Uno de los casos más emblemáticos, fue la detención y torturas de don Lorenzo Carilao, Lonko de la Comunidad de Choque (fallecido). Antecedentes registrados por la Comisión Valech, en cuyo informe figuran ademas cinco comuneros del sector, algunos de los cuales habrían pasado por dicho centro de detención, sin haberse hecho justicia hasta la fecha.

Con el paso del tiempo, Jorquera continúo actuando como informante y colaborador de la policía, respecto de comuneros mapuche de Choque y comunidades vecinas. De hecho, un antecedente no menor es el hecho de que en su propiedad mantiene un clandestino de expendio de bebidas alcohólicas, situación conocida por policías y fiscales, y cuyo objetivo es favorecer el alcoholismo de lo comuneros mapuche y de paso recibir información de parte de estos.

Comisión Prisión Política, CAM

 

[ Fuente: Generación ] [ Autor: CAM ]