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La inclusión de Honduras en los países que recibirán fondos provenientes del Programa Naciones Unidas- REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) señala el inicio de un nuevo capítulo de presiones territoriales y abusos a los derechos humanos de los pueblos indígenas del país.

Los fondos provenientes del Programa de Naciones Unidas REDD (1) son manejados por el Banco Mundial (BM), organismo internacional que carece de credibilidad entre los pueblos indígenas del planeta, los que en diversas ocasiones han sufrido las consecuencias de las iniciativas y proyectos del BM.

Los REDD también podría ser utilizados para recompensar a quienes participan en la tala y la agricultura industrial, ignorando así a los países y comunidades con tasas de deforestación bajas. Esto se debe a que apunta principalmente a crear incentivos financieros que inducirán a los actores involucrados en la deforestación para pasar a gestionar los bosques remanentes.

La ausencia de diferenciación entre plantaciones forestales y bosques, permite que muchos depredadores de oficio se beneficien de la destrucción de las reservas forestales y su conversión en cultivos desde eucaliptos hasta la palma aceitera (africana).

Mientras tanto los pueblos de la floresta que han cuidado durante siglos los recursos de los cuales obtienen su subsistencia, peligran de ser expulsados de sus territorios ancestrales, ante la ausencia de un reconocimiento territorial, el que se ha diluido en promesa o títulos ficticios que no abarcan su hábitat funcional.

A pesar de la existencia de Directrices operativas para el Programa ONU REDD (2), la cual incluye en su Artículo 19, el derecho a la consulta, en nuestro país se ha distorsionado el concepto y en la mayoría de los casos no pasan de ser convivios en hoteles de lujo, donde generalmente participan un grupúsculo de advenedizos especializados en “conceder” el visto bueno a un estado-nación que es manejado por empresarios de tercera categoría.

Como ejemplo de las farsas estatales que se llaman consultas, se encuentra la cuestionada Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” la que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un grupúsculo de consultores afines a las políticas neoliberales han preconizado que efectuaron una consulta, cuando dicha ley es desconocida por la gran mayoría de indígenas del país.

El Banco Mundial desconoce los convenios y declaraciones internacionales en materia de pueblos indígenas, tal como lo señaló la ex presidente del Banco Mundial a Ana Palacios (3) en una carta de respuesta dirigida al Panel de Inspección de dicha entidad, ante una petición presentada por nuestra organización sobre la destrucción promovida por el BM de la propiedad comunitaria del pueblo garífuna. La Sra. Palacios fue enfática en señalar que el B.M. no se ve obligado a cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Como ejemplo de las políticas forestales erráticas del BM, se encuentra el proyecto que financió en la República Democrática del Congo, donde los T’wa (pigmeos) se vieron afectados por un proyecto forestal financiado por el B.M., situación que los condenó aun más a desaparecer (4)

De ahí que la “buena fe” en las consultas preconizadas por el artículo 19 de la directriz de los REDD, suena como a palabras huecas en medio de la farsa planetaria del saqueo de los recursos y apropiación de los territorios de los pueblos indígenas, donde se encuentran la mayoría de los remanentes de los recursos naturales y energéticos del planeta.

En la Cumbre de la Madre Tierra efectuada el pasado abril en Bolivia, el tema de los REDD fue objeto de un intenso análisis y una fuerte condena por parte de los participantes: “condenamos los mecanismos del mercado neoliberal, como el mecanismo del REDD y sus versiones REDD + y REDD + +, que violan la soberanía de nuestros pueblos y sus derechos de auto determinación”.

Es indudable que los REDD y los MLD (Mecanismos de Desarrollo Limpio) promovidos como panaceas para solucionar la problemática de cambio climático, por los mismos que han promovido la contaminación y proyectos de destrucción ambiental, ahora salgan a la palestra como defensores del medio ambiente.

En Honduras el estado-nación no sólo ha obviado la aplicación del Convenio 169 de la OIT, además de ignorar la Declaración de Naciones Únicas para los Pueblos Indígenas, sino que también ha tratado de diluir los derechos de los pueblos, por lo que todavía haciendo alarde de ignorancia jurídica o simplemente cinismo nos denominan etnias, los que en el derecho internacional no poseen derechos.

El taller de Planificación promovido por el CADD y el GTZ debe hacer una reflexión sobre la importancia de un reconocimiento real de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, donde se incluya el hábitat funcional de los pueblos y así evitar las violaciones los derechos humanos que diluyen cualquier “buena intención” que posea Naciones Unidas y el Banco Mundial en cuanto a frenar la muerte del planeta ahogada en las emanaciones del “desarrollo”

Notas